Las veguerías, otro dislate del tripartito

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Todos los análisis coinciden en afirmar que el 'tripartito' es un zombi sin rumbo ni dirección, por lo que ni siquiera es seguro que consiga aguantar hasta las elecciones de noviembre (CiU y el PP preparan la consulta como si fuera a anticiparse a junio, por si acaso). Y Montilla, al parecer partidario de llegar al término de la legislatura, acaba de hacer un guiño a ERC al aprobar el proyecto de ley de Veguerías, que los republicanos impusieron en el pacto que sostiene a la coalición de gobierno catalana y venían reclamando con acritud destemplada desde hace tiempo.

El presidente de la Generalitat ha aprovechado la ley para resucitar también el área metropolitana de Barcelona, que CiU desmanteló a su llegada al poder en los ochenta ya que la consideraba un contrapoder fáctico que dificultaría la hegemonía de la Generalitat.

Si prospera este proyecto de ley, Cataluña quedaría dividida en siete "veguerías", territorios tradicionales anteriores a la guerra de Secesión. De hecho, Barcelona, Lérida y Tarragona se dividirían en dos y Gerona quedaría como está. La propuesta ha engendrado ya algunas protestas airadas, sobre todo de cargos institucionales del PSC.

¿Es o no constitucional?

La gran pregunta es si este cambio que altera la organización territorial interna de una comunidad autónoma es o no constitucional. En principio, no lo es. El artículo 141.1 de la Carta Magna dice que "la provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica".

Ahora bien: la reforma del Estatuto de Autonomía, que tiene rango de ley orgánica, incluye como entes institucionales de Cataluña las veguerías y las comarcas. En concreto el artículo 83.1 del nuevo Estatuto asegura que "Cataluña estructura su organización territorial básica en municipios y veguerías".

Sucede sin embargo que el Estatuto de Autonomía vigente, que lleva fecha de 19 de junio de 2006, está recurrido ante el Tribunal Constitucional, también en este aspecto. No se sabe, pues, si la propuesta de Montilla es constitucional o no.

Dejación de responsabilidad

El organismo que debe velar por la integridad del Estado de Derecho ha sido hasta ahora incapaz de tomar una determinación. Y a este paso, cualquier objeción a la literalidad y al espíritu del Estatuto será inútil por políticamente prescrita. No será posible volver atrás cuando estaremos en presencia de tantos hechos consumados.

En definitiva, la dejación de responsabilidad, la incapacidad y la impotencia del Tribunal Constitucional está amenazando gravísimamente la integridad de nuestro Estado de Derecho.

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