Administrador Lovipro asegura que fue apartado de sus funciones en diciembre

Puntúa la noticia :

Nota de los usuarios: - (0 votos)

Barcelona, 15 feb (EFECOM).- El administrador único de la promotora inmobiliaria Lovipro, Juan Antonio Barragán Sánchez, ha asegurado hoy en un comunicado difundido por su abogado que el pasado mes de diciembre fue apartado de sus funciones y ha acusado al propietario de las sociedades del grupo, Guy Gusin, de la presunta estafa.

Un grupo de compradores de viviendas denunció ayer a través del despacho Roca & Asociados que Barragán les había cobrado importes superiores a un millón de euros a cuenta de futuros inmuebles y había desaparecido dejando deudas de más de 40 millones de euros.

Barragán ha negado este extremo y ha subrayado que su intención "siempre fue y sigue siéndolo, realizar ventas para así poder cumplir con todos los compromisos" con los acreedores, clientes y entidades financieras.

No obstante, según la versión de Barragán, todas las gestiones y el control de las compañías se canalizan desde el pasado mes de diciembre a través de un despacho de abogados de Barcelona.

Barragán ha añadido en el escrito que el pasado mes de enero le indicaron que debía firmar una escritura pública de dación en pago de deuda, lo que suponía, a su entender, un delito de alzamiento de bienes y la consiguiente descapitalización de la sociedad matriz Setbez, de la que pende Lovipro Residencial.

Él se negó a firmar el documento -según su versión- por considerar que se trataba de una operación de blanqueo de capitales en la que intervenía una sociedad luxemburguesa, cuyo principal accionista es Guy Gusin.

Por estos hechos interpuso contra el propietario del grupo una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 25 de Barcelona.

Los perjudicados por la presunta apropiación indebida y estafa difundieron ayer su historia para buscar a otros acreedores en su misma situación.

El bufete que les representa se vio obligado anteayer a presentar el concurso necesario de una de las sociedades del grupo, Lovipro Residencial, como única vía para tratar de recuperar una parte de sus inversiones.

En las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, correspondientes a 2006, esta sociedad declara un pasivo superior a los 25 millones de euros, cifra que se eleva a más de 40 millones de euros en el conjunto del grupo, integrado por diez sociedades que sólo en los juzgados de Barcelona suman 70 demandas de sus proveedores.

Según la abogada Raquel Álvarez, del despacho Roca & Asociados que defiende los intereses de los compradores, existen posibles responsabilidades penales que se depurarán con la presentación de una querella.

Los afectados sólo encontraron un terreno todavía por desbrozar allí donde deberían haberse construido sus viviendas, que tenían que haberse entregado el pasado mes de diciembre. EFECOM

mf/mg/jrr/jma