Diario de a bordo

Hace más de un año, la ex ministra de fomento Magdalena Álvarez anunció que en esta legislatura se suprimirían todos los puntos negros de nuestras carreteras, 800 tramos de alta concentración de accidentes. Para ello, aumentó la dotación de la partida destinada a este fin del 1,83 hasta el 2 por ciento del presupuesto de Fomento.

Pues bien, lejos de materializarse tal proyecto, las buenas intenciones han vuelto a posponerse una vez más, algo que viene sucediendo desde finales de los años 90. La enésima chapuza de la administración se está poniendo en marcha. Y el disparate consiste en inundar con anuncios de extraordinarias dimensiones las zonas de alto riesgo en accidentes. En nuestras carreteras todo se arregla con más señales, se instalan como se puedan y donde quepan, para así pasarle la pelota al conductor. Con el tiempo ya aparecerá alguien con más imaginación para arreglar tal desaguisado. Es de todos sabido que en nuestro país cuando se pone una señal de tráfico es para siempre, por lo que el presupuesto destinado a aquellos arreglos desaparece misteriosamente.

En España, muchos ciudadanos estamos hartos de que la Dirección General de Tráfico (DGT) nos eche la culpa por todo cuanto sucede en nuestras carreteras, mientras las distintas administraciones se desentienden de la siniestralidad y continúan sin arreglar ni mantener los trazados de las vías de una forma adecuada. ¿Cuánto tiempo más tendremos que seguir tragando con la invasión de señales? ¿Cuándo van a dejar de lavarse las manos los gobiernos estatales y autonómicos en la eliminación urgente de los puntos negros?

Los paneles y las campañas de publicidad ya no sirven para salvar más vidas; es hora de ponerse a trabajar en serio, pintando y reparando nuestras carreteras, señalizando los tramos correctamente y reciclando el exceso de señalización que existe. Y, por supuesto, eliminando el riesgo objetivo de los puntos negros, impropios de un país desarrollado que hace gala de un concepto avanzado de la seguridad ciudadana en todos los sentidos.

En definitiva, este viejo problema huele a rancio, y pone en evidencia a una DGT que tan sólo sabe combatir la accidentalidad por el procedimiento de coaccionar, atemorizar y amedrentar. Y, de paso, recaudar de la manera más cómoda posible. De hacer las cosas bien y de esforzarse en poner mejores medios en la carretera, nada de nada.

Algún día habrá que considerar lo injusto de un sistema sancionador como el del tráfico en España que impone multas, algunas de muy elevada cuantía, sin tomar en consideración la situación personal del sancionado.

En los casos más graves, que rozan la infracción penal, puede entenderse que se impongan sin más miramientos multas de 300 euros o más. Pero en otros supuestos en que la infracción es puramente administrativa y no comporta riesgos, el actual estado de cosas es intolerable.

La sanción por parar en el carril bus en Madrid (y en otras capitales) es de 300 euros y dos puntos de carné. 300 euros no representan un sacrificio importante para una minoría de ciudadanos, pero privar a un currante “mileurista” de esta cantidad, por una infracción de esta naturaleza que no supone peligro para la circulación, es inadmisible. En algunos sitios, no te permiten bajar del vehículo ni siquiera a comprar el periódico a las 8 de la mañana.

Habría que empezar a pensar en adaptar las multas de tráfico a la renta de las personas, aunque este sistema sea mucho más difícil de gestionar. Privar a los infractores del 10% o del 20% de su salario ya es un castigo suficientemente disuasorio. A menos, claro está, que las multas se conciban como un simple instrumento de recaudación, al margen de cualquier pretensión pedagógica y de toda sensibilidad social.