Sinde recuerda a las empresas que tienen que seguir pagando el canon

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La ministra de Cultura, González-Sinde.

El director de Política e Industrias Culturales, Santos Castro, ha asegurado este jueves que la sentencia de la Audiencia de Barcelona que exime a una tienda de pagar el canon exigido por la SGAE "no deroga una orden ministerial", por lo que las empresas "tienen que seguir pagando".

"La orden ministerial sigue vigente y es, por tanto, de obligada aplicación", ha recordado Castro, quien ha asegurado que esta normativa, actualmente en revisión dos años después de ser dictada, fija los dispositivos que tienen que someterse al canon y el precio que deben pagar.

Por eso, Castro ha insistido en que hasta que no se renueve esa orden y se modifique la normativa del canon digital en un plazo máximo de tres meses, las empresas y las administraciones públicas tienen que seguir pagando el gravamen independientemente del fallo de la justicia europea y de la sentencia de la Audiencia de Barcelona.

Este tribunal, en la primera sentencia sobre el controvertido canon digital, ha absuelto a la empresa Padawan de todas las reclamaciones que planteaba la SGAE, que además deberá pagar las costas del proceso judicial.

El origen de una posible jurisprudencia

La SGAE reclamaba 16.759 euros a la tienda Padawan, que logró con varios recursos que el tribunal europeo declarara no conforme al derecho comunitario la "aplicación indiscriminada" del canon, en particular a equipos, aparatos y soportes -como CD o DVD- que estén reservados a usos distintos a la realización de copias privadas.

El director de Industrias Culturales ha explicado que la sentencia de Barcelona hay que valorarla junto al fallo el pasado octubre del Tribunal de Justicia de la UE, que dictaminó que el sistema aplicado en España era conforme a la directiva comunitaria, si bien "había que corregir su aplicación indiscriminada".

"Nuestra normativa del canon digital es ajustado a derecho comunitario", ha subrayado Castro, tras lo cual ha recordado que el Gobierno adecuará el dictamen de la justicia europea en el plazo de tres meses, tal y como se incluye en la Ley de Economía Sostenible aprobada el pasado 15 de febrero.

"La tarea que tiene el Gobierno marcada en la Ley de Economía Sostenible es hacer ese ajuste y esa modificación de nuestra normativa siguiendo la directriz comunitaria", ha añadido Santos Castro.

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