El efecto ciudadanos

Los periodistas nos preguntan acerca de la opinión institucional de Ciudadanos respecto a la elección y vuelta de Rouco Varela a la presidencia de la Conferencia Episcopal. La respuesta no podía ser otra: no tenemos opinión porque no nos conciernen los procesos electorales de instituciones que cumplen todos los requisitos para ejercer sus fines. En cuanto a su declaración de colaboración leal con la autoridad política, no cabría otra manera de ejercer su responsabilidad, que no ha de entenderse como sometimiento.

La curiosidad viene dada no tanto por la figura del arzobispo, creemos, sino por la postura de Ciudadanos respecto a las relaciones institucionales Iglesia-Estado. Tal como se refleja en nuestro Ideario y en el Programa Electoral, Ciudadanos es un partido que propugna un Estado laico y que defiende la libertad de culto en el ámbito privado, de cualquier religión o creencia, siempre que sus actividades sean lícitas.

Ciudadanos entiende la política desde un profundo respeto al ciudadano y sus libertades. En esa línea, abogamos por la más estricta neutralidad respecto a las creencias individuales en el ámbito de lo público. Con ese fin en mente, aseguramos que hay muchos aspectos en las relaciones entre Iglesia y Estado que deben revisarse.

La labor puramente social o cultural de la Iglesia católica ha de considerarse como tal, y ha de abrirse la posibilidad de colaboración con el Estado a otras entidades privadas (confesionales o no) que presten un servicio de naturaleza pública a la comunidad mediante delegación expresa y controlada desde la Administración. No se olvide la conservación del patrimonio cultural y arquitectónico, que ha de dotarse adecuadamente.

Pero tampoco conviene olvidar que en un Estado democrático no deben mantenerse privilegios fiscales derivados de sistemas feudales y premodernos. Ciudadanos propugna la abolición de las excepciones fiscales vasca y navarra, pero no se queda ahí. Defendemos un principio de autonomía financiera de aplicación general. De acuerdo con este principio, reforzaremos la tendencia a la autofinanciación de los partidos políticos, sindicatos, confesiones religiosas y demás organizaciones no estatales presentes en la sociedad. Tal y como se extrae de nuestro Programa Electoral, toda financiación pública debe ser otorgada bajo criterios de máxima transparencia y publicidad.

Todo ello supone una revisión a fondo del Concordato que evite mantener privilegios donde no debiera haberlos. Estamos seguros de que miles de católicos abogan por una separación total del Estado y por financiarse por sus propios medios, sin favores de la Administración, con las cuentas claras.

Hasta que se resuelvan de modo satisfactorio las relaciones Iglesia-Estado, navegaremos en una cierta ambigüedad en cuanto a qué tipo de declaraciones de cariz político son fair game (en terminología anglosajona) y cuáles no. Cuando se lleven a cabo estas revisiones que proponemos a los votantes, la jerarquía de la Iglesia Católica será más libre, si cabe, para criticar u opinar sobre el Estado y sus instituciones. Así nos ahorraremos buenas dosis de maniqueísmos y alcanzaremos un único rasero por el que juzgar el ejercicio de la ciudadanía en lo público, y el de los credos en lo privado.

¿Y al señor Rouco Varela…? Le deseamos que cumpla con su misión religiosa, de la que deberá responder ante los fieles y ante su Dios. Lo demás son asuntos ciudadanos, y ciudadanos somos todos, católicos y no católicos.

Jacobo Elosua
Coordinador del Comité Electoral en Madrid
Miembro del Consejo General
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía

Cada vez que llega un proceso electoral, los dos partidos mayoritarios, con su cohorte de medios, empiezan a reclamar el “voto útil”. Calificar el voto como “útil” es aceptar varias hipótesis que conviene poner de manifiesto.

En primer lugar, se contrapone a un voto inútil. El voto es, sí, un derecho constitucional fundamental, pero sólo es útil si se ejerce a favor de uno de los dos principales partidos. De otra forma es inútil.

En segundo lugar, se presupone que la vida política es irremediablemente bipolar, blanca o negra; no hay colores, no hay matices. Usted debe escoger una de dos listas, cada una debidamente cerrada y bloqueada, por supuesto. Lo demás no sirve, es inútil; o manda la ejecutiva de un partido o la del otro. Cualquier otra preferencia es inútil, es una vana esperanza.

En tercer lugar, se motiva el voto en el temor al adversario. Si usted no me vota, ganará el otro, ¿es eso lo que quiere? No sea necio, no pierda la ocasión de votar contra lo que no le gusta.

En cuarto lugar, la petición del voto “útil” es una invitación al sectarismo, ¿estás conmigo o estás contra mí? Decídete.

Finalmente, la petición de voto “útil” es un insulto a la inteligencia y una prueba de desprecio al votante. ¿Que no sabe Vd. a quién votar? No se preocupe, vote a quien puede gobernar, no tire su voto. ¿Que no le gusta lo nuestro? Peor es lo de “los otros”.

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía nació para rebelarse contra la bipolarización y el sectarismo, contra la política entendida como un juego de buenos y malos, hipócrita y demagógico. Pero, sobre todo, Ciudadanos nació reivindicando el respeto a la inteligencia de los electores y de su voto racional y motivado.

Ante un problema de la sociedad no sólo hay las dos soluciones antagónicas que proponen partidos radicalmente enfrentados sino muchas otras, que pueden no satisfacer enteramente a ninguno, pero que, a la larga son las más duraderas y efectivas. En la pasada legislatura hemos visto cómo la imposición por PSOE de determinadas políticas no ha hecho más que generar agrias polémicas y un enfrentamiento virulento e inútil.

En Ciudadanos pensamos que el progreso de un país viene cuando la discusión política se centra en temas concretos y no en principios ideológicos, en cosmovisiones irreconciliables. Este pequeño partido ha venido para quedarse, con la humilde pretensión de devolver la racionalidad a la vida política. La política debe estar para la discusión de las ideas y no para un enfrentamiento sectario de las creencias.

Sí, ya sabemos que la empresa es ardua, pero no vamos a renunciar a ella. Aspiramos a tener una voz en el parlamento.

Una voz para recordar continuamente a los partidos mayoritarios el compromiso que deben a la sociedad española.Una voz también a favor de la igualdad, contra la perversión del sistema democrático y contra la corrupción que va poco a poco cubriendo todos los ámbitos de la ida pública. Una voz para defender que sean los más capaces y no los más serviles quienes accedan a las más altas responsabilidades públicas. Una voz, finalmente, en defensa del Estado, como agente de ciudadanos libres e iguales que puede y debe intervenir cuando los mecanismos de la sociedad sean ineficaces o insuficientes para la solución de los problemas.

Para nosotros, el voto útil es el voto del ciudadano consciente y consecuente que racionalmente decide cuál es el programa más próximo a sus preferencias.

Pedimos el voto para nuestro partido, por supuesto, pero, por encima de ello, pedimos al ciudadano que vote a quien realmente prefiera y no contra quien no le gusta. Por eso nuestro lema de campaña es “Ciudadanos, ¡coge aire!”.

Fernando Landecho
Candidato al Congreso por Madrid
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía

Vivimos tiempos muy interesantes. Los agentes que intervienen en el entramado de relaciones sociales deben ganarse su legitimidad porque la confianza en ellos ya no es un valor permanente sino una variable altamente oscilante. Lo que antes se presuponía para todos aquellos que ostentaban alguna relación de poder, hoy se cuestiona en gran medida debido a sus propios errores y a una tendencia a mirar exclusivamente hacia dentro, a sus intereses, olvidándose de aquellos que son su razón de ser, los ciudadanos.

Como consecuencia el divorcio entre los partidos políticos de hoy, convertidos en meras estructuras de poder, y la ciudadanía es un fenómeno creciente. Así, empiezan a verse cuestionadas sus actividades, sus decisiones e incluso la propia existencia de una clase política cuya vida profesional, al contrario de la de cualquiera de nosotros, se limita a vivir del erario público.

Y ese cuestionamiento es, sin duda, bueno. Es una constante en el progreso del ser humano el combate contra los privilegios (nobiliarios, económicos, sociales, etc.) que entumecen a la sociedad civil volviéndola oscura e ineficaz. En este enfrentamiento entre el progreso y la reacción las posiciones no son estáticas sino que varían con frecuencia. Vemos, como en el caso del canon digital, que en ocasiones aquellos que se caracterizaban por la defensa de la igualdad asumen, cuando adquieren posiciones privilegiadas, posturas de defensa de intereses particulares.

La lucha por la igualdad y el ejercicio libre de los derechos de cada uno permite que el mundo siga girando y que las sociedades evolucionen. Nadie tiene ganado su hueco de por vida en esta sociedad. La supervivencia de los partidos políticos, y de su “funcionariado” depende de que la ciudadanía mantenga la credibilidad en su mensaje y en la necesidad de su existencia. Es decir, que su legitimidad se basa en la confianza que inspire. Cuando esta se rompe, es la propia ciudadanía la que, de forma natural, se moviliza para tomar el relevo. Y eso es lo que está sucediendo.

Por ello no es de extrañar que medidas tan obvias como democratizar el funcionamiento interno de los partidos, la limitación de mandatos para cargos públicos o la obligación de ser elegidos mediante primarias y listas abiertas supongan casi una revolución conceptual en las mentes de una clase política conocedora de su debilidad. Ni es de extrañar que se opongan aferrándose a la defensa de su estatus. Porque en el fondo es eso, su debilidad, el miedo a no figurar más, por el que tales medidas no entraran nunca dentro de su discurso. Y si lo hacen será en última instancia, cuando el político haya caído en desgracia entre los suyos y ya no exista estatus que defender.

¿Qué queda de vínculo entre nosotros y la clase política? ¿Las elecciones cada cuatro años? Los grandes partidos ya no bajan al ruedo. No vemos a los candidatos pegando carteles, repartiendo folletos o respondiendo a las preguntas de los ciudadanos. En su lugar prefieren debates televisados con la temperatura ambiental prefijada, entrevistas con medios de comunicación afines o mítines a sus propios militantes sin riesgo de preguntas comprometidas.

Pero están ciegos. No se dan cuenta que los ciudadanos exigimos cada vez con mayor frecuencia información. Pero no queremos que esta se nos proporcione como los cheques que regala el gobierno en una subasta electoral. Pedimos, exigimos, información de lo público, de lo nuestro, venciendo esa perversión intencionada del lenguaje que hace equivaler lo público con lo de ellos para dejarnos fuera del juego.

Conviene recordarlo cuando nos hablan, generosos ellos, de “participación” ciudadana. No quiero que me dejen participar.

En su lugar quiero quedarme con el “dominio” ciudadano y pensar si les dejo participar yo a ellos.

Ángel Bataller
Candidato al Congreso por Málaga
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía

Son muchos quienes consideran que la calidad de la red viaria depende en gran parte de la iluminación, amplitud, rectitud y renovación constante de su firme. Olvidan algunos, y sobre todo algunos dirigentes autonómicos o estatales, que la gratuidad también puede coadyuvar a incrementar la calidad de las mismas. La existencia de obligación de abonar una tasa de “peaje” por utilizar una vía que conecte diferentes zonas no es nueva. De hecho, ya en la antigüedad el derecho a cruzar una puerta que conectaba con dos zonas estaba sujeto a pago, llamándosele portazgo.  

En España, una parte de las autopistas están gestionadas por el Estado o las CCAA, mientras otras están concesionadas. Las primeras destinan el montante de cobro del peaje a su mantenimiento; las segundas, lo destinan “supuestamente” a su amortización y a la administración y mantenimiento. En las primeras, en muchas ocasiones no existe un trazado alternativo de vía rápida exenta de pago. En las segundas, muchas de ellas se hallan en un estado de conservación deplorable, sus concesiones son renovadas automáticamente, algunas obtienen tantos beneficios que pueden extender su red de concesionarias por todo el territorio e, incluso, ni en caso de congestión de tráfico proceden al levantamiento de las barreras. De hecho, cada vez es más conocida la relación directa de algunos titulares de la concesión con determinados partidos políticos, a quienes les financian campañas electorales y, después, casualidades de la vida, resultan ser agraciados con una nueva renovación de la concesión. Pongamos que hablamos de Cataluña. Todavía la amortiguación de mi coche recuerda con dolor el último trayecto Barcelona-Valencia por la A-2. 

No es poco frecuente encontrarte circulando a lo largo de la geografía española por las llamadas “autopistas” y sorprenderte de lo variable del coste del peaje según por la que circules, así como por el deficiente estado de mantenimiento que presentan. Unos simples ejemplos: ir de Madrid a Barcelona por autopista suponen 60 € de abono de peaje; la M-12 es la autopista más cara de España con 1,60 € por un kilómetro y medio (en su dirección a Barajas); el túnel de Sóller en Mallorca con sus 1,37 € por kilómetro frente a los 12 céntimos el kilómetro de la autopista de Campomanes a León. 

Es precisamente por esa mala gestión de las autopistas por lo que Ciudadanos propone la igualación del precio por kilómetro de los peajes en toda España, el rescate de tramos de autopista, no renovar automáticamente las concesiones, así como un protocolo de mantenimiento de las mismas y levantamiento de barreras cuando concurran circunstancias que así lo aconsejen (congestión de la vía, paso de vehículos de emergencia u otros supuestos). Y, ante todo, fomentar la construcción de vías rápidas alternativas gratuitas para que la movilidad no se vea impedida por el alto coste que los usuarios deben de soportar. Porque la calidad de nuestras autopistas, como dije, no sólo dependen del ancho del firme.   

Esperanza García González
Candidata nº 2 al Congreso por Barcelona
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía

Las recientes modificaciones de algunos de los estatutos de autonomía (Cataluña, Valencia, Andalucía) han atribuido ciertas competencias a la Comunidad Autónoma respectiva en el ámbito de la función notarial. Así, el artículo 147 del Estatuto de Cataluña recoge como competencia ejecutiva de la Generalitat “el nombramiento de los Notarios y los Registradores (…), mediante la convocatoria, administración y resolución de las oposiciones libres y restringidas y de los concursos, que debe convocar y llevar a cabo hasta la formalización de los nombramientos”.

No está muy claro –como tantos otros asuntos competenciales- cuál puede ser el alcance de la atribución autonómica en esta materia.

En principio, la Constitución establece (artículo 149.1.8º) como materia exclusiva del Estado “la ordenación de los registros e instrumentos públicos”. Y, de hecho, todo lo relativo al documento público (escrituras, actas, pólizas, testimonios) y a la función notarial está regulado por una norma estatal, la Ley del Notariado de 1862 (modificada por varias leyes, entre ellas de 29 de noviembre de 2006, de medidas para la prevención del fraude fiscal), desarrollada por el Reglamento Notarial de 19 de enero de 2007.

La asunción de competencias por las CCAA, ya antes de las últimas reformas estatutarias, había venido incidiendo, sobre todo, en el tema de la lengua (el documento, tratándose de Cataluña, deberá redactarse en el idioma, catalán o castellano, que el otorgante elija) y en el nombramiento de los notarios tras la celebración de un concurso estatal de provisión de vacantes.

El nuevo estatuto catalán modifica este criterio, pues atribuye a la Generalitat, entre otras, la competencia para la provisión de plazas; es decir, la convocatoria de los concursos para cubrir las vacantes de notarios en Cataluña. Y, si bien parece ser voluntad de ambas administraciones, estatal y autonómica, hacer coincidir ambas convocatorias en el tiempo –para evitar vacantes de larga duración y perjuicios a los concursantes-, lo cierto es que puede no ser así; y, de hecho, la primera convocatoria publicada por Cataluña no ha sido simultánea a la estatal.

No obstante, no olvidemos que todos los notarios españoles pueden concursar a las plazas que sean convocadas por las Comunidades Autónomas competentes, las cuales deben resolver los concursos con arreglo a un único criterio: la antigüedad en el escalafón. No se rompe, pues, ni la unidad ni la igualdad en la provisión de vacantes. ¿…O sí?

El citado primer concurso catalán introduce un elemento adicional: la lengua; apoyándose en que el propio estatuto (artículo 147) prevé que “Para la provisión de las notarías y de los registros, los candidatos (…) deben acreditar el conocimiento de la lengua y del derecho catalanes en la forma y con el alcance que establecen el Estatuto y las leyes”.

Nunca será fácil armonizar dos ideas opuestas: una, la conveniencia de que un funcionario estatal (el notario lo es: artículo 1 de la Ley del Notariado) conozca las dos lenguas de la comunidad autónoma bilingüe en la que está destinado; otra, el derecho de ese funcionario a no tener más obligaciones en relación con la lengua que los demás ciudadanos, es decir, la facultad de utilizar la que quiera unida al compromiso de comprender al otro en la que éste elija.

La Resolución de la Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya 319/2008, de 7 de febrero, exige que los notarios que concursen a alguna de las plazas vacantes en Cataluña o bien justifiquen su conocimiento del idioma catalán acreditando, al menos, el nivel B (intermedio); o bien se comprometan a contratar a un empleado que ostente el nivel C (alto). Parece inclinarse la balanza hacia la primera de las ideas en conflicto, es decir, requerir, por vía directa u oblicua, el conocimiento de los dos idiomas. Con este régimen están familiarizados otros funcionarios, como los maestros y profesores; aunque ambos ya forman parte de la administración catalana, no de la estatal.

Démosle vueltas al asunto: encontraremos, siempre, una exigencia adicional para los notarios que ejerzan en Cataluña. Lo cual puede venir justificado por una mejor prestación del servicio. O no. Porque la primera consecuencia es que se crea una barrera que entorpece la provisión de las vacantes en Cataluña, Comunidad Autónoma caracterizada, además, por un importante déficit de funcionarios estatales autóctonos: no hay tradición de opositar. Esto debería tenerse en cuenta y, también, que el último estímulo que necesita alguien que ha aprobado una oposición es tener que acumular méritos adicionales.

Jesús Gómez Taboada
Notario

Esta legislatura comenzó con un trauma y una ilusión. 192 cadáveres y tres días de angustia preelectoral dieron al PSOE una inesperada victoria que transformó en un canto a la ilusión por una nueva forma de gobernar España. Analicemos su gestión.

Según el PCI del Banco Mundial, ocupamos el décimo primer puesto del ranking con un 2,2 % del PIB mundial, nada, pues, de octava potencia. Las previsiones de crecimiento económico del gobierno para el 2008 son del 3,1%, pero la CE sólo augura el 2,7. En enero de 2008 los parados respecto a diciembre aumentaron en 132.378 personas. La disminución de contratos respecto a enero de 2007 es del 4,3%. En la UE, 24 países han reducido el desempleo y tres lo han aumentado, siendo España uno de ellos.

Hablar de las leyes de dependencia, igualdad y contra la violencia de género sin sonrojarse es realmente difícil. La primera, farragosa en requisitos y huérfana de presupuestos, nos deja casos sangrantes de personas con todos los trámites cumplidos y con las ayudas aprobadas que hoy no ven ni un euro pero sí bonitos anuncios en vallas publicitarias al lado de, ¡oh casualidad!, vallas de propaganda electoral del Psoe.

La segunda da preferencia al sexo antes que al mérito, demostrando un paternalismo patético al decirnos a las mujeres “es que sin una ley que os ayude, vosotras solitas nunca llegaréis a lo más alto”. Insultante. De la tercera, las cifras hablan por sí solas.

En educación, miles de objeciones presentadas contra la EpC, manifestaciones de docentes, estudiantes, funcionarios, médicos… Aunque sanidad por fin nos clasificó como mujeres diábolo, campana o cilindro.

En infraestructuras, tenemos el Plan Galicia de ‘mierda’ (Maleni dixit), cien mil afectados por los socavones del Ave, apagones, el New Flame, las nulas actuaciones en los diez tramos más peligrosos de nuestras carreteras, ninguna previsión contra la sequía, y una ministra que se salva de la reprobación en el Congreso por tres votos y que ahí sigue, antes “partía que doblá”.

Y la perla de la legislatura. Un diálogo con Eta en el cual “la democracia no iba a pagar ningún precio político por la paz” y que nos llevó a tener en los ayuntamientos a ANV y PCTV viviendo de nuestros impuestos, a los paseítos y duchas con novia de De Juana Chaos, al resurgimiento de la ‘kale borroka’, a los muertos de la T-4 y Capbreton, a las manifestaciones indignadas y multitudinarias de las víctimas y al reconocimiento por parte del mismísimo Presidente del Gobierno de que había mentido acerca del proceso, debido “al deseo de instancias internacionales”.

Finalmente, al ridículo de nuestra posición internacional sumemos una inmigración desbordante, la implantación de mafias extraordinariamente violentas, la justicia completamente politizada, unos socios de gobierno de carácter nacionalista voraz, fuerzas armadas desmoralizadas y mal dotadas…

Resumiendo, un gobierno incompetente, caracterizado por el sectarismo y la prepotencia que ha dilapidado la ilusión de los españoles. Pero no todos han padecido cuatro años de mal gobierno. La SGAE puede estar satisfecha.

Ángeles Ribes
Candidata al Congreso por Lérida
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía

La ACPV (acción cultural del país valenciano), una organización pancatalanista que busca la anexión cultural de la Comunidad Valenciana a la mitológica “Cataluña, grande y libre” no sólo tiene la desfachatez de incumplir la ley, sino de solicitar que sean otros los que paguen sus multas …Sí, sí, los ayuntamientos catalanes hacen “donativos” extras para pagar la multa que han puesto a esta asociación.

O sea, tenemos unos señores que se dedican a invadir el espacio radiofónico de una Comunidad a la que nunca han respetado su nombre (la llaman país valencià) ni su tradición cultural (expresada en valenciano) ni sus tradiciones (¿recuerdan la paella catalana?) con unos canales cargados de “costra nacionalista” (p.e. TV3). ¿Y qué objetivos tiene esta asociación? “Frenar los efectos de la desnacionalización de los valencianos”.

Es decir, que si los valencianos no se sienten catalanes (lo cual es normal, ya que los extremeños no se sienten andaluces ni los madrileños, gallegos) entonces están desnacionalizados. ¿Y quién los nacionalizará? Es como un trabalenguas, sólo que mientras una cosa es un lío absurdo que descifrado inteligentemente no quiere decir nada, lo otro es un juego de palabras. De verdad, yo les pediría que dejaran sentirse y sentarse a los valencianos en paz. Y de paso a los vecinos de las Islas Baleares. ¿Acaso no tienen bastante faena con lavar el cerebro a los escolares en Cataluña con el falso martir Rafael de Casanovas y la persecución del español en las aulas, administración y comercios?

Un poco de coherencia. Valencia, región íbera, luego romana y después visigoda, vivió su propia historia como un reino taifa, convertido por obra y gracia de Jaume I en un reino de la Corona de Aragón. Y 250 años más tarde se fusionaría en España, donde ha permanecido con lealtad hacia todos los españoles durante más de 500 años. Y el país valenciano, que se inventaron en un bar de Barcelona hace unos añitos, no existe… es una ficción. Ya sé que es duro despertar de un sueño, pero la realidad es lo que tiene, que siempre vuelve al despertar.

Así pues, permítanme una serie de consejos culturales. Empiecen por pagar su multa, que merecida la tienen (a mi, las de la zona azul cuando se me pasa el tiempo porque un funcionario no me atiende, no me las paga nadie más que yo). Vuelvan a la legalidad de la que nunca debieron salirse. No intenten manipular la historia, que se les pilla antes que a un cojo. Aclárense si van a seguir con la murga victimista del Estado Central y, si es el caso, no mezclen a sus vecinos en sus paranoias. Y si algún valenciano se siente catalán, pues olé por él. Yo, francamente, me siento más cómodo en un sillón… Que tengáis unas buenas fallas y cuidado con los petardos, que todo se pega.

José Gámez
Candidato al Congreso por Valencia
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía

En las Navidades de 1999 me ofrecieron ir en las listas del PSOE al Parlamento de Andalucía como independiente. Mi único mérito había sido denunciar la corrupción urbanística. Mi responsabilidad fue la de desarrollar el acuerdo Los Verdes-PSOE que se denominó “Por la modernización ecológica de Andalucía”.

Desde abril del 2000 hasta junio del 2003 todas mis denuncias políticas y mis iniciativas en el Parlamento cayeron en saco roto –incluida la disolución del Ayuntamiento de Marbella- hasta que Proyecto Falcone, un trabajo de investigación financiado por la Unión Europea que versó sobre “Prácticas ilícitas en la actividad urbanística. Un estudio de la Costa del Sol”, realizado por el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, respaldó mis tesis.

Coincidió su publicación con el Debate sobre el Estado de la Autonomía y presenté en el seno del Grupo Parlamentario Socialista algunas propuestas de resolución para que el Presidente de la Junta de Andalucía, Sr. Chaves, las incluyera en su discurso. Mis propuestas no eran otras que las de constituir una Comisión y Grupo de Trabajo parlamentario para investigar sobre este asunto, además de otras iniciativas urbanísticas que paliaran las graves conclusiones a las que habían llegado los colaboradores de aquel estudio universitario.

El Sr. Chaves se negó, y me dijeron que un partido que gobierna no puede hablar nunca en sentido negativo y que, por tanto, no se podía reconocer que existiera corrupción urbanística en Andalucía. Mi respuesta fue que la palabra corrupción está en nuestro diccionario y, es responsabilidad de los políticos llamar a las cosas por su nombre. Negociaron otras propuestas con una denominación más “light” y me negué a asistir al Pleno, a sabiendas de las consecuencias -pues mi voto suponía la mayoría-, pero, ausentándose dos diputados del grupo parlamentario Popular, el Sr. Chaves ganó la votación y no se debatió sobre la corrupción.

Ni siquiera las propuestas de resolución “light” que aprobaron para acallar las consecuencias mediáticas del escándalo se han llevado a cabo. Tampoco el Partido Popular las ha promovido.

En agosto de 2003 se produjo la moción de censura en el Ayuntamiento de Marbella y, en la primavera de 2006, saltó la “operación Malaya”, de la que me honra haber propuesto al testigo con el que el Juez Torres pudo iniciar la investigación bajo secreto absoluto.

Decidí no continuar en política y volver a la sociedad civil donde mis denuncias daban más fruto que en sede parlamentaria. Creo que me ofrecieron un escaño en el Parlamento porque creyeron que quería medrar en política y, así, callar mi voz. Fue un secuestro con final feliz porque he vuelto a la sociedad civil en la que se llama al pan, pan y al vino, vino.

Hoy creo en CIUDADANOS, y espero que pueda continuar colaborando con la ciudadanía porque la corrupción es el tributo más injusto que la clase política actual nos ha impuesto con su pasividad y dejación.

Inmaculada Gálvez
Candidata al Senado por Málaga
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía propone la reforma del actual sistema de financiación, respetando los principios constitucionales de igualdad y autonomía e incrementando la corresponsabilidad de los gobiernos autonómicos y el control de sus ciudadanos.

Esta reforma no puede hacerse de manera bilateral entre cada Comunidad Autónoma y el Estado, como pretenden otros partidos políticos, sino en el marco del régimen común mediante la modificación de las leyes que regulan el funcionamiento del sistema de financiación. Un nuevo modelo de financiación que gira sobre los siguientes ejes:

a) La igualdad de deberes y derechos de todos los ciudadanos ha de quedar garantizada y para ello todas las CCAA deben disponer de los recursos suficientes para poder prestar los mismos servicios a sus ciudadanos con independencia de su nivel de renta y de sus características demográficas y geográficas. Con tal finalidad, se determinará el volumen de recursos asignado a cada Comunidad para financiar su funcionamiento ordinario (dejando de lado las ayudas al desarrollo y la financiación específica para competencias atípicas) en base a criterios objetivos.

b) La eliminación gradual de las diferencias de resultados entre las Comunidades con Régimen Foral y las de Régimen Común, dado que aquellas, actualmente, en promedio, gozan de una financiación por habitante muy superior a las de Régimen Común. En tanto no se reforme la Constitución, abogamos porque las comunidades vasca y navarra incrementen su aportación al Fondo de Suficiencia que financia las transferencias de nivelación a las regiones con menores recursos fiscales propios.

c) La supresión de los actuales componentes arbitrarios de forma que la financiación responda únicamente a las necesidades de gasto de cada autonomía bajo un criterio de estricta igualdad de los ciudadanos en el acceso a los servicios públicos. Para ello, se ha de mejorar la fórmula a través de la ponderación de la población por tramos de edad a efectos del reparto de la financiación sanitaria, la introducción de un tramo específico de financiación educativa a repartir en proporción a la población en edad escolar y/o escolarizada y una corrección por diferencias en los niveles de precios regionales que permita a las administraciones autonómicas pagar salarios con igual poder adquisitivo con el mismo esfuerzo presupuestario. En esta línea, es conveniente que cada año se revise la fórmula de necesidades de gasto para determinar el volumen de financiación autonómica.

d) La corresponsabilidad en la financiación por parte de cada Comunidad Autónoma pasa por el aumento de las participaciones autonómicas en los grandes tributos estatales, con capacidad normativa, reduciendo en el mismo importe las transferencias de nivelación con cargo al Fondo de Suficiencia. Asimismo, somos partidarios de desdoblar las tarifas de las principales figuras tributarias, incluyendo el IVA y los impuestos especiales en un tramo estatal y otro autonómico, claramente diferenciados, que serían regulados independientemente. Todo ello, completado con una política de información pública sobre el reparto de recursos y responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno.

Los anteriores principios se resumen en la defensa de un modelo común de financiación autonómica basado en criterios de equidad.

José Domingo
Diputado en el Parlamento de Cataluña
Candidato al Congreso por Granada
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía