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Fiscalidad e ideología

Mircoles, 24 Junio 2009

El Gobierno –conviene recordarlo- disfruta en teoría de una amplia mayoría parlamentaria -169 diputados tiene el PSOE- que, en teoría, debería permitirle cierta comodidad. Si se piensa que el PP gobernó en la legislatura 1996-2000 con 156 diputados sin sobresaltos, se coincidirá en que la mayoría parlamentaria actual tiene un peso suficiente. Por tal motivo, Rodríguez Zapatero decidió esta vez afrontar su investidura en solitario, sin apoyos de los demás grupos.

En estas circunstancias,  el logro de la mayoría necesaria para que prosperen ciertas iniciativas –los presupuestos generales del Estado de cada año por ejemplo- ha de obtenerse pactando con las minorías. Y estas ocasionales alianzas pueden conducir fácilmente a la esquizofrenia. Esto es lo que ocurrió ayer martes en el Congreso de los Diputados cuando el PSOE, al negociar el apoyo al techo máximo del gasto en 2010 que debe votarse mañana jueves, intentó primero aliarse con el grupo parlamentario ERC-IU-ICV, mediante un acuerdo una mayor progresividad fiscal, para terminar después aceptando un pacto con CiU que garantizará la abstención –suficiente, a estos efectos- del grupo catalán.

Este vaivén, llamativo y pintoresco pero inexorable a causa de la inamovible matemática parlamentaria, genera lógicas dudas sobre la consistencia del modelo fiscal del Gobierno, que por la mañana parece dispuesto a subir los impuestos a los ricos y por la tarde desiste de ello. Sin embargo, la cuestión no es tan simple.

En primer lugar, hay que decir alto y claro que el modelo fiscal ya no es el distintivo que delimita decisivamente los espacios de la izquierda y de la derecha. Desde la llegada irreversible del realismo capitalista en los años noventa del pasado siglo, socialdemócratas y liberales coinciden en otorgar la iniciativa económica al mercado. La Unión Europea se basa sobre esta ortodoxia –el Pacto de Estabilidad que sostiene la moneda única va en esta dirección- y nadie discute que el Estado no debe interferir en la economía productiva. El objetivo esencial de la nueva socialdemocracia, asentada sobre el liberalismo económico, consiste en la universalidad de unos servicios públicos básicos de calidad, que garanticen una auténtica igualdad de oportunidades en el  origen. El progresista Obama no ha prometido más impuestos sino la creación de una sanidad universal en Norteamérica. Y, de hecho, sólo algunos desorientados poscomunistas –como los que militan hoy en Izquierda Unida o en ERC- creen en la bondad intrínseca de la fiscalidad alta, del Estado interventor embarcado en una utópica redistribución de la riqueza.

En segundo lugar, es patente que la salida de la recesión actual, que obligará a reducir los altos déficit públicos y a regresar cuanto antes al Pacto de Estabilidad, hará necesarios sacrificios fiscales, subidas de impuestos para cuadrar las cuentas públicas, no por razones ideológicas. La vicepresidenta Salgado lo ha dicho con claridad, y es de prever un incremento inminente de la presión fiscal, siquiera hasta que este país recupere su velocidad de crucero.

En tercer lugar, y por último, conviene recordar que la actual soledad parlamentaria del PSOE no es fortuita ni se debe a su mala cabeza: conscientemente, ha tenido que renunciar al apoyo del PNV porque se ha negado a pactar con él en Euskadi para provocar el magnífico cambio político a que estamos asistiendo. Y tampoco puede contar con el respaldo estable de CiU porque esta formación está en la oposición en Cataluña y el Gobierno central no cede por completo a sus pretensiones en materia de financiación.

Hay otros modelos parlamentarios, mayoritarios en vez de proporcionales, en que no son precisas estas alianzas del partido gobernante con las minorías, pero si hemos optado constitucionalmente por éste, tenemos que aceptarlo con sus grandezas y sus miserias. Sin ceder a la demagogia cada vez que el sistema chirría por alguno de sus puntos débiles.