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Tribunales.- Familia de las fallecidas al estrellarse un avión militar en Baeza ve de justicia las indemnizaciones

7/01/2010 - 14:40

La abogada de la familia de la mujer y su hija de nueve meses de edad que fallecieron en septiembre de 2005 al estrellarse un avión militar contra su casa de Baeza (Jaén) explicó hoy que, mientras que sus clientes siguen con el dolor por todo lo que pasó, el aumento establecido en las indemnizaciones es un paso más dentro de la justicia que se merecen.

BAEZA (JAÉN), 7 (EUROPA PRESS)

La abogada de la familia de la mujer y su hija de nueve meses de edad que fallecieron en septiembre de 2005 al estrellarse un avión militar contra su casa de Baeza (Jaén) explicó hoy que, mientras que sus clientes siguen con el dolor por todo lo que pasó, el aumento establecido en las indemnizaciones es un paso más dentro de la justicia que se merecen.

En declaraciones a Europa Press, esta letrada subrayó el carácter novedoso de la sentencia del Tribunal Supremo que recoge elevar en 120.535 euros la indemnización otorgada por el Consejo de Ministros al viudo, una cantidad "considerable", calificativo que también aplicó a la cuantía que igualmente aumentará para el resto de la familia por los intereses legales.

Además, la abogada destacó como novedad que una parte de los daños psicológicos fueron en su momento valorados por peritos de Defensa con unos test que están hechos para problemas militares, de tal forma que "todo está orientado" en el campo militar con el resultado de que no tenían mucha relación con las indemnizaciones que esta familia se merece.

Por ello, recalcó que el Supremo acoge el informe pericial de la psicóloga de la familia e incrementa la indemnización en esos más de 120.000 euros por los daños psicológicos derivados del siniestro basándose para este caso, que se escapa por sus características de los baremos establecidos, en un novedoso sistema de presunciones legales.

A todo esto se suma que el año pasado el Tribunal Supremo (TS) ordenó al Juzgado Togado Militar Territorial número 14 la reactivación del sumario en el que se investigaba la posible comisión de un delito por parte del piloto del avión C-101 del Ejército del Aire que se estrelló contra esta casa, causando la muerte de la citada mujer y su hija de nueve meses y la suya propia.

El alto tribunal consideró que el auto del Juzgado Togado que sobreseyó el caso en noviembre de 2007, declarando extinguida la responsabilidad por fallecimiento del autor, es nulo porque conculca diferentes derechos fundamentales de las partes personadas en este procedimiento.

INDEMNIZACIONES ESTABLECIDAS

En concreto, la sala tercera del Tribunal Supremo aceptó elevar en 120.535 euros la indemnización otorgada por el Consejo de Ministros al viudo y estableció que le corresponden 48.000 euros por una serie de bienes de carácter sentimental, que son "recuerdos de toda la vida" y efectos "de difícil cuantificación".

Además, el Supremo eleva en 80.000 euros la cifra de 16.424 euros que le concedió el Gobierno en concepto de secuelas y daños psicológicos, ya que considera que esta indemnización es "muy escasa", teniendo en cuenta "los estados de ansiedad, de depresión, de inadaptación, de trauma y de neurosis y psicopatía" que dictaminó una psicóloga en un informe aportado a la causa, como consecuencia de los acontecimientos sufridos por el recurrente.

El accidente tuvo lugar el 2 de septiembre de 2005, cuando una avioneta del Ejército del Aire que había despegado de la Academia General del Aire en San Javier (Murcia) para realizar una misión de entrenamiento se estrelló contra el domicilio familiar de Luis V.J., en el casco urbano de la localidad jiennense. En el siniestro murieron la esposa e hija del recurrente, cuyos restos no pudieron ser recuperados, y la vivienda sufrió importantes daños materiales.

El Gobierno, a propuesta del ministro de Defensa y mediante un acuerdo el 14 de septiembre de 2007, declaró la responsabilidad de la Administración del Estado y acordó indemnizar al viudo con la cantidad de 742.963,19 euros.

Sin embargo, Luis V.J recurrió ante el Tribunal Supremo, solicitando que su indemnización se elevara en 184.699,51, por secuelas y lesiones psicológicas (103.093,89 euros); tratamientos psicológicos (360 euros); por días de incapacidad (6.392,10 euros); por intereses (11.213,52 euros) y por daños morales producidos por la pérdida de objetos (63.640 euros).

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