Papeles de Westfalia

Parecen existir evidencias objetivas sobre un cambio climático en las últimas décadas, que se manifiestaría en forma de paulatino recalentamiento del planeta y que supuestamente sería consecuencia de las crecientes emisiones de gases carbónicos a la atmósfera. Sin embargo, se están descubriendo fraudes sucesivos en los estudios pretendidamente científicos que han convergido en el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) de la ONU, cada vez más criticado por no haber mostrado la necesaria exigencia en el control de calidad de las fuentes.

Primero, se cometió un error abultado en el análisis de los glaciares del Himalaya, que están muy lejos de derretirse a la velocidad que indicaba el IPCC. Después, se detectaron fallos groseros en las previsiones sobre el deterioro de la selva amazónica. Ahora, según explica hoy la prensa internacional con manifiesta preocupación, se está cuestionando la evolución de las temperaturas en China, después de que surgieran dudas sobre la calidad de las instalaciones de control y la honradez de los supuestos científicos que las manejaban… Ya se sabe que en este debate convergen muchos y muy poderosos intereses energéticos. Pero la toma de decisiones políticas necesita datos fiables. Sin ellos, corremos el riesgo de vernos arrastrados hacia situaciones absurdas por los embaucadores.

Para que el Pacto de Toledo, institución residenciada en el Parlamento que resume el compromiso de todos los partidos y agentes sociales de gestionar por consenso el sistema de Seguridad Social, cumpla su función, es necesario que los debates sean públicos y abiertos. Es además muy conveniente que todos conozcamos las posiciones en presencia y que las deliberaciones discurran con luz y taquígrafos para evitar tanto la demagogia cuanto la utilización política de un asunto que, por su propia naturaleza permanente, debe quedar al margen del interés partidista.

Viene esto a cuento de la respuesta airada de algunos actores políticos y sociales a la propuesta de retrasar la edad de jubilación. Propuesta que probablemente requiera algunos matices ya que no todos los trabajos son igualmente gravosos pero que parece impecable si lo que realmente se perigue es la sostenibilidad del modelo, es decir, su duración indefinida en el tiempo aunque varíen las premisas demográficas de partida. De cualquier modo, es claro que la sugerencia del retraso, en línea con lo que ya han hecho  otros países europeos, no es una cuestión ideológica sino un elemento para el debate que conviene clarificar.

En efecto, frente a la opción de retrasar un par de años la jubilación (junto a otros ajustes menos llamativos pero también importantes incluidos en la propuesta gubernamental) está la nada desdeñable de buscar igualmente la sostenibilidad reduciendo paulatinamente las prestaciones. Deberían proponerlo así quienes manifiestan tan irreductible oposición a extender la vida laboral. Lo que no tiene sentido es la demagogia: no se puede sanear el sistema contribuyendo menos y recibiendo más. Y quien diga otra cosa, cometerá el peor pecado, que es atentar contra el sentido común.

Nunca el nacimiento de una herramienta tecnológica había suscitado tanta expectación: la presentación del iPad,  la nueva “tablet” de Apple, ha sido retransmitida en directo a todo el mundo, ha colapsado las redes sociales, ha llenado de información y opinión todos los medios convencionales. Y es que la máquina surgida de la factoría californiana de Steve Jobs trasciende de su condición de artículo de consumo porque está llamada a convertirse en un instrumento que marcará un hito en el acceso a Internet, en el ya muy complejo sistema de relaciones interpersonales y en numerosos ámbitos de la actividad intelectual y de la industria cultural.El iPad, que es una ingeniosa combinación del teléfono móvil de pantalla multitáctil con un miniordenador que permitirá leer y escribir con facilidad y con un E-book o libro electrónico, es en realidad una central de comunicaciones.  Como ya es habitual, Apple, que ha tenido gran habilidad al combinar la estética posmoderna con una respuesta tecnológica de alta calidad a las crecientes demandas de los miembros de la Sociedad en Red, no ha hecho más que diseñar y construir hardware fiable de consumo para satisfacer de la mejor manera posible unas necesidades evidentes del mercado, a medida que la tecnología se lo ido permitiendo. Ingenio y capacidad de seducción se han encontrado nuevamente en la magia de esta marca, que corre el riesgo -cierto- de dejar de ser minoritaria.

Cuando parecen soplar vientos de cambio en el Reino Unido por el agotamiento del laborismo gobernante y e relativo auge de los conservadores, comienza a analizarse en aquel país la envergadura de la mudanza que se avecina, al tiempo que circulan propuestas de reforma que diferentes instancias intelectuales sugieren a los políticos en liza.

Es, en particular, curioso que cuando en España, al igual que en otras democracias jóvenes del Este de Europa, cunde la opinión de que hay que reformar los sistemas electorales en el sentido de huir de la proporcionalidad (proporcionalidad corregida mediante la ley d’Hont, según la Constitución vigente) y de avanzar hacia una mayor ligazón entre electores y elegidos a través de modelos mayoritarios y distritos unipersonales, en el Reino Unido crece la opinión en sentido contrario: el viejo sistema mayoritario, que ha dado lugar a un paradigmático bipartidismo, es severamente criticado allí por antidemocrático, y, como refleja hoy Timothy Garton Ash en un análisis publicado en la prensa española, la propuesta de reforma más apoyada en Internet es establecer un sistema de voto proporcional.

Esta aparente paradoja permite reafirmar una creencia muy contrastada por la experiencia: dentro del sufragio universal, no hay sistemas electorales mejores o peores que otros. Lo importante es que el modelo que se adopte goce de gran consenso y estabilidad. Que sea, en fin, la base universalmente aceptada del rousseauniano contrato social.  

Es escatológico el espectáculo interminable de los líderes regionales castellano manchegos del PP y del PSOE compitiendo entre sí por demostrar la mayor intransigencia en lo referente al dominio de su comunidad sobre el agua que por ella discurre, y a la que también aspiran, con la razón que les otorga el hecho de formar parte de la misma nación, los valencianos y los murcianos. 

Por esta causa inconfesable, y por la imposibilidad de superar una tan colosal disputa, el proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla La Mancha está paralizado en el Parlamento. Los diputados directamente concernidos no se apean de sus posiciones y sus líderes estatales miran distraídos hacia el techo, como si la cuestión no fuera con ellos. El sentido de estadistas de los próceres patina descaradamente en cuanto llega el momento de imponer cierta grandeza a la ruindad. Lo que tampoco puede extrañar demasiado ya que no es la primera dejación moral que ambos cometen (en Aragón se lanzó la primera piedra). 

El mensaje que recibe la ciudadanía es penoso. Y la política continúa rodando cuesta abajo, hacia el lodo.

La población de Haití ha sido víctima de un gran desastre natural –un terremoto de grado 7 en la escala de Richter- que ha causado decenas de miles de muertos y una gran destrucción, que agrava la penosa miseria que ya aquejaba secularmente al país, residencia de esclavos manumitidos que nunca alcanzaron a vertebrar un verdadero Estado, pese a estas a las puertas del imperio norteamericano. Lo sangrante del caso es que de haber ocurrido este mismo terremoto en Europa o en Japón, apenas hubiese representado una noticia incruenta y anecdótica. 

Lo ha explicado lacónicamente en la prensa Xavier Goula, jefe de sismología del Institut Geològic de Catalunya: “La construcción antisísmica es demasiado cara para Haití”. Y ello a pesar de que el país esté sobre una de las fallas más geológicamente activas del hemisferio. En otras palabras, los pobres de la tierra están todavía sometidos a los efectos directos de las fuerzas naturales, como si tras ellos no hubieran discurrido milenios de civilización, desarrollo y cultura. 

Éste es probablemente el reflejo más claro de la injusticia planetaria, de la insostenible fractura entre la opulencia y la miseria, entre el mundo del siglo XXI y el que permanece anclado en los pozos medievales. ¿Cómo puede extrañar, ante estos hechos, que algunos desesperados se entreguen al fanatismo homicida y devastador?

Leo unas declaraciones del eurodiputado del PPE Íñigo Méndez de Vigo en las que elogia la llamada ‘Iniciativa Ciudadana Europea’, introducida a última hora en el Tratado de Lisboa tras la defensa que de ella hicieron el también diputado del PPE Alain Lamaissoure y el socialdemócrata Jürgen Meyer; se trata de un instrumento que permite a los ciudadanos presentar una propuesta a la Comisión Europea para que adopte una iniciativa legislativa determinada, siempre que reúnan aproximadamente un millón de firmas (el 0,2% de la población comunitaria).

El europarlamentario español afirma que esta novedad “permitirá involucrar más a la gente en las cuestiones europeas” ya que, a su entender, conecta con las aspiraciones de democracia participativa que manifiesta la sociedad del Viejo Continente. Opinión subjetiva que algunos no compartimos en absoluto.

En efecto, tal novedad, más que un avance en el terreno de la participación política, es una evasiva. El mediocre modelo democrático suizo, basado en una insólita frecuencia de los referendos como expresión cabal de la democracia directa, pone de manifiesto que el asamblearismo plebiscitario no es mejor, sino al contrario, que el sistema parlamentario, en que las decisiones, mucho más maduras, son adoptadas por representantes expertos de la soberanía popular.

Si lo que se quiere es fortalecer y mejorar nuestros regímenes, habrá que mejorar la calidad de la política, extremar el rigor de los partidos en la formación de sus cuadros, buscar modos de integrar a la ciudadanía y de responder a sus aspiraciones…  y reservar los experimentos para los ratos de ociosidad.

Para casi todos lo que ocurre es una agradable sorpresa: Televisión Española, adornada con la neutralidad política de que disfruta desde que se la apartó del debate partidario y ya sin publicidad desde primeros de año, se ha convertido en un balsámico espectáculo que seduce a una parte muy considerable de la audiencia. Según las últimas mediciones, la primera cadena de TVE, sin anuncios, atraería a más de un 20% de los teleespectadores, en tanto las dos grandes cadenas privadas tan sólo sobrepasarían levemente el 12%.

Las cadenas comerciales acusan ahora a TVE de competencia desleal, de conseguir estos magníficos resultados gracias a la emisión de películas norteamericanas, que poco o nada tendría que ver con el servicio público que el audiovisual del Estado, financiado íntegramente por los contribuyentes, debe prestar. Quizá tengan parte de razón pero también es posible que los empresarios privados, que han reducido en general la calidad de su oferta a extremos detestables, acaben padeciendo la emigración de parte de sus audiencias hacia una oferta estéticamente más cuidada, culturalmente más selecta, informativamente más equilibrada y completa.

Si la televisión pública consiguiera, en fin, extender este benéfico efecto pedagógico y elevar la calidad media de la oferta audiovisual, habría justificado con ello solo su existencia.

Ya es un hecho: en esta presidencia española de la UE, al contrario que en las anteriores presidencias europeas, la representación exterior de la Unión Europea ya no correrá a cargo de nuestro servicio diplomático: a partir de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, será la diplomacia comunitaria, a través de sus propias embajadas, la que desempeñará esta tarea. De momento, este designio será poco más que simbólico pero, como es sabido, se está trabajando a toda prisa para formar un cuerpo diplomático europeo de unos 5.000 funcionarios. El coste de semejante despliegue es más fácil de imaginar que de digerir.

Los europeístas convencidos tenemos que alegrarnos de que se dé este paso que otorga visibilidad a la idea confederal de Europa y que, a la larga, incidirá positivamente en la generación de un eficaz engrudo que nos vincule a todos. Sin embargo, es de temer que estos cambios aparentemente profundos no pasen en la práctica de la pura retórica. Porque, de momento, no se advierte, ni en España ni en ninguna otra parte, la menor intención de adelgazar nuestro Servicio Exterior para fortalecer el europeo.

Lamentablemente, estamos al borde de una nueva y muy onerosa duplicación burocrática, que en el caso español tendrá chirridos especiales. Porque nosotros, en efecto, ya tenemos también un nutrido repertorio de representaciones autonómicas en el extranjero. No es extraño que ante este despilfarro la opinión pública muestre desafección hacia los proyectistas de tanto y tan costoso disparate.

Por una vez, discrepo de mi amigo Ian Gibson, este apasionado hispanófilo que tanto ha penetrado en las raíces más sensibles de esta joven y ya consolidada democracia: “el Estado debe buscar de una vez a Lorca”, ha escrito hoy en un artículo, tras la decepción de que los restos mortales del eximio poeta, todo un símbolo frente a la irracionalidad fanática y autoritaria, no estuvieran enterrados, tras su fusilamiento a manos de los sayones del franquismo, en el hermoso paraje granadino en que se suponía la inhumación.

En realidad, el Estado, esa abstracción que nos abarca a todos y que, en democracia, incluye conceptos magnánimos que articulan nuestro imaginario colectivo, ya encontró a Lorca al sobrevenir las grandes libertades tras la muerte del dictador y la erección del régimen actual. Aquel Lorca maldito y heterodoxo que yacía en la catacumbas intelectuales de la dictadura volvió a la luz y sus inigualables luminarias se reencontraron con España al imponerse la vida sobre la esclavitud.

Es innecesario decir que Lorca, la víctima por antonomasia de la depravación fascista, es hoy para todos la idea y la memoria, y no una macabra reliquia en alguna parte. El homenaje a Lorca ha de hacerse en la intimidad de las conciencias: en las montuosidades de Alfacar, junto al monolito que recuerda la tragedia, o en cualquier otra parte donde no habite el olvido.