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El intenso intervencionismo del Gobierno en el cierre de las páginas webs

Francisco José Navarro (Magistrado de la Audiencia Nacional)
8:03 - 27/01/2010

Se ve que al legislador la tutela judicial, tanto civil como penal, que se venía brindando hasta ahora para proteger la propiedad intelectual -que, en esencia, es una propiedad, como la que recae sobre una finca o unas acciones- no le parece suficiente y ha arbitrado una nueva e intensa intervención, ahora administrativa, que es la que vamos a comentar.

El anteproyecto es sumamente confuso e indefinido y, siguiendo un hábito legislativo pintoresco, se introduce como pieza extraña en otra ley, la de economía sostenible, en la que parece caber de todo, como en aquel Congreso del Mundo que imaginó Borges en uno de sus cuentos más memorables.

Para analizar la bondad o no de su regulación hay que reunir fragmentos dispersos de varias leyes. Falta la comprensión de lo que se omite deliberadamente, de lo que se olvida por mala técnica normativa o lo que se relega al posterior reglamento. Pero lo que se nos da a conocer sí nos permite un cierto motivo para la justificada crítica, aun aceptando que un anteproyecto es un texto sujeto por esencia a alteraciones.

Lo que esta polémica iniciativa hace, básicamente, es dotar a la Administración de una competencia nueva, a partir de cuyo hecho crucial gira todo lo demás. Así, "?se introduce una nueva letra e) en el art. 8.1 de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información con el siguiente tenor: e) La salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual".

Interrupción del servicio

Eso significa que, además del juez civil y del juez penal, le surge ahora al titular del derecho de propiedad intelectual un tercer protector, el Ministerio de Cultura, lo que remite la tutela judicial, en tal caso, a un control a posteriori que se agrega a los dos primeros y, a nuestro juicio, los perturba e interfiere seriamente.

Es a la temida Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual a la que se encomiendan las funciones de los artículos 8, 11 y concordantes de dicha Ley 34/2002. La novedad es que se sustituye una norma de tutela judicial integral y directa por otra en que se permite a un órgano administrativo la muy grave decisión de interrumpir per se la prestación de un servicio de la sociedad de la información o retirar los contenidos que vulneren la propiedad intelectual: hablando en plata, cerrar sitios web y cosas así.

En suma, se atribuye a la Comisión una competencia exorbitante que permite sacrificar un derecho fundamental -uno de los consagrados en el artículo 20 de la Constitución, como la libertad de expresión o de información- para que prevalezca otro derecho de menor rango que éstos, el de propiedad intelectual.

Estas rotundas medidas no son otra cosa que sanciones -su semejanza con los hechos que dan lugar al castigo penal así lo revela- en las que están ausentes elementales garantías jurídicas. Basta citar dos, entre las clamorosas: la tipicidad, tanto de las conductas infractoras como de las sanciones que les corresponden; y, sobre todo, la presunción de inocencia, con la que el proyecto arrambla abruptamente, vista la facilidad de ejecución de la medida, antes de que pueda articularse seriamente la más mínima defensa jurídica contra ella.

Sospecha de su legalidad

En otras palabras, será ahora el sancionado quien deba reaccionar judicialmente frente a un mandato o prohibición que se le impone, en contra del sistema actual en que, conforme a un esquema que ya procede del Derecho Romano, quien se considerase agraviado -aquí lo sería el autor o compositor- era quien debía acudir al juez para el restablecimiento de su derecho.

Por otra parte, se puede ejecutar sin miramientos una sanción antes de que un Tribunal de Justicia tenga oportunidad de examinar si proceden medidas cautelares frente a ella, tal como el Tribunal Constitucional preceptúa, sin que tal garantía pueda ser reemplazada por esa especie de interdicto que no parece diseñado para que el juez pueda impedir la efectividad inmediata de la medida ante la sospecha de su ilegalidad o, simplemente, de que en el conflicto subyace una cuestión civil.

La fórmula legal acrecienta el peligro de arbitrariedad, ya que la intervención se monta sobre nociones indeterminadas, cuya interpretación se reserva la citada Comisión, que decidirá si la propiedad intelectual se ha vulnerado, si ha habido "ánimo de lucro, directo o indirecto", o si se ha pretendido causar un daño patrimonial. Incluso se la apodera para decidir si somete al juez la autorización de la medida, ya que valorará prima facie si está comprometido alguno de los derechos del artículo 20 CE.

Competencia natural

Por un lado, se mantiene formalmente la garantía del artículo 11.3 de la Ley 34/2002, que exige la decisión judicial para autorizar el secuestro de páginas de Internet o su restricción cuando tal decisión afecte a los derechos y libertades de expresión e información y los demás del citado art. 20. Pero, por otro, se priva al juez civil de una competencia natural suya, concebida en garantía de los ciudadanos, por una pseudogarantía que sólo de forma tardía, limitada y pro forma desemboca en el control judicial, que parece pensado como coartada para acallar las voces críticas que denunciaron el asombroso parecido de los cierres de páginas web con el secuestro de publicaciones, que sólo el juez, por mandato constitucional, podía acordar (art. 20.5 CE).

Además, el mini incidente procesal que se arbitra para la ejecución de estas medidas cuando la Comisión, cuya composición ignoramos pero sospechamos, acuda a él, no hace sino provocar nuevas incógnitas: ¿Cuál es el ámbito de decisión del juez? ¿Puede analizar la legalidad del acto de la Comisión? ¿Puede valorar la objetividad o proporcionalidad de la medida?

Preguntas que no son ociosas, porque la reforma asigna a la Audiencia Nacional la competencia sobre los acuerdos de la Comisión referida; esto es, las medidas acordadas. Lo habitual será que se emprenda un proceso contra una decisión de cierre o interrupción de la prestación ya ejecutada y sobre la que, por tanto, la Sala tendrá las manos atadas para adoptar medidas cautelares al respecto, no imposibles en el plano conceptual, pero sí dificultadas por la ejecución a toque de corneta acordada en el incidente previo.

Además, es inexplicable que se instaure un procedimiento exprés de cuatro días, lo que no sucede ni siquiera en materia de derechos fundamentales, para amparar un derecho que no es fundamental, pese a algún lapsus linguae de quien, por su cargo, no debería incurrir en ellos.

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Comentarios 31

#1
27-01-2010 / 08:56
hackthewifi
Puntuación 18

No es tan malo en tanto en cuando nos acerca a los "anónimos ciudadanos" a un enfrentamiento frontal y radical con la Administración.

Solo los superhombres podrán enfrentarse vía penal contra las decisiones retrogradas y arbitrarias de estos idiotas de la Administración y sus satélites lameculos ante un tribunal; no todos los jueces son tan pardillos ni están desesperados a causa de sus malas inversiones y no todos aceptan la intromisión de estos sinvergüenzas en los asuntos que atañen al buen funcionamiento de la sociedad.

Que algunos Ministerios o Gobiernos (como sucede en España) sean colaboradores activos de bandas armadas, terroristas y narcos no significa que esté todo perdido. El miedo que se lo metan a lso jubilados bajándoles las pensiones cuando dicen que las han subido.

Muchos no estamos dispuestos a estos atropellos cometidos por esta banda de delincuentes en el Poder.

#2
27-01-2010 / 09:18
Puntuación -7

Por la libertad en internet: "VUELA SOBRE SINDE"

Haz clic en mi nombre para descargarte, legal y gratuitamente, la animación y/o el salvapantallas "VUELA SOBRE SINDE" y compártelos con todos tus amigos.

#3
27-01-2010 / 11:19
AMD
Puntuación 17

Hay que devolverles el favor a los "artistas-accionistas" de la SGAE. ¿Qué vendrá después ZP? ¿La creación del Ministerio de la Propiedad Intelectual y los Derechos de Autor? Venga sigue ocupando tu tiempo en temas menores y absurdos ya que en asuntos como la economía, el paro, la corrupción a todos los niveles y la inseguridad ciudadana vas más que sobrado.

#4
27-01-2010 / 12:31
pajaro
Puntuación 19

Lo que sucede es que estos tios tan poderosos estan acojonados porque con internet la información circula libremente. Entendiendo por información algo que alguien no quiere que se sepa.

#5
27-01-2010 / 13:56
MALHUMORADO
Puntuación 14

Que no olviden nunca estos señores artistas que nosotros somos sus potenciales consumidores.

Ya nos cobran el canon digital por la compra de CDs etc.

Yo ya tengo un par de "artistuchos" de estos a los que no le voy a comprar un cd de esos que publican que como mucho merece la pena 1 cancion y el resto es todo basura.

Luego que vayan corriendo a sus amigos a perdirle subvenciones. Lo dicho nosotros somo sus potenciales consumidores y yo ya no voy a gastarme ni un centimo de euro en engrsosar sus cuentas bancarias

#6
27-01-2010 / 14:22
Borja
Puntuación 19

Lo siento x la industria músical española, pero tienen más que perder que ganar. X mi parte si ya ganaban poco ahora menos y abogo por un boicot total contra los músicos que defiendan el canon.

#7
27-01-2010 / 14:32
Carlos
Puntuación 19

Este es el mejor artículo que he leído sobre el intento de transformar la justicia en forma descarada y desproporcionada por parte de la SGAE, la ministra Gonzales Sinde y el Ministerio de Industria.

Más claro, imposible.

Lo mejor es cuando dice: "Estas rotundas medidas no son otra cosa que sanciones -su semejanza con los hechos que dan lugar al castigo penal así lo revela- en las que están ausentes elementales garantías jurídicas."

La Ley de Economía Sostenible, sólo busca sancionar (cerrar sitios web supuestamente infractores) para después analizar en un largo proceso si fué correcta o no la desición.

Pero no sólo eso, sino que el órganismo sancionador (la ley lo llama Centro de Arbitraje denominación que provoca carcajadas en este caso) está formada por los propios damnificados de las acciones que se busca reprimir. Es decir, las gestoras de los derechos son los que sancionan (con bendición legal y presidencial) a los sitios web que ellos mismos creen que no respetan sus propios derechos.

En dos palabras: autoritarismo y venganza.

#8
27-01-2010 / 14:46
ratel
Puntuación 9

Esta aberración de ley es el pago de Zapatero para hacerse la

foto con Obama. Un precio desmedido para un momento de gloria estúpida de pelotilla

#9
27-01-2010 / 15:50
ingenuos
Puntuación -35

Pero es que no os dais cuenta de la cantidad de páginas y servicios web que lucran con contenidos protegidos?? Rapidshare, megaupload, depositfiles, etc. se están forrando gracias al trabajo de los artistas y la desfachatez de los que por el tema del canon (discutible) se bajan los contenidos sin un atisbo de culpabilidad.

#10
27-01-2010 / 16:01
túsiqueeresingenuo
Puntuación 19

La sgae sí que se está forrando... que sólo con el canon violan la presunción de inocencia...

#11
27-01-2010 / 17:28
Juan
Puntuación -1

Enhorabuena por el artículo, muy bueno de verdad.

Dejo unas preguntas por si alguien se anima a plasmar su opinión...

Si aprueban la ley tal y como está... ¿suprimiran o rebajaran el canón digital? Porque en teoría habría menos descargas... no?

Si incrementaran, por ejemplo, 10 euros la mensualidad de Internet y este dinero se usara para cubrir el no ingreso por descargas... ¿se darían por satisfechos? Yo quizás estaría dispuesto a pagarlo... porque en verdad todos sabemos que descargar todo de gratis no está bien del todo...

Si hicieran caso a los trabajadores de la SGAE y les auditaran a fondo para comprobar en que gastan el dinero que ingresan por el canon y que tienen que reinvertie en fomentar el sector... ¿que pasaría?... alguien sabe cuántos teatros ha comprado ya teddy Bautista... ???

En fin... me podría tirar horas haciendo preguntas de este tipo... saludos!

#12
27-01-2010 / 19:20
Pacus
Puntuación 7

Muchas gracias a los jueces que defienden nuestro estado de derecho, sobre los supuestos derechos económicos de una poderosa minoría. Y ya me gustaría saber el nombre de esta miserable minoria, que el boicot que les organizaría iba a ser suave... (En la página de la SGAE la lista de artistas adscritos, cada vez que he mirado, nunca ha estado disponible... las cucarachas se esconden al ruido)

La SS es un abuso flagrante sobre los derechos fundamentales de todos, incluidos los corsarios de la SGAE y sus ambiciosos artistuchos (que prefieren perder derechos a cambio de recibir algun dinero, aunque este dinero sea "obtenido" con dudosos medios y más escandalosos repartos). El daño que está haciendo esta gentuza al prestigio de la industria musical española...

Esta ley, absurda y grotesca en el conjunto de leyes españolas, mas que defender los intereses de una minoria de artistuchos, parece que quisiera "legalizar" la censura en internet. Es el único medio de comunicacion donde l@s ciudadan@s nos puedemos expresar como y cuando queramos, los politicuchos (de cualquier partido) lo dejan a la arbitrariedad de una minoria avariciosa y nociva para la sociedad.

Mi más profundo agradecimiento y apoyo a todos las personas (politicos, juristas, ciudadanos con voz ("internautas") y resto de ciudadanos) que defienden los derechos de TODOS. Y para los "otros", un aviso: estais intentando cruzar la raya de lo tolerable, cuidado, vais a romper el saco.

#13
27-01-2010 / 19:21
Ingenuoquien?
Puntuación 4

Alguien debería aprender a no morder de la mano que le da de comer.

#14
28-01-2010 / 00:06
Teddy & Company
Puntuación 1

LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE 1, CONSTITUCION 0

#15
28-01-2010 / 00:53
alejandro
Puntuación 1

XD Otro ejemplo más de lo patética que es la democracia en este "país", "nación", "estado" o "estado de autonomías" yo no se como llamarlo. Yo estoy empezando a pensar que los partidos se financian a través de la SGAE porque sino no entiendo como se puede pisotear así la venerada (según viene a cuento) constitución. Eso si que sigan vendiendo cds (para que innovar en el producto si la peña es tonta), tengo un MP4, ¿señores de las discograficas, como meto un cd ahí dentro? no me vale el cuento de pasarlas por ordenador porque según ellos eso es ILEGAL.

#16
28-01-2010 / 02:05
Agus
Puntuación 1

No os dais cuenta.. no os dais cuenta ?...anda que tu si que te das cuenta del mundo en el que vives, que nos tienen como hamsters dando vuelvas a una puta rueda, solo falta que nos cobren por respirar o por el metro cubico de mierda que cagamos, la sociedad hou dia es una carcel a cielo abierto, plagada de buenas caras y asesinos.

#17
28-01-2010 / 08:57
Largo
Puntuación 1

#9 Y tú crees que con esta ley van a acabar con la piratería?

tienes internet desde hace dos dias no?

#18
28-01-2010 / 11:07
ASMPREDATOR
Puntuación 2

Para 9:

Si nos damos cuenta, yo pago una cuenta premium de Rapidshare y bien a gusto, por lo menos no resulta la ruina de pagar por nada, no pago para que Bautista nos siga tomando el pelo o para que la ministraja nos siga vendiendo sus intereses, sus legalidades interesadas y manipuladoras no me engañan , prefiero pagar a Rapidshare al menos obtengo algo a cambio de pagar.

#19
28-01-2010 / 11:15
asmpredator
Puntuación 4

Menos mal que los ladrones y asesinos todavía, ya llegará, no pueden hacer lo mismo que quiere hacer la SGAE, a saber:

Como los jueces no nos dan la razón en nuestras demandas, los apartamos y seremos nosotros quienes les diremos a los jueces que es legal y que no.

¿Os imaginais que los ladrones y asesinos pudieran hacer lo mismo?

#20
28-01-2010 / 11:24
saul
Puntuación 5

Me gustaria saber si para pasarse la constitucion por el forro no hacia falta un referendum

#21
28-01-2010 / 13:35
Jmbiker
Puntuación 3

¿No es PROPIEDAD INTELECTUAL lo que cada uno piensa, y publica?

¿O es solo "propiedad intelectual" lo que publican los amigos de los que están en el poder?

La ley no es más que un modo censura a disidentes, basándose en unos supuestos delitos...

Después, el ciudadano aislado e incomunicado, deberá pagar de su bolsillo su propia defensa.

#22
28-01-2010 / 15:04
Pepe
Puntuación 3

A mí todo esto me suena como si uno llevara su cafetera defectuosa a Consumo y se encontrara con que quien va a recibir su reclamación es la hija del fabricante (funcionaria y presidenta del tribunal de arbitraje), un empleado del fabricante (vocal primero), un representante de la patronal de pequeños electrodomésticos (vocal segundo) y un pasante del despacho de abogados del fabricante (secretario). Con un equipo así también gano yo cualquier liga...

#23
28-01-2010 / 15:08
txape
Puntuación 3

#9. El único modelo de negocio posible en internet, a mi juicio, es la creación de un sitio web donde estén todos los contenidos con derechos de autor (películas, libros, música, series, etc), y dar la opción de por una tarifa plana de unos 60€ anuales tener descargas ilimitadas. De esa manera los ingresos serían brutales, a parte se podrían seguir vendiendo formatos físicos, pero desde luego que no al precio actual. El reparto entre artistas sería equitativo, porque se haría por descargas recibidas. Saldrían perdiendo Alejandro Sanz, Rosario Flores y compañía, ya que si les pagaran en función de las descargas y no de los pinchazos en la radio, sus ganancias mermarían, y las de los artistas de a pie subirían...

#24
28-01-2010 / 17:59
anonimo
Puntuación 2

Si pagas canon, por si "pirateas", piratea!

#25
28-01-2010 / 21:06
tip
Puntuación 3

El legislador está aprovechando, conniventemente con una asociación de "empresas privadas", incrementar el control sobre la libre circulación de ideas y opiniones, convirtiendo de facto a internet en un "estado policial virtual". Control, control, y control.

Siempre pense en internet, como un mundo virtual, sabio, generoso, libre, y democátrico, para la difusión de ideas. Posibilitando el acceso a la información en los sectores sociales menos favorecidos.

Respecto del artículo de arriba, chapeau al juez. Lo suscribo al 100 x 100.