Los estudiantes expedientados por la UAB se enfrentan a una expulsión de hasta once años

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Barcelona, 28 nov (EFE).- Los estudiantes expedientados por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) se enfrentan a una sanción que implica su expulsión de la universidad que puede ser de hasta once años, según ha informado a EFE uno de los estudiantes afectados.

Las mismas fuentes han señalado que anoche su abogado les comunicó las sanciones que se proponen en la instrucción de los expedientes disciplinarios, y contra las que tiene previsto presentar alegaciones, aunque todavía no son firmes.

Los 31 estudiantes se enfrentan a la expulsión de la universidad durante un periodo de tiempo que puede llagar hasta los once años por faltas tipificadas como "manifestación contra la institución" y "falta de probidad" (rectitud al actuar), y que en total suman 83,5 años.

Este estudiante afectado, para el que se piden tres años, ha explicado que para que la propuesta de sanción sea firme debe estar ratificada por el Rector de la UAB, Lluís Ferrer, y por la candidata a Rectora, Anna Ripoll.

Para los estudiantes, la instrucción ha aplicado un reglamento franquista que no ha respetado los mínimos del Estado de derecho, y se ha aplicado un procedimiento de instrucción partidista, irregular, y en el que se ha violentado la presunción de inocencia.

Consideran que la apertura, instrucción y sanciones no tienen otro objetivo que el de reprimir el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión y manifestación de los estudiantes que denunciaron y reclamaron públicamente la dimisión del equipo de gobierno y de la decana de la Facultad de Letras por la carga policial del pasado 4 de marzo a la Facultad de Letras.

También denuncian en un comunicado que este expediente pretende reprimir a los estudiantes que denunciaron el intento de aprobación irregular de los nuevos planes de estudio en una Junta que ahora se encuentra impugnada y en contencioso administrativo.

Añaden que este procedimiento, junto con el proceso judicial abierto contra 15 estudiantes por los mismos hechos, demuestran la clara incapacidad del equipo de gobierno para dialogar y resolver políticamente un problema político sobre una reforma universitaria, y no un problema de orden público, como ha declarado reiteradamente el Vicerrector de Estudiantes, Joan Carbonell Manils.

Igualmente aseguran que el Equipo de Gobierno sólo ha abierto vías de comunicación con los estudiantes a raíz de una iniciativa de parte del profesorado, y cuando ya estaban abiertos los procedimientos sancionadores.