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Fiscalidad e ideología

Mircoles, 24 Junio 2009

El Gobierno –conviene recordarlo- disfruta en teoría de una amplia mayoría parlamentaria -169 diputados tiene el PSOE- que, en teoría, debería permitirle cierta comodidad. Si se piensa que el PP gobernó en la legislatura 1996-2000 con 156 diputados sin sobresaltos, se coincidirá en que la mayoría parlamentaria actual tiene un peso suficiente. Por tal motivo, Rodríguez Zapatero decidió esta vez afrontar su investidura en solitario, sin apoyos de los demás grupos.

En estas circunstancias,  el logro de la mayoría necesaria para que prosperen ciertas iniciativas –los presupuestos generales del Estado de cada año por ejemplo- ha de obtenerse pactando con las minorías. Y estas ocasionales alianzas pueden conducir fácilmente a la esquizofrenia. Esto es lo que ocurrió ayer martes en el Congreso de los Diputados cuando el PSOE, al negociar el apoyo al techo máximo del gasto en 2010 que debe votarse mañana jueves, intentó primero aliarse con el grupo parlamentario ERC-IU-ICV, mediante un acuerdo una mayor progresividad fiscal, para terminar después aceptando un pacto con CiU que garantizará la abstención –suficiente, a estos efectos- del grupo catalán.

Este vaivén, llamativo y pintoresco pero inexorable a causa de la inamovible matemática parlamentaria, genera lógicas dudas sobre la consistencia del modelo fiscal del Gobierno, que por la mañana parece dispuesto a subir los impuestos a los ricos y por la tarde desiste de ello. Sin embargo, la cuestión no es tan simple.

En primer lugar, hay que decir alto y claro que el modelo fiscal ya no es el distintivo que delimita decisivamente los espacios de la izquierda y de la derecha. Desde la llegada irreversible del realismo capitalista en los años noventa del pasado siglo, socialdemócratas y liberales coinciden en otorgar la iniciativa económica al mercado. La Unión Europea se basa sobre esta ortodoxia –el Pacto de Estabilidad que sostiene la moneda única va en esta dirección- y nadie discute que el Estado no debe interferir en la economía productiva. El objetivo esencial de la nueva socialdemocracia, asentada sobre el liberalismo económico, consiste en la universalidad de unos servicios públicos básicos de calidad, que garanticen una auténtica igualdad de oportunidades en el  origen. El progresista Obama no ha prometido más impuestos sino la creación de una sanidad universal en Norteamérica. Y, de hecho, sólo algunos desorientados poscomunistas –como los que militan hoy en Izquierda Unida o en ERC- creen en la bondad intrínseca de la fiscalidad alta, del Estado interventor embarcado en una utópica redistribución de la riqueza.

En segundo lugar, es patente que la salida de la recesión actual, que obligará a reducir los altos déficit públicos y a regresar cuanto antes al Pacto de Estabilidad, hará necesarios sacrificios fiscales, subidas de impuestos para cuadrar las cuentas públicas, no por razones ideológicas. La vicepresidenta Salgado lo ha dicho con claridad, y es de prever un incremento inminente de la presión fiscal, siquiera hasta que este país recupere su velocidad de crucero.

En tercer lugar, y por último, conviene recordar que la actual soledad parlamentaria del PSOE no es fortuita ni se debe a su mala cabeza: conscientemente, ha tenido que renunciar al apoyo del PNV porque se ha negado a pactar con él en Euskadi para provocar el magnífico cambio político a que estamos asistiendo. Y tampoco puede contar con el respaldo estable de CiU porque esta formación está en la oposición en Cataluña y el Gobierno central no cede por completo a sus pretensiones en materia de financiación.

Hay otros modelos parlamentarios, mayoritarios en vez de proporcionales, en que no son precisas estas alianzas del partido gobernante con las minorías, pero si hemos optado constitucionalmente por éste, tenemos que aceptarlo con sus grandezas y sus miserias. Sin ceder a la demagogia cada vez que el sistema chirría por alguno de sus puntos débiles. 

El azar y la necesidad (sobre la tragedia de Barajas)

Jueves, 21 Agosto 2008

Los grandes siniestros como el de Barajas –más de 150 muertos y menos de veinte supervivientes-, que siempre se deben a una acumulación fatal de causas y son por ello mismo en gran parte fortuitos,  tienden a alumbrar los buenos sentimientos de la gente. Vista la contingencia que suscita la zozobra de los seres humanos, es lógico que la subitaneidad de la muerte masiva engendre un momentáneo relativismo: la importancia de las cosas cede ante la eminencia sobrecogedora del azar.

En el caso de los siniestros aéreos, además, se trae inevitablemente a colación la conocida paradoja: pese al dramatismo de los accidentes, que producen un saldo abultado de muertos, el avión sigue siendo el medio de transporte más seguro.  He aquí algunos datos, tomados de documentos oficiales que están en Internet: en la década de los noventa, primera de la historia en que la seguridad se colocó a las elevadas cotas actuales, el riesgo de muerte de quien realizase un vuelo nacional en un país desarrollado era de 1 entre 13 millones.

Para hacer más comprensible esta fría estadística, puede añadirse que si se tomase un vuelo al día, con este índice de mortalidad, se podría viajar una media de 36.000 años antes de padecer un accidente y de perecer en él. Y un niño de diez años que despegue hoy en un vuelo nacional tiene diez veces más probabilidades de obtener una medalla olímpica que de no llegar a su destino. Por último, y para concretar el riesgo, si compramos un décimo de lotería y emprendemos un viaje en avión, tenemos unas 130 veces más probabilidades de que nos toque el gordo que de que muramos en el vuelo.

Dicho esto, es lógico que el concepto predominante de todos los análisis sea la fatalidad. Lo que ha ocurrido es que los fallecidos tenían mala suerte. Que ha contrastado llamativamente con la buena suerte de los pocos que, contra su voluntad, se quedaron en tierra y salvaron la vida, volvieron a nacer. Pero la reflexión cabal no puede quedar en la piel de los acontecimientos.

Exigencia de una investigación exhaustivo

Ante una mortandad tan terrible, es obligado descender a la necesidad y exigir la más exhaustiva investigación que pueda imaginarse con todos los medios técnicos disponibles, depurar hasta el final hasta las más mínimas responsabilidades que pudiera haber, y obtener y publicar unas conclusiones que amplíen todavía más los márgenes de seguridad de este modo de transporte, que –conviene recordarlo- compendia por sí solo el prodigioso avance tecnológico de la humanidad en las últimas décadas.

Spanair tenía problemas empresariales en los últimos meses –hay quien habla de quiebra técnica-, iban a producirse despidos y se llegaron a divulgar protestas sindicales airadas por la sobrecarga de trabajo de sus empleados. El avión siniestrado era un modelo antiguo, cercano a su desguace, y es preciso conocer con detalle si pasó estrictamente todas las revisiones obligatorias que, como es sabido, están rigurosamente tasadas por el regulador de aviación civil que sigue las recomendaciones del fabricante. Y, como se ha publicado, tras una salida fallida, el piloto de ese vuelo regresó al estacionamiento a realizar una reparación antes de emprender definitivamente su último viaje.

Todo esto debe ser cuidadosamente investigado, más que para resarcir a quienes ya no pueden volver a la vida, para que el principio civilizador actúe y la sociedad constate que existen mecanismos automáticos para fortalecer su propia integridad.

Sentado esto, resulta también inevitable ceder a relativización de que hablábamos al principio. Las diferencias políticas e ideológicas, las crisis ocasionales, las coyunturas más o menos encrespadas, ceden todo protagonismo al imperio del gran dilema entre la vida y la muerte.

Y es quizá oportuno llegar a una conclusión personal, que nada tiene de admonición ni de moraleja: no está mal mantener en la prosa diaria de lo racional y pedestre un punto de idealismo.