El Parlament dice que son los ayuntamientos los que deben actuar ante las irregularidades

Puntúa la noticia :

Nota de los usuarios: - (0 votos)

Barcelona, 29 oct (EFE).- El Parlament ha asegurado que es competencia de ayuntamientos, y no de la cámara catalana, adoptar las actuaciones pertinentes cuando la Sindicatura de Comptes halle irregularidades en sus informes de fiscalización a entes locales, como ocurrió con las cuentas de Santa Coloma de Gramenet.

La Sindicatura de Comptes halló en 2003 irregularidades en varios aspectos de la gestión del alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, como en la adjudicación de obras, aunque ningún grupo del Parlament quiso analizar y debatir el informe cuando se recibió en 2007.

Según ha aclarado hoy el Parlament en una nota "a raíz de las informaciones aparecidas sobre el procedimiento referente al informe de fiscalización" de 2007 en el municipio barcelonés, el reglamento del Parlament establece que "lo único" que corresponde a la Cámara en relación a informes de entes locales es "conocerlos".

En caso de que sean necesarias propuestas de resolución, prosigue el comunicado, "solo pueden hacer referencia a las competencias de la Generalitat, cuyo gobierno es objeto de control parlamentario".

Así, aunque todos los informes de la Sindicatura son "distribuidos y conocidos" por todos los grupos parlamentarios, no se requiere "necesariamente" un debate parlamentario sobre aquellos que afecten a entes locales, algo que sí ocurre con los relativos al Govern y administración de la Generalitat, así como de los organismos, entidades y empresas dependientes.

La nota del Parlament explica que "los entes locales disponen de sus órganos de control democrático, a los que corresponde adoptar las medidas que corrijan las irregularidades que la Sindicatura haya podido observar, o adoptar las actuaciones que se requieran en relación a las propuestas que pueda contener el informe".

"En todo caso -añade-, la Sindicatura, de acuerdo con su ley, debe informar de las responsabilidades en que, bajo su criterio, hayan incurrido los gestores de los organismos fiscalizados y, si es necesario, debe comunicar al Tribunal de Cuentas los casos en relación a los cuales se haya incurrido presuntamente en responsabilidad contable, sin prejuicio de la obligación de comunicar a la autoridad judicial o fiscalía las situaciones que puedan comportar responsabilidad penal".

Dichas actuaciones, sin embargo, son al margen de la tramitación parlamentaria de los informes de fiscalización elaborados por la Sindicatura, ha concluido.