La Fiscalía investiga si Dico sobornó a políticos hasta en ocho localidades

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A las diez de la mañana, Miguel Bernad, secretario del sindicato de funcionarios Manos Limpias acudía al despacho del fiscal, en los Juzgados de Plaza Castilla. La Fiscalía investiga el presunto pago de sobornos a políticos por parte de la constructora Dico, en ocho localidades situadas en Castilla-La Mancha, Madrid y Andalucía.

Se trataría de los municipios de Toledo, Ciudad Real, Boadilla del Monte, Las Rozas, Majadahonda, Valdemoro, Cadiz y Vera. El secretario del sindicato amplió la documentación aportada con las explicaciones del ex directivo de la compañía y autor de la denuncia, David Merino, sobre el funcionamiento de la Caja B.

Hitos urbanísticos

Según ese documento, los pagos se efectuaban "a medida que se cumplían hitos urbanísticos, recalificaciones, aprobaciones... Aparte del dinero en efectivo, se utilizaron otras prácticas, como entrega de lotería premiada y propiedades." La declaración se realizó en presencia del abogado de la compañía Rodríguez Ramos que, según fuentes cercanas a la empresa, aseguró que "no existía ninguna prueba fehaciente que demostrase las declaraciones de Merino".

Sin embargo, en la nueva documentación aportada aparecen los pagos efectuados a través de la Caja B. Entre otros, figura un pago de 60.000 euros Majadahonda Guili y otro a Cargos políticos de Vera por unos 113.000 euros. Los cuadros aportados de la contabilidad B sólo corresponden a unos meses de 2003, pero Bernad aseguró, a su salida de los Juzgados, que el ex directivo de Dico poseía mucha más documentación sobre el dinero B que movía la compañía.

También declaró ante el fiscal Francisco Gutiérrez, director general de obras de Dico, que negó las acusaciones de Merino. Las fuentes consultadas aseguran que todo obedece a una venganza personal por parte de un antiguo socio y que todo es falso.

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