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Al borde de un error histórico

Cuando se escriben estas líneas ya se conoce que Rajoy responderá a la misiva de Artur Mas en la que éste solicita un plebiscito autodeterminista con la oferta de una negociación económica que revise el actual modelo de financiación de Cataluña. No hace falta ser un avezado analista para entender que, llegados a la situación actual, esta respuesta no sólo es insuficiente: también encrespará  a los catalanes y fomentará la perversa escalada del independentismo, como reacción directa a la sistemática insensibilidad de Madrid.

 A las pruebas me remito: el CIS realizó en el año 2001 una encuesta en Cataluña que preguntaba explícitamente a los individuos de la muestra si eran favorables o no a la independencia de Cataluña; los resultados fueron: un 35,9% de los encuestados estaba a favor, un 48,1% en contra, el 13,3% estaba indeciso, y un 2,8% no contestó a la pregunta. El Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat empezó a plantear la respuesta ante un hipotético referéndum independentista en la segunda oleada de 2011, y los resultados fueron el 42,9% a favor de la independencia, el 28,2% en contra, el 23,3% se inclinaba por la abstención. La tercera oleada de 2012, última realizada, arroja los siguientes porcentajes, en el mismo orden: 57,0%, 29,5% y 14,3%. El avance de los partidarios de la ruptura es espectacular, y hoy el independentismo ha alcanzado una masa crítica que lo hace francamente posible.

Hoy, Cataluña no sólo quiere un modelo de financiación más justo, que podría asimilarse al concierto económico con una cuota de solidaridad significativa: también aspira a más autogobierno, en una clara dirección confederal. Y semejante aspiración, que no es fruto circunstancial de un calentón colectivo sino una evidencia acumulativa que se ha reflejado con claridad en las urnas y que tiene su traducción periódica en la calle, no puede resolverse mediante una negativa sistemática basada en la intangibilidad de la Constitución. En virtud del principio democrático, una exigencia masiva de cambio de marco institucional no puede ser indefinidamente postergada, como reconocen todos los constitucionalistas.

 La negociación política puede ser orientada de muchas maneras. El PSOE y el PSC apuestan por la reforma constitucional de corte federal (el ‘salto federal’ es asimismo apoyado por propuestas académicas dignas de ser tenidas en cuenta); cabe asimismo una nueva reforma del Estatuto de Autonomía, quizá apoyada por una reforma limitada de la propia Constitución, que podría dar lugar a un nuevo referéndum… como el que exige hoy el nacionalismo catalán… La solución es optativa, pero el encastillamiento en la negativa a negociar políticamente una reivindicación tan manifiesta y tan explícitamente apoyada sería un gravísimo error histórico que podría desembocar en la definitiva pérdida de Cataluña, algo que sería una mutilación insoportable para el Estado español.

 

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