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AMPL-Más de 20 jueces de Balears están llamados a la huelga el 18 de febrero convocada por Francisco de Vitoria y el FJI

30/01/2009 - 21:24

Un total de 21 jueces de Baleares están llamados a la huelga el próximo 18 de febrero, tras haber sido convocada por la asociación Francisco de Vitoria (FdV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), después de que el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, les "vendiera humo" en la reunión del pasado 26 de enero en la que se comprometió a destinar un fondo de 20 millones de euros a la modernización de la planta judicial.

Ambas asociaciones acusan a Bermejo de "venderles humo" y califican de "ridícula" su oferta de 20 millones para mejorar el sistema informático PALMA DE MALLORCA, 30 (EUROPA PRESS)

Un total de 21 jueces de Baleares están llamados a la huelga el próximo 18 de febrero, tras haber sido convocada por la asociación Francisco de Vitoria (FdV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), después de que el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, les "vendiera humo" en la reunión del pasado 26 de enero en la que se comprometió a destinar un fondo de 20 millones de euros a la modernización de la planta judicial.

En declaraciones a Europa Press, los portavoces de FdV y FJI, Marcelino Sexmero, y Conrado Gallardo, que representan a 20 y 1 jueces de las islas, respectivamente, criticaron que en el citado encuentro, Bermejo "no puso encima de la mesa ningún acuerdo negociable", más allá de anunciar una "ridícula" partida de 20 millones para mejorar el sistema informático de la justicia.

Así, Sexmero recalcó que el ministro "no está dispuesto a llegar a ningún acuerdo" con las asociaciones de jueces y, en este sentido, consideró que existe una "falta de diseño" de lo que tiene que ser la justicia en España por parte del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

Por este motivo, señaló que la actitud de Bermejo respecto a las reivindicaciones de los jueces, que exigen una mejora de sus condiciones laborales y una menor carga de trabajo, "nos obliga a hacer presiones", como la convocatoria de una huelga para el próximo 18 de febrero, pese a que, en un principio, sólo estaba previsto un acto de protesta.

En similares términos se expresó Gallardo, quien dijo que ante la falta de compromiso por parte del ministro, FJI no ha tenido otro remedio que convocar una huelga, pese a que admitió que no le convence el hecho de que se "rompa la unidad asociativa", dado que, por el momento, de la convocatoria se han descolgado las otras dos principales asociaciones judiciales, Jueces para la Democracia y Asociación Profesional de la Magistratura.

DIVISIÓN EN LAS ISLAS

El pasado 21 de enero, la Junta de Jueces de la Audiencia Provincial de Palma aprobó por unanimidad convocar una protesta el próximo 18 de febrero en Palma para expresar su malestar ante las deficiencias del sistema judicial, si bien rechazó la convocatoria de una huelga.

Por su parte, el partido judicial de Manacor también apoyó la protesta del 18 de febrero, así como la huelga del 26 de junio en caso de que finalmente se lleve a cabo, mientras que el partido judicial de Ibiza aprobó celebrar una jornada de paro el 18 de febrero. En el caso de Mahón, el partido judicial asumió por unanimidad la tabla de reivindicaciones de las cuatro asociaciones de jueces, pero eludió pronunciarse sobre la jornada de protesta del 18 de febrero y la huelga del 26 de junio.

"El Ministerio de Justicia ha conseguido dividir y echar para abajo el trabajo de cuatro años de unidad asociativa", criticó el portavoz de FJI, al tiempo que manifestó que tanto la asociación Francisco de Vitoria, como el Foro Judicial Independiente, que representan a 540 y 265 jueces en toda España, respectivamente, han decidido convocar la huelga tras escuchar a sus asociados.

Gallardo estimó que la promesa de Bermejo de destinar 20 millones de euros para mejorar el servicio informático del sistema judicial es una "gota en el mar de problemas que tiene pendientes la justicia en estos momentos", por lo que calificó esta oferta como una "tontería y una provocación", dado que, a su juicio, "ya se había decidido esta partida antes de que las asociaciones anunciaran sus reivindicaciones".

Por este motivo, el portavoz del FJI estimó que el ministro "no es un interlocutor válido" en las negociaciones, ya que "no está dispuesto a modificar ni un ápice su conducta y no va a resolver ningún problema porque no quiere dar una respuesta real y efectiva a nuestras peticiones".

Por otra parte, Gallardo resaltó que el principal objetivo de las asociaciones judiciales es "convencer a la ciudadanía" de que el problema de la Justicia, en referencia a los retrasos en la celebración de los juicios, "no son los jueces, sino los políticos, que son los que tienen la llave para resolver los problemas".

"Nos da igual quién sea nuestro interlocutor, pero queremos a alguien que proponga soluciones que permitan que la Justicia funcione con eficacia y respete la independencia judicial", concluyó el portavoz del FJI.


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