El Código Penal tipificará por primera vez la corrupción entre particulares

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El ministro de Justicia, Francisco Caamaño

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, avanzó que el proyecto para la reforma del Código Penal que el Gobierno pretende enviar al Congreso de los Diputados "al inicio del próximo periodo de sesiones", que comienza en septiembre, tipificará "por primera vez" los delitos de corrupción entre particulares.

"Hasta ahora la corrupción sólo se ve entre funcionarios públicos o servidores públicos y particulares. Sin embargo, se van a admitir también y regular por primera vez las fórmulas de corrupción entre particulares", explica Caamaño en una entrevista concedida a Europa Press, en la que añade que la reforma incluirá también "aspectos muy novedosos" como la tipificación de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas.

Cohecho entre funcionarios públicos

El anteproyecto de ley, que fue aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre pasado, contempla penas de seis meses a cuatro años de cárcel para los directivos o empleados de empresas privadas que ofrezcan o acepten sobornos. El tipo penal, equiparable al que castiga el cohecho para los funcionarios públicos, pretende garantizar "la competencia justa y honesta entre empresas y evitar actos de corrupción entre los administradores de distintas empresas".

De esta forma, según explica Caamaño, el nuevo Código Penal perseguirá, además de las fórmulas de corrupción entre particulares, "las negociaciones económicas con daño, por ejemplo, para accionistas o con informaciones en contra de la licitud de las empresas a las que uno pertenece y ante las que tiene cabalmente que responder".

Delitos cometidos por empresas

En relación con la "responsabilidad criminal" de las personas jurídicas, el ministro explica que el proyecto acabará con "la idea tradicional de que delinquen las personas y no las sociedades". "Vamos a incorporar también la posibilidad y la cultura de que las personas jurídicas también cometen delitos, con todas las consecuencias que eso tiene para levantar, por ejemplo, el velo de empresas pantalla", afirma.

Para ello, se adoptarán "sanciones obviamente distintas" a las que se imponen a las personas, tales como "la incautación de bienes, la disolución o liquidación de la sociedad, la supresión de su presencia, la asunción o subrogación de los contratos que hayan realizados o la declaración de su nulidad cuando sean ilícitos".

De esta forma, Caamaño explica que "al margen de la personalidad de los individuos que formen parte de la sociedad y de sus administradores", la Administración judicial podrá incautarse de los bienes que se hayan obtenido "gracias a una gestión ilícita". Así, existirá "más capacidad" para "sacar del mercado" empresas que hayan funcionado como "un mero instrumento para la comisión del delito".

20 años de libertad vigilada para terroristas

Otra de las iniciativas que incorporará el nuevo Código Penal será el establecimiento de 20 años de libertad vigilada para delitos graves como los cometidos por terroristas, la no prescripción de este tipo de delitos y el cumplimiento íntegro de las penas a partir de "la firmeza del sistema punitivo". "La libertad vigilada se aplicará a supuestos en los que, dada la naturaleza del tipo de delito del que se trata, es muy difícil la rehabilitación o la salida de prisión genera cierta alarma social debido al tipo de delito que ha cometido", explica Caamaño.

Así, se evitará que las víctimas de atentados tengan que convivir con los terroristas una vez que hayan cumplido sus penas de prisión, para lo cual se dictarán órdenes de protección y alejamiento. "Habrá la posibilidad de que, una vez cumplida la pena, se pueda prohibir a una persona vivir a determinada distancia del lugar donde viven sus víctimas. Esto hasta ahora no era posible, con este Código sí será posible", señala.

En casos como los del ex preso Ignacio De Juana Chaos, que transfirió el piso que había heredado de su madre a su compañera sentimental sin haber saldado la responsabilidad civil que tenía con sus víctimas por ser insolvente, el ministro de Justicia indica que se seguirá "el criterio tradicional de que la acción civil se depura también en el proceso penal y después se procede a la acción civil".

Observaciones del CGPJ

En este punto, Caamaño indica que la reforma del Código Penal incluirá "todas las observaciones" que han realizado el CGPJ y el Consejo Fiscal en sus informes preceptivos, así como las que formule el Consejo de Estado, que lo analiza en la actualidad, siempre que se encardinen "en la coherencia del proyecto".

En su informe sobre la reforma, el CGPJ era "muy crítico" con la aplicación de la libertad vigilada para terroristas y pederastas y establecía una serie de requisitos básicos para la ejecución de la pena accesoria de libertad vigilada. Entre ellos, planteaba la necesidad de prever una figura de asistente o agente de ejecución de la libertad vigilada y recomendaba llevar a cabo "una regulación más detallada de los efectos" derivados del incumplimiento de esta medida.

El nuevo Código Penal también incorporará "medidas específicas" para combatir el terrorismo islamista en relación con "la formación de las asociaciones para delinquir". No obstante, el ministro de Justicia considera que casos como los de las operaciones 'Nova' o 'Tigris', en los que el Tribunal Supremo absolvió a buena parte de los condenados por la Audiencia Nacional, no se van a "solucionar nunca". "Todos los ciudadanos tiene derecho a dos instancias penales. No es un problema de número (de condenados y absueltos), sino del material incriminatorio que tienes", sostiene.

Se descarta la castración química

El proyecto también endurecerá las penas para los delincuentes sexuales, sobre todo en los casos de pederastia, aunque no incluirá la castración química para los condenados que la solicitaran, que fue barajada por el ex ministro Mariano Fernández Bermejo si contaba con la "colaboración" de los implicados. "Se descarta, por supuesto", zanja Caamaño.

De igual modo, se crearán nuevos tipos penales para perseguir delitos relacionados con el ciberespacio, internet y el juego ilegal, y en casos de menor gravedad se sustituirá progresivamente el tercer grado penitenciario por la "localización permanente" mediante dispositivos tecnológicos. "Es una cosa muy importante porque la cárcel no resuelvelos problemas, sobre todo en algunos tipos de delito como pueden ser los vinculados a la circulación de vehículos a motor", señala.

Acuerdo con el PP

Caamaño también espera que el Parlamento incorpore al nuevo Código Penal "meros ajustes técnicos de reflexión jurídica muy estricta" y que se apruebe "indudablemente" con el apoyo del PP porque, según dice, "es el principal partido de la oposición" y ésta es "una norma importante para todos".

"Los climas políticos a veces cambian pero yo tengo la confianza, de la misma manera que hemos contado con su apoyo en la Ley de la Oficina Judicial, que en un cambio fundamental para la justicia de nuestro país, en una norma tan importante, podamos contar con el PP", afirma.

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