Los dos piratas somalíes serán juzgados en España antes de su posible expulsión

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Dos presuntos piratas somalíes detenidos en España por participar en el ataque al atunero español 'Alakrana', secuestrado por piratas desde el 2 de octubre, serán rápidamente juzgados, antes de su posible expulsión a Somalia, informaron este lunes fuentes judiciales.

El juez madrileño Santiago Pedraz procesó formalmente a Abdu Willy y a Raageggesey Adji Haman por 36 delitos de detención ilegal, uno por cada tripulante del 'Alakrana', y de un delito de robo con violencia y uso de armas, y ordenó que sean juzgados por un tribunal de la Audiencia Nacional.

El tiempo récord en que se practicó la instrucción se debe a una solicitud de la fiscalía, que le pidió por escrito enviar a los dos presuntos piratas ante el tribunal "lo antes posible".

El procesamiento de estos somalíes, cuya liberación exigen los piratas que mantienen como rehenes a los 36 tripulantes del 'Alakrana', podría tener lugar en dos semanas, según fuentes judiciales citadas por medios españoles.

Las autoridades españolas han intentado en los últimos días buscar una solución jurídica que permita la rápida expulsión de estos dos presuntos piratas a Somalia, donde cumplirían su condena.

Los dos fueron detenidos en las costas de Somalia por un barco de guerra español, que participa en la operación antipiratería europea 'Atalanta', cuando abandonaban el 'Alakrana' a bordo de una pequeña embarcación.

El juez Pedraz finalmente no incluyó en su auto de procesamiento la acusación de "asociación ilícita" que también pesaba sobre los dos detenidos y que hubiera podido aumentar su condena.

Si fueran condenados a una pena inferior a los seis años de prisión, podrían ser expulsados hacia Somalia sin tener que cumplir su pena en España, como lo prevé la legislación española de extranjería.

La fiscalía ha excluido, no obstante, llegar a un acuerdo con la defensa y va a pedir penas de al menos 220 años de cárcel para cada uno de los piratas, informó a la AFP una fuente cercana al ministerio público.

En caso de que hubiera una dura condena, las únicas vías para que puedan ser expulsados a Somalia sería que el Gobierno les conceda un indulto, o, lo que parece más complicado, que el Ejecutivo negocie con las autoridades somalíes una acuerdo para que cumplan su condena en su país, según esta fuente.