La aplicación de la Ley de Dependencia lleva al cierre de más de mil residencias

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El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero

Rápido, pero en la dirección equivocada. Así parece que se ha corrido en estos casi tres años de aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. Sobre todo, para algunos sectores como el residencial, que se las prometían muy felices y que ahora se ven abocados al cierre de centros.

Para el presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (Fead), Alejandro Echevarría, el balance es "completamente negativo". En su opinión, la ley "se puso en marcha sin recursos, ni sostenibilidad económica y, por esta falta financiera, se está convirtiendo en una ley de subvenciones".

Y es que de las 672.000 ayudas reconocidas hasta la fecha, más de la mitad (el 51,36 por ciento) son para cuidados familiares en el domicilio del beneficiario, mucho más baratas que sufragar el coste de una residencia o apostar por la figura del cuidador profesional.

Convenio especial

Si en un principio se previó alcanzar los 15.000 cuidadores informales, en la actualidad, hay más de 240.000, de los que sólo 80.000 están dados de alta en la Seguridad Social. Esta paguita de la dependencia a la que aludió el ex ministro de Trabajo, Jesús Caldera, la cobran los jubilados y, además, no genera empleo.

Incluso se están concediendo altas laborales mediante el convenio especial previsto para los familiares a empleadas del hogar en "un claro fraude de ley", como ha reconocido el propio Imserso.

Plazas vacías

El resultado hasta ahora es una bomba de relojería para el sector residencial. Las plazas vacías entre estas empresas son un 8 por ciento más que cuando entró en vigor la ley, porque se está sacando a personas mayores de las residencias. En total, hay 60.000 camas menos de las 150.000 plazas existentes, y se han cerrado 1.000 centros en los últimos dos años, debido en buena parte al retraso de los pagos de los convenios firmados por las comunidades autónomas "que están poniendo al borde de la quiebra al sector", asegura Alejandro Echevarría.

Lo peor es que la deriva de la ley está comprometiendo la calidad de la prestación al ser los propios jubilados o personas sin experiencia quienes asumen el cuidado de grandes dependientes y dependientes severos. En opinión del diputado de CiU, Carles Campuzano, "estamos gastando mucho dinero sin garantizar la calidad en los servicios".

Porque no hay que olvidar que, al final, se trata de "un mayor cuidando de otro mayor", recuerda el presidente de la Fead, que representa a un total de 14 patronales autonómicas, con 150.000 plazas residenciales, 28.000 plazas en centros de día, 230.000 beneficiarios de ayuda a domicilio y 315.000 usuarios de teleasistencia.

198 euros al mes

La partida de 1.598 millones de euros consignada en los Presupuestos de 2010 para dependencia es "insuficiente", según la diputada popular, Lourdes Méndez. Apenas suponen 198 euros al mes por cada una de las 672.000 personas que tienen reconocido el derecho, cuando el coste medio mensual de una plaza en una residencia es de 1.800 euros. A

demás la subida en un punto del IVA reducido que se aplicará a partir de mayo al sector residencial tampoco ayudará a enderezar la situación. Los usuarios tendrán que desembolsar 70 millones de euros más, 105 euros al año para los dependientes, "la misma cantidad que van a recibir por la subida de sus pensiones", denuncia Echevarría, que cifra el coste para el sector en más de 210 millones de euros.

Es un diagnóstico que también comparte el grupo de expertos que ha evaluado la aplicación de la Ley. En el informe presentado en el Congreso de los Diputados el 21 de octubre se constatan, entre otros desvíos, la desigualdad en la cartera autonómica de servicios, el sesgo hacia la concesión de prestaciones económicas que la propia norma considera excepcionales y la falta de sostenibilidad financiera del nuevo sistema de protección social a largo plazo.

El Gobierno, en cambio, pide tiempo y presenta el millón de solicitudes presentadas como aval de la ley, si bien reconoce la necesidad de ajustes para asignar con más precisión el tipo de servicio que necesita el dependiente, si una plaza residencial, un centro de día o una ayuda domiciliaria.

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