González Pons: "Zapatero aplica la censura en Internet por detrás, de tapadillo y con disfraz"

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El Partido Popular acusó hoy al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de "reinventar la censura" con su propuesta de cortar el suministro a Internet a los ciudadanos y de impedir el acceso a determinadas páginas web, lo que supondría actuar "igual que ocurre en China". Por su parte, los usuarios han convocado una manifestación frente a Cultura.

El vicesecretario general de Comunicación del PP, Esteban González Pons, dio su apoyo a la "revolución contra el Gobierno" que a través de un manifiesto ha surgido en la Red tras conocerse que el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible abre la puerta a "recortar los derechos y las libertades públicas".

Ronda de reuniones

González Pons anunció que su partido iniciará la próxima semana una ronda de reuniones con expertos del sector para recoger sus demandas ante el "proceso de petrificación democrática cada vez más preocupante" iniciado desde el Gobierno.

A su juicio, el Ministerio de Cultura ha introducido "por detrás, de tapadillo y con disfraz" la posibilidad de cortar el acceso a Internet e incluso se aplicar una nueva modalidad del "secuestro de publicaciones" al impedir que se acceda a determinadas webs.

González Pons criticó especialmente que al frente de esa vigilancia se sitúe a la Sociedad General de Autores (SGAE), la cual puede convertirse en una "policía de Internet y del pensamiento" que acabe ordenando el cierre de páginas webs por mantener una posición ideológica contraria a los intereses del Gobierno.

Porteger los derechos de Internet

El dirigente popular reivindicó los derechos fundamentales de los ciudadanos, los cuales "valen igual en Internet que fuera de Internet" y criticó que el Gobierno esté dispuesto a proteger los derechos de autor "a costa del derecho a la intimidad, del derecho a la libertad de información y del derecho a la presunción de inocencia".

Asimismo, aseveró que los derechos de autor y la propiedad intelectual debe defenderse sin mermar derechos fundamentales, lo que le llevó a instar al Gobierno a tramitar esta reforma mediante ley orgánica, lo que obligaría al PSOE a pactar con el PP para sacarla adelante.

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