Reuniones, protestas y reforma fiscal con alcances inciertos en Cuba

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José Luis Paniagua

La Habana, 7 feb (EFECOM).- La decisión de las autoridades cubanas de que los nacionales que trabajen para firmas extranjeras paguen un impuesto por las "gratificaciones" que perciben en divisas se han traducido en reuniones y protestas con un repercusión aún incierta.

Desde hace semanas esos cubanos están preocupados, confusos y hasta enojados por una resolución del Ministerio de Finanzas que les obliga a tributar por las "gratificaciones", nombre ambiguo para los "incentivos" en divisas que pagan las empresas extranjeras.

La disposición establece que aquellos que tengan percepciones en divisas paguen impuestos que van desde el 10 por ciento, si se perciben al año menos de 2.400 pesos convertibles (unos 2.600 dólares), al 50 por ciento para quienes reciban más de 60.000 pesos convertibles (unos 65.000 dólares).

Alcanza a aquellos que trabajan en firmas extranjeras, que por ley tienen que contratar a cubanos a través de una empresa del Estado a la que pagan en moneda convertible por esos servicios.

Esa firma estatal, a su vez, retribuye a los trabajadores en pesos cubanos (moneda nacional o PUC, que equivale a 0,04 pesos convertibles o CUC, a su vez cambiados a 1,08 dólares).

Desde los años 90, durante el "periodo especial", como se denomina en Cuba a la crisis padecida al derrumbarse el bloque socialista europeo, se extendió la práctica entre las firmas extranjeras de dar un "suplemento salarial" en divisas a los empleados, dada la escasa paga de la respectiva firma estatal.

Ese estipendio, ilegal pero consentido, es independiente del salario en moneda nacional, que en Cuba llega, en promedio, a 408 pesos (unos 20 dólares).

En algunos casos el salario "normal" en pesos cubanos puede representar el 10 o 20 por ciento de la paga en convertibles, y en otros, dado que la gratificación es discrecional por parte de la empresa, el primero puede quedar reducido a mera anécdota.

Los empleados contratados para firmas extranjeras por medio del conglomerado estatal Cubalse han recibido en las últimas semanas, personalmente y por carta, la información del nuevo "Impuesto sobre los Ingresos Personales para el personal cubano y extranjero que labora en Entidades Extranjeras radicadas en Cuba".

Cubalse adoptó esa opción después de que el 12 de enero la Agencia de Contratación a Representaciones Comerciales (ACOREC, estatal) tuviera una reunión con sus empleados para explicarles la medida en un encuentro que fue, por momentos, subido de tono, por las protestas de los trabajadores.

La alternativa de Cubalse evita la reproducción del problema de ACOREC, pero Almacenes Universales, otra contratista de empleados, vinculada con las Fuerzas Armadas, tiene hoy su reunión para informar sobre la medida.

"Estamos seguros de que usted, perteneciente al Sindicato de Trabajadores Civiles de la Defensa, fiel a las tradiciones de lucha y espíritu revolucionario de los trabajadores de este organismo, comprometido con la defensa de la patria y el socialismo que construimos, dará una muestra de confianza en las decisiones que toman nuestro Estado y Gobierno", dice la convocatoria.

Para expertos fiscales consultados por Efe, la medida puede buscar que no se agudicen las diferencias salariales entre los cubanos que trabajan para extranjeros y los que no, aparte de aumentar los ingresos tributarios.

Pero el problema de las gratificaciones llega más allá del mero rascarse el bolsillo.

La legislación prohíbe explícitamente que los cubanos que trabajan para firmas extranjeras perciban remuneraciones en divisas.

Según una grabación de la reunión de ACOREC a la que accedió Efe, uno los encargados de explicar la normativa indicó que los abogados del Ministerio de Finanzas están "estudiando el problema" y, por ello, no se debe "esperar a arreglar el código de conducta para cumplir con esta obligación".

Para un analista extranjero consultado por Efe, todo esto, aunque puede tener sentido como política fiscal, "es una decisión errónea" por su forma de aplicación, ya que tendrían que haber cambiado previamente "los estatutos de todas las empresas empleadoras, el contrato mismo de los empleadores".

La medida, que afecta a unas 5.000 personas, no es más que una anécdota en el mercado laboral cubano, donde la inmensa mayoría no recibe esas percepciones.

Un experto opinó que "todos los empleados terminarán aceptándola" porque acceder a un carro, viajar a una reunión corporativa en el extranjero o tener una cuenta de correo electrónico se consiguen si trabajan en una empresa extranjera. EFECOM

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