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Archivo de Diciembre, 2008

Financiación autonómica e ideología

Mircoles, 31 Diciembre 2008

Si se eleva el punto de vista y se examina la propuesta gubernamental de financiación autonómica con alguna profundidad, se advertirá fácilmente que la fórmula que se pretende implementar es consecuencia de una dilatada decantación ideológica que ha durado los treinta años de la andadura democrática. Tres décadas durante las cuales el socialismo abandonó el marxismo y replanteó sus posiciones igualitaristas en tanto el centro derecha conciliaba también su liberalismo desregulador con una idea cabal del Estado providencia, que era una exigencia social además de la plasmación de un irrenunciable impulso civilizador exigido por las sociedades modernas.

El socialismo democrático, convertido al libre mercado en los años cincuenta por razones claras de eficiencia, tuvo que ceder en sus afanes redistributivos. Pronto renunció a desarrollar actividades económicas –y acometió la privatización del sector público empresarial- y poco después aceptó la evidencia de que el desarrollo potente de la economía era incompatible con un Estado demasiado voluminoso. Los impuestos directos, principal instrumento de aquella redistribución utópica, restaban espacio a la economía productiva. Y la izquierda socialdemócrata europea llegó a la conclusión de que el gran objetivo igualitarista, compatible con el desarrollo económico, había de basarse en la universalidad de unos grandes servicios públicos de calidad, que colmarían el anhelo de la igualdad en el origen. Todos los ciudadanos conseguirían así idénticas oportunidades, que era el objetivo esencial del legado de justicia redistributiva que habían de administrar.

Obviamente, y aunque no siempre de manera explícita, la socialdemocracia y el liberalismo modernos llegaban a así a convergir en el modelo de Estado. A partir de ahí, cobraba pleno vigor el dictamen de Eugen Weber: “Derecha e izquierda se han convertido en una cuestión de opinión, no de hecho; en un problema de gustos, no de definiciones”.

El modelo de financiación autonómica que está gestándose plasma de forma fehaciente esta igualdad originaria. Un gran fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, que representará más de dos tercios de los recursos totales, asegurará igual financiación por ciudadano en educación, sanidad y servicios sociales esenciales. Un fondo de Suficiencia Global, aportado por el Estado, financiará las restantes competencias transferidas. Y dos fondos de Convergencia Autonómica (Fondo de Competitividad y Fondo de Cooperación) servirán al mandato de la redistribución interterritorial y auxiliarán a las CCAA cuya financiación per capita esté por debajo de la media.

Al propio tiempo, el modelo consolida la concepción  cuasi federal del Estado que la Constitución insinúa al definir el Estado de las Autonomías. Si actualmente el 70% de los recursos de que disponen las autonomías proviene de los impuestos cedidos por el Estado, en el nuevo sistema este porcentaje se elevara al 90%. Esta ampliación, unida a una capacidad normativa mucho mayor, consolida la descentralización real, no sólo del gasto sino también de la recaudación: los contribuyentes podrán relacionar mejor el dinero que aportan con las contraprestaciones que reciben.

El nuevo modelo fija, en fin, el horizonte definitivo del Estado autonómico con criterios y pautas difícilmente objetables desde el punto de vista constitucional

¿Cómo será tener un presidente con cerebro?

Martes, 30 Diciembre 2008

La pregunta, que puede parecer capciosa pero que no es en absoluto impertinente, la ha formulado el activista y cineasta Michael Moore, el autor del documental Farenheit 9/11, a escasas semanas de que, efectivamente, Barak Obama llegue a la Casa Blanca y Bush, el peor presidente de los Estados Unidos en toda la historia según un porcentaje relevante de norteamericanos, se retire definitivamente del poder. Y con él, todos los neocon que aún lo rodean, sin acabar de darse cuenta, al parecer, del terrible legado que dejan a sus compatriotas después de ocho años de ultraliberalismo salvaje y corrupto –que nos ha llevado a la recesión- y de belicismo impenitente –que nos ha deparado un mundo en llamas.

Obama no es un iluminado, ni un mesías, ni mucho menos un revolucionario pero es un personaje culto, sereno, consciente de su papel y de su tiempo, que previsiblemente instalará a los Estados Unidos en una senda de racionalidad, guiada más por el Derecho Internacional que por alocadas estrategias de dominación y hegemonía que ha abrazado su inane predecesor. Problemas como los del Próximo Oriente, Irak o Afganistán o el que plantea el surgimiento de una izquierda populista en Latinoamérica recibirán al menos un enfoque distinto. Y el mundo recuperará una serie de valores trascendentes que Bush menospreció. El sentido de la libertad frente a la seguridad en primer lugar.

El presidente con cerebro nos traerá, en fin, un rayo de esperanza. Y en los tiempos que corren, eso es ya bastante para generar ilusión.

El ‘Estatut’ en perspectiva

Lunes, 29 Diciembre 2008

El nuevo modelo de financiación autonómica está a punto de ver la luz, y, según todos los indicios, nos hallamos asimismo a las puertas de la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre los recursos presentados contra la reforma estatutaria catalana. Y aunque ambas cuestiones, estrechamente ligadas entre sí, no han adquirido firmeza todavía, ya es evidente que el desenlace del largo proceso que arrancó en 2003 será de esta guisa: Cataluña podrá disfrutar de la bilateralidad en sus relaciones con el Estado, aunque inserta en la multilateralidad constitucional, que en lo financiero se resume en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). El Estatuto será declarado constitucional en la práctica totalidad de su articulado, con algunas excepciones no muy significativas (por ejemplo, será anulada la atribución al Sindic de Greuges de las competencias del Defensor del Pueblo). Y en bastantes aspectos, la sentencia será interpretativa, es decir, limitante de ciertos excesos, que serán encajados de este modo en las previsiones de la Carta Magna.

Así, y por imperativo constitucional, la nueva financiación autonómica volverá a ser ineludiblemente un ‘café para todos’, con los matices que se quiera, como resultaba fácilmente previsible. Todas las comunidades autónomas de régimen general disfrutarán de idénticos recursos per capita para sanidad, educación y asistencia social (dependencia y otros servicios), por lo que el reparto se hará conforme a criterios demográficos. Un segundo fondo, del orden del 30% del total de los recursos, se acomodará a las peculiaridades de cada región, a su dinamismo, etc. El modelo que se está implementando será alimentado con un gran cesto de impuestos -50% del IRPF y del IVA, 58% de los impuestos especiales- que no es ampliable si se quiere mantener un Estado central autosuficiente y capaz de cumplir su cometido, por lo que bien puede decirse que estamos ante el cierre formal y definitivo del Estado de las Autonomías.

Se trata de un importante paso hacia la afirmación de Cataluña y hacia la solución de su déficit congénito de financiación; sin embargo, en nada se parece este resultado a la pretensión de cuajar un federalismo asimétrico en el que Cataluña fuera una región singular, con tratamiento diferenciado a la manera de nuestros territorios forales. Los nacionalistas no quedarán, pues, satisfechos. Y la gran pregunta que cabe hacer ahora –y que ya sólo tiene mero interés académico- es la de si ha valido la pena el intensísimo forcejeo de la reforma estatutaria, que ha desestabilizado a Cataluña y a todo el Estado desde que Maragall auspició una delirante aventura que chocaba abiertamente con la letra y el espíritu de la Constitución.

Hubiera sido legítimo en todo caso reformar el Estatuto catalán (y los de las demás comunidades autónomas) para apurar las posibilidades del régimen autonómico, pero ello no hubiera generado la gran tensión que hemos padecido si no se hubiera derrochado utopía irredentista en el proceso. Lo que permite afirmar que las inútiles iluminaciones de Maragall han sido una perturbación innecesaria en el proceso dinámico de construcción de este país, que pese a todo está a punto de coronarse definitivamente.

La ausencia de Rajoy

Sbado, 27 Diciembre 2008

El cambio de rumbo que Mariano Rajoy impuso a su partido en el Congreso de Valencia, que reafirmó provisionalmente su liderazgo tras la derrota de su partido en las pasadas elecciones generales, cambió por completo el panorama político de este país. De la ‘legislatura de la crispación’, insoportablemente enrarecida, se pasó a otro escenario en que ya son posibles los consensos y los debates sosegados y constructivos. Escenario por lo demás muy pertinente en tiempos de severa recesión económica en los que, como ha manifestado el Rey en su mensaje de Nochebuena, conviene que todos rememos en la misma dirección.

Sin embargo, esta mudanza del principal partido de la oposición, que sin duda agradece la opinión pública, muy castigada por la patológica efervescencia del cuatrienio anterior, requería y requiere una presencia activa y creativa del principal partido de la oposición. Si en la anterior legislatura le bastaba a Rajoy con dejarse arrastrar por la crítica acerba y sistemática que los agentes mediáticos realizaban al Gobierno con razón o sin ella –eran los tiempos de la teoría de la conspiración y de la denuncia de una solapada connivencia del Ejecutivo con ETA-, ahora la dialéctica política requiere una actividad visible de los dos principales antagonistas, de forma que el Parlamento sea la residencia de los problemas y el foro donde se debate el rumbo colectivo. Sin embargo, Rajoy está espectacularmente ausente y la política ha adquirido por ello una preocupante asimetría.

En lo tocante a la crisis económica y a sus soluciones, es patente que las grandes decisiones que deben adoptarse son bastante obvias y que la oposición debe apoyar al Gobierno en las medidas encaminadas a estimular la actividad y a combatir en lo posible el desempleo. En cualquier caso, hubiera sido pertinente quizá forzar debates técnicos más intensos para asegurar la calidad de las decisiones y mostrar a la opinión pública una senda de esperanza, de luz al final del túnel.

Pero en el otro gran asunto de estos días, la reforma de la financiación autonómica que deberá cerrar el proceso, aún inacabado, de reforma del Estado de las Autonomías, tampoco aparece Rajoy por parte alguna. Los principales barones del Partido Popular, Aguirre y  Camps, han entendido la trascendencia del asunto y se han prestado gustosamente a alentar el consenso en marcha. Y su formación política se ha limitado a criticar el proceso y a lamentar la descoordinación que reflejan tales iniciativas aisladas. Se podrá decir que Zapatero ha actuado maliciosamente al convocar a los presidentes regionales y no a Rajoy para cerrar el gran acuerdo pero es obvio que el presidente del Gobierno no tiene la culpa de que el presidente del PP no pueda imponer su criterio a sus conmilitones ni exigir una actuación unitaria y jerárquicamente ordenada. El hecho de que ayer, día en que Zapatero hizo un prolijo resumen público del año que concluye y de las expectativas de futuro, Rajoy interviniera brevemente antes y no después de la comparecencia gubernamental revela la dejación de su tarea que hace el sucesor de Aznar.

Todo indica que Rajoy fía su futuro al buen resultado del PP en las europeas de junio, y se equivoca. Aunque las gane, seguirá siendo evidente que el líder del PP tiene un problema de auctoritas, no de oportunidad. 

El Rey y la crisis

Viernes, 26 Diciembre 2008

Sea cual sea la actitud ideológica con que se contemple la monarquía española y con independencia del incuestionable papel fundacional de la democracia que ha desempeñado, hay que reconocer que don Juan Carlos ha sabido desempeñar con maestría la función institucional que le atañe al jefe del Estado: sus espaciadas intervenciones, y en especial la habitual de cada Nochebuena, tienen la virtud de referenciar con comprensible sencillez la coyuntura del país y de reclamar con abrumadoras dosis de sentido común la cooperación colectiva en pro de la resolución de los principales problemas.

En esta ocasión, el Rey, que ha celebrado como es lógico el trigésimo aniversario de nuestra Constitución, cuyas “reglas, valores y principios son nuestra principal fuente de fortaleza como nación moderna, unida, solidaria y diversa”, ha dedicado la mayor parte de su discurso a la grave crisis que nos aqueja, dejando claro en todo caso que es precisamente ahora cuando más necesario resulta asegurar “los derechos humanos, la dignidad y la igualdad de las personas, sin discriminación por razón de ideología, raza, creencias o sexo”.

El mensaje, en lo tocante a la recesión económica, convoca a la esperanza. El Rey se muestra convencido de que la sociedad española saldrá adelante como lo ha hecho “en otros períodos complejos” y llama a la confianza en la capacidad de las instituciones, empresarios y trabajadores para regresar “a la senda del crecimiento y de la creación de empleo”. En definitiva, y en lenguaje llano, invita a todos a “tirar del carro en la misma dirección”. En incluso, tras reconocer que “no hay recetas mágicas”, ratifica las grandes líneas de avance que son hoy pertinentes para salir del pozo: “reglas internacionales más eficaces para reforzar la estabilidad, supervisión y transparencia del sector financiero en un nuevo entorno globalizado”; y en el ámbito interno, “más eficiencia y competitividad, más innovación tecnológica, y elevar la educación y preparación de nuestros jóvenes”. También es pertinente defender nuestros intereses en el exterior  mediante una acción “lo más consensuada y coordinada posible”.

El Rey es la persona mejor informada del reino y ocupa la privilegiada posición de sobrevolar la política concreta sin interés partidario alguno. Este encumbramiento le permite no sólo otear la realidad con magnífica perspectiva sino cargarse de prestigio a la hora de confirmar unas pautas que la ciudadanía alienta pero que no siempre los partidos, que sí tienen intereses particulares, son capaces de auspiciar. En otras palabras, la realidad se solemniza cuando quien está en el vértice de las instituciones la reconoce. Éste es el cometido de la Corona, que don Juan Carlos ejerce con solvencia.

En este sentido, no ven seguramente los nacionalismos que cuando se desmarcan de la senda que marca el Monarca no se reafirman sino que se marginan. La crítica del particularismo periférico al Rey suele ser el reflejo de la hostilidad que merecen los nacionalismos por el hecho de ignorar que este país pivota sobre el eje inalienable de un colectivo y entrañable interés general que es el engrudo que vertebra a la ciudadanía. 

Fracaso judicial

Mircoles, 24 Diciembre 2008

El nuevo Consejo General del Poder Judicial ha sido incapaz de restablecer el prestigio de la judicatura tras el colosal error del juez granadino que no ejecutó una sentencia de prisión impuesta a un pederasta, lo que dio a éste ocasión de cometer el horrendo asesinato de la niña de Huelva  Mari Luz, un crimen que ha conmovido a todos. La decisión de mantener para el juez en cuestión una sanción pecuniaria de 1.500 euros por simple ‘falta grave’ ha sido tomada por catorce votos a siete, tras una fuerte discusión en la que ha primado la condición de juez –el corporativismo- de los consejeros que han formado la mayoría, con Divar a la cabeza, frente a la agrupación ideológica derecha-izquierda que tradicionalmente fracturaba a este organismo. Como es conocido, el fiscal solicitaba tres años de suspensión para el juez por ‘falta muy grave’.

Con toda la razón, el ministro de Justicia, airado, ha anunciado que el Gobierno va a instar la reforma del régimen disciplinario de los jueces para que “no vuelva a repetirse” lo que acaba de suceder. Y es muy probable que la fiscalía del Estado recurra esta decisión ante el Tribunal Supremo: entonces habrá ocasión de ver si el corporativismo se detiene en los órganos político administrativos o se ha instalado irremediablemente en la totalidad del escalafón judicial.

Es claro que este asunto tiene dos vertientes que se intersectan, la jurídica y la profesional. Es posible que en aplicación estricta del Derecho, el juez que cometió aquella escandalosa omisión pudiera ser merecedor de un trato benevolente. Pero quien acepta la responsabilidad de dirigir un juzgado, una oficina judicial, ha de asumir íntegramente las consecuencias de sus actos. Ya se sabe que el sistema judicial está sobrecargado, que no dispone del personal suficiente, que los medios de organización son obsoletos, y todo ello podría explicar retrasos y aun equivocaciones administrativas. Pero en el ámbito de lo penal, las “causas con preso”, es decir, aquellos procedimientos en los que está en juego la seguridad de la ciudadanía, no admiten descontrol alguno. ¿Cómo se les puede decir a los atribulados padres de una niña asesinada por un malhechor que debía estar en la cárcel que el crimen ha sucedido porque el juez no daba abasto en su juzgado?

Todo esto es tan evidente que se ha podido palpar la generalizada indignación de una opinión pública que en estos treinta años de democracia no ha terminado de establecer nexos sinceros con la Justicia, en gran medida por el comportamiento indecoroso de un Consejo General sistemáticamente politizado que no ha sabido ganarse el prestigio y el respeto. Pues bien: ante este nuevo dislate, que marca el rumbo definitivamente equivocado del nuevo CGPJ, las tres asociaciones judiciales han optado por aplaudir o por mirar hacia otro lado. Incluso la progresista Jueces para la Democracia ha preferido escabullirse y pasar de largo para no comprometerse en la sanción a un “compañero”.  Ante esta situación, es bien probable que haya que acometer una reforma muy a fondo del sistema judicial de este país. 

¿Inversión contra la crisis?

Lunes, 22 Diciembre 2008

La respuesta gubernamental a la crisis, muy semejante a la que está proyectando Obama en los Estados Unidos, se basa en la adopción de medidas neokeynesianas: esfuerzo de inversión pública para cebar la bomba de la inversión privada. En nuestro caso, a través de los Ayuntamientos, que recibirán de inmediato grandes partidas finalistas para realizar inversiones que generen empleo, y mediante los Presupuestos Generales del Estado, que en 2009 incluyen gastos extraordinarios de inversión en infraestructuras. Si así se hace, se confirmarán seguramente las previsiones de Rodríguez Zapatero según las cuales a partir de marzo o abril se generará por esta vía un sustantivo volumen de empleo, aunque la tasa de paro siga creciendo por causa de la destrucción –todavía- de puestos de trabajo. De hecho, el informe de FUNCAS dado a conocer hoy augura que la crisis tendrá un desarrollo “lento” puesto que el PIB descenderá un 1,5% en 2009 con una tasa de paro que repuntará hasta el 15,9%, en tanto el 2010 habrá ya un crecimiento del 0,5% si bien el paro seguirá aumentando hasta el 18%. En definitiva, el desempleo se incrementará en 650.000 personas en 2009 y en 250.000 en 2010, en tanto el sector construcción seguirá hundiéndose.

Pero este planteamiento esperanzador se aboca a un inevitable escepticismo cuando se observa que el esfuerzo inversor del Estado ha caído espectacularmente este año. El sábado, “La Vanguardia” abría su edición con este titular a cinco columnas: “Cae la licitación de obras del Estado en Cataluña”, con estos subtítulos: “Los empresarios advierten que el parón supera el 30%” y “El déficit de proyectos suma 1.400 millones”.

Si ni siquiera se respetan -¿por falta de interés o de instrumentos administrativos?- las previsiones ordinarias de inversión, ¿cómo podremos confiar en que se pongan en marcha las actuaciones extraordinarias que deberían mitigar esta terrible crisis?

CCOO: malas noticias

Sbado, 20 Diciembre 2008

La crisis se ha cobrado otra víctima: José María Fidalgo, líder de Comisiones Obreras desde el 2000, un sindicalista moderado y cabal que ha contribuido atinadamente a la buena marcha de la concertación social, ha sido derrotado tras dos mandatos por su ‘número dos’, Ignacio Fernández Toxo, con el argumento solapado pero evidente de que ante los malos tiempos que corren, el antiguo sindicato comunista necesita un liderazgo más beligerante y radical. Una de las acusaciones más significativas que se han lanzado a Fidalgo es que ha participado en algún acto de FAES, la fundación conservadora que preside José María Aznar. Curioso sentido del pluralismo.

Como es bien conocido, Comisiones Obreras se escindió ideológicamente en 1996 entre sus dos almas doctrinales: Antonio Gutiérrez apostaba entonces por la profesionalización del sindicato, la plena autonomía y por tanto su desvinculación de los partidos; frente a esta postura, otra corriente encabezada por Agustín Moreno y auspiciada en la sombra por el histórico fundador de la organización Marcelino Camacho, pretendía mantener las viejas esencias, intervenir en política y, en el fondo, sostener la antigua concepción del sindicato como correa de transmisión del PCE. La confrontación nunca llegó a remitir y Fidalgo, epígono de Gutiérrez, no logró la integración de las dos corrientes.

Fernández Toxo no representa al sector crítico puesto que, como se ha dicho, ha sido el más estrecho colaborador de Fidalgo. Pero para diferenciarse de éste y conseguir así que el péndulo se decantase de su lado ha lanzado los suficientes mensajes radicales e izquierdistas para atraer a parte de los descontentos. De hecho, el fantasma de la huelga general ha vuelto a sobrevolar las primeras declaraciones del recién elegido.

Nada hay que objetar a que, en estos momentos de grave quebranto económico, las organizaciones obreras velen por los intereses de los trabajadores, amenazados por el desempleo y abrumados por la incertidumbre. Pero a estas alturas, ya no tiene sentido pretender que se ayuda a la clase trabajadora mediante la demagogia. La flexibilidad en el empleo, dentro de ciertos límites que no desmonten las principales conquistas sociales, es una herramienta contra el paro, y pretender lo contrario es agudizar la recesión y alejar la remontada. Las pretensiones de que el salario mínimo crezca este año más del 3,5% como ha ofrecido el Gobierno son el primer síntoma alarmante de que la respuesta sindical a la crisis podría ser errónea.

En esta mala coyuntura, la concertación social debe ser un cauce por el que pueda discurrir toda la estrategia pública y privada de recuperación de nuestra economía. Pero ese diálogo social ha de ser realista y pragmático, sin concesiones al populismo ni a teorías periclitadas que han fracasado históricamente. En este sentido, Fidalgo, que tenía una idea muy clara de cuál es el interés general, ofrecía más garantías que Fernández Toxo, quien como mínimo va a ser rehén de los argumentos que ha utilizado para hacerse con el poder interno. 

SGAE e imaginación

Viernes, 19 Diciembre 2008

Nielsen SoundScan, una de las compañías de medición de descargas por Internet, ha informado de que la venta de música online en el universo global de Internet ha superado ya la barrera psicológica de los 1.000 millones de descargas legales al año. Por el contrario, las ventas de CDs, que cayeron un 45% entre 2000 y 2007 en Estados Unidos, continuarán descendiendo al ritmo del 8% anual. En 2011, la venta de música digital habrá superado el 50% de las ventas totales. Y todo ello, mientras prosiguen los intercambios de archivos entre particulares por el sistema P2P, que no impiden, sino al contrario, que el negocio de las discográficas florezca: Atlantic, venerable sello neyorquino que forma parte del grupo Warner Music, ha anunciado que su negocio digital ha alcanzado ya el 51% de sus ingresos.

Frente a estas gozosas evidencias, la cutre y vieja Sociedad General de Autores (SGAE) sigue poniendo detectives tras todos los potenciales consumidores de música, agobiando a las gentes y a las empresas, volviéndose odiosa y generando rechazo hacia aquellos cuyos intereses supuestamente defiende. No acaba de ver que el futuro de la industria musical no pasa por establecer controles cada vez más intensos sino por aguzar el ingenio, extremar la productividad, adaptarse a las características de los nuevos mercados y adelantarse a la innovación en lugar de intentar frenarla.

Sin imaginación ni sentido de la realidad, la Sociedad de Autores sigue queriendo poner puertas al campo mientras la realidad de la nueva cultura viva se le escapa de las manos.   

Europa salvó la estética

Jueves, 18 Diciembre 2008

El gran debate sobre la integración de Europa, iniciado durante el período de entreguerras y antes por tanto de que se pusieran las bases de aquella magna obra, tuvo lugar entre federalistas y funcionalistas, entre Altiero Spinelli y Jean Monnet. Aquella controversia intelectual concluyó con los Tratados de París y Roma y el triunfo de las tesis de Monnet, a quien, en palabras de Spinelli, corresponde por eso el mérito de haber puesto en marcha la unificación de Europa y la culpa de haberlo hecho por un camino equivocado. En síntesis, según aquella teoría funcionalista había que construir una comunidad económica que sería el fundamento de una creciente y progresiva unidad política. Con toda evidencia, el ‘mercado común’ ha ido materializándose y hoy Europa –o una parte de Europa, para mayor precisión- puede alardear de haber conseguido la Unión Económica y Monetaria, cuya divisa única se ha convertido en la gran herramienta de nuestra fortaleza y de nuestra prosperidad (pese a la crisis).

El procedimiento ha dado frutos evidentes pero no ha conseguido forjar una identidad europea, ni cuajar una auténtica nacionalidad supranacional que nos englobe a los ciudadanos de los actualmente veintisiete países miembros. De hecho, Europa es para la mayoría de los europeos una entelequia remota y vaga, cargada de onerosa burocracia y muy alejada de los sentimientos y del interés comunes. Ni siquiera el Parlamento Europeo, que había de encarnar una etérea soberanía global, se afirma con énfasis. Las instituciones, artificiosas y con escasísima visibilidad, no son capaces de arraigar en las vísceras de unas sociedades que aún anteponen, y con gran diferencia, los vectores nacionalistas a la pertenencia europea, mal defendida en Bruselas y generalmente en manos de oscuros funcionarios sin capacidad de liderazgo alguno.

Pero, además, es lamentable que Europa, tan ausente de nuestro sistema mediático, irrumpa de tanto en cuanto en la información de actualidad para dejar constancia de un despropósito: la ampliación de la jornada laboral a 65 horas, una propuesta de los ministros de Trabajo de los 27 que fue felizmente rechazada ayer por abrumadora mayoría en el Parlamento Europeo.

Como es conocido, la medida, vinculada a otras de parecida índole –la no consideración de tiempo de trabajo las pausas de las guardias médicas, por ejemplo-, tenía por objeto una plausible flexibilización de la jornada laboral. No suponía ni mucho menos el regreso a la esclavitud y en muchos casos resolvía supuestos concretos nada escandalosos: agrupar el tiempo de trabajo en unos pocos días para gozar después de otros de descanso. De cualquier modo, las cosas terminan siendo como parecen, y era francamente indecoroso pretender que la normativa laboral incluyera esta antiestética reforma que sugería un regreso al siglo XIX. Si se quiere liberalizar todavía más el mercado laboral, inténtese, pero sin dejar rastros que evocan antiguas explotaciones. Los representantes de los grandes partidos así lo entendieron con independencia de sus tonalidades y los eurodiputados votaron en masa contra sus Gobiernos y contra la directiva, logrando las enmiendas mayorías superiores a 500 votos. Al menos, los diputados europeos han acabado comprendiendo que, como en la inefable frase de José Luis Valverde, no hay ética sin estética.