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La Comunidad destinará 24 millones de euros más a la Justicia Gratuita, dedicados a colegios de abogados y procuradores

4/01/2010 - 13:33

El Consejo de Gobierno aprobará este mes un decreto para limitar el acceso a este servicio

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La Comunidad de Madrid destinará 24 millones de euros más a la Justicia gratuita, de los que 21 irán a parar a colegios de abogados y 3 a procuradores, informaron a Europa Press fuentes de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior.

El importe total que el Ejecutivo autonómico destinará a esta materia será de 50 millones de euros, de los que 45 millones irán para el Colegio de abogados y 5 para el de procuradores. El vicepresidente y portavoz regional, Ignacio González, explicó tras el último Consejo de Gobierno de 2009 que a lo largo de ese año se recibieron 103.168 expedientes de Justicia gratuita en la región, lo que supone un 1,6 por ciento más que los tratados en el año anterior.

Un día después de conocerse este acuerdo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunció que el Consejo de Gobierno aprobará este mes de enero un decreto para modificar los procedimientos y criterios para el acceso a la Justicia Jurídica Gratuita con el fin de limitar su acceso a las personas que acrediten la insuficiencia de recursos.

También avanzó que solicitará una reunión de la Comisión Mixta de Transferencias para que se ponga remedio al actual abuso de este servicio, una materia que se confunde con el Turno de Oficio y que no estaba prevista en el marco de las competencias judiciales transferidas por el Gobierno central a la Comunidad de Madrid.

Aguirre subrayó que este órgano debe abordar esta cuestión y arbitrar una solución para las transferencias de Justicia, ya que el gasto en esta materia "se ha disparado de 0 a 50 millones de euros". "Es necesario una reforma para que Madrid deje de ser deudor de los abogados del Turno de Oficio", reseñó en alusión a la deuda que mantenía la Comunidad con el colectivo.

RAZONES JURÍDICAS

La decisión del Gobierno autonómico está basada, entre otras cosas, en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) del 22 de abril por la que se desestima un recurso contencioso interpuesto por el Colegio de Abogados de Madrid contra el acuerdo de la Comisión de Asistencia Jurídica gratuita del 28 de noviembre de 2008, que dejaba sin efecto los acuerdos de 19 de junio y 30 de octubre de 2003.

Aquel acuerdo mantenía que la tramitación de los expedientes de extranjería era la que marcaba la Ley, es decir, que había que acreditar la insuficiencia de recursos antes de acceder a la asistencia jurídica gratuita.

La sala entiende que los acuerdos adoptados en 2003 "eran contrarios" a la Ley 1/96 de Asistencia Jurídica gratuita, ya que además de conceder este servicio "a todos los extranjeros, sin análisis individualizado, salvo que se detectara la existencia de 'signos reveladores de la capacidad económica del solicitante', hacía de peor condición a los españoles y a los extranjeros residentes legalmente en España, a los que se comprobaría individualmente el cumplimiento de los requisitos exigidos".

También insiste en que esta situación es "un fraude procesal" que colapsa los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos de la región "en detrimento de los procesos deducidos por españoles y extranjeros reales, identificados y localizados, con un total despilfarro de los escasos y limitados fondos públicos".

"Vamos a ser todos sinceros: hablar de la defensa de los derechos de los extranjeros cuando nadie sabe si existen ni dónde pueden encontrarse, ni cuál es su situación, por lo que las decisiones jurisdiccionales, precedidas de un enorme coste personal y económico, terminan, una vez justificada su existencia ante el Colegio de Abogados, en el 'cesto de los papeles'", reza la sentencia.

Los jueces añaden que la Justicia española "no se encuentra, precisamente, en condiciones de despilfarrar la actuación de sus órganos jurisdiccionales en procesos sin actor y, por consiguiente, sin derecho alguno a tutelar".

SOLICITUD CORRECTAMENTE CUMPLIMENTADA

Fuentes del Gobierno regional explicaron que, de acuerdo con esta sentencia, la tramitación de los expedientes de justicia gratuita en los procedimientos de denegación de entrada en España deberá contar con una solicitud correctamente cumplimentada.

Especifican que en el caso de que la documentación sea insuficiente, se le informará personalmente al afectado de que tiene que presentar la certificación de organismo oficial de su país acreditativo de ingresos o de la no percepción de los mismos del solicitante y de la unidad familiar, pasaporte, libro de familia en su caso y declaración jurada de su situación laboral e ingresos en el plazo de 15 días.

En este caso, se le dejará claro que si no aporta los documentos en este tiempo el Colegio de Abogados archivará el expediente notificándolo a la Comisión. En el supuesto de que se presente la documentación acreditativa de la falta de recursos, al afectado se le asignará provisionalmente un letrado.

Para no perjudicar al extranjero, se propone la posibilidad de que pueda presentar recurso de alzada, "pero no se podrá actuar más allá del mismo sin la acreditación de que la Justicia gratuita está concedida".

Las mismas fuentes recuerdan que la resolución jurídica también "reconduce a la legalidad" todos los procesos, por lo que es aplicable a los procedimientos de asistencia jurídica gratuita que derivan de la incoación de expedientes de expulsión incoados a ciudadanos extranjeros, en los que se requerirá documentación a los mismos.

En estos procedimientos se exigirá una solicitud cumplimentada en su totalidad y correctamente firmada, además del pasaporte, el libro de familia, el certificado negativo de la Seguridad Social, certificado de la AEAT de no percibir ingresos, documentación económica de los miembros de la unidad familiar --que pueden estar en situación regular-- y declaración jurada de la situación laboral e ingresos.

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