Tribunales.- La Comisión Ejecutiva de Mercasevilla decide mañana si recurre la sentencia de Ponce

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La empresa tendría que resolver entre la readmisión o la indemnización en el caso de no recurrir ante el TSJA

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)

La sociedad mixta Mercasevilla, participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, celebrará mañana una reunión de su Comisión Ejecutiva, sesión en la que se debatirá la reacción de la empresa ante la sentencia del Juzgado de lo Social número once que declara improcedente el despido Daniel Ponce, imputado por un supuesto intento de cobro de comisiones ilegales a dos empresarios del grupo La Raza. En concreto, Mercasevilla puede reincorporar al ex directivo, indemnizarle con 239.585,7 euros o recurrir el fallo.

La portavoz del Gobierno municipal de PSOE e IU-CA, Maribel Montaño (PSOE), informó en su última rueda de prensa de que sería mañana cuando la sociedad mixta celebre esta reunión de su Comisión Ejecutiva, sesión en cuyo orden del día habrá de figurar las medidas a adoptar ante la mencionada sentencia.

El fallo del Juzgado de lo Social número once, en concreto, declara improcedente el despido de Ponce y condena a la empresa a readmitirle en sus mismas condiciones laborales o idemnizarle con 239.585,7 euros y los salarios dejados de percibir, aunque es susceptible de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Hasta el momento, el consejero de Mercasevilla y concejal del PP Beltrán Pérez ya ha advertido de que la sentencia prueba que el despido de Ponce fue "impostado" y "pactado" como medida para contentar a la opinión pública asegurando la vinculación del ex directivo a la compañía, toda vez que el presidente del comité de empresa, Rafael Domínguez (CCOO), dijo a Europa Press que los sindicatos ya se opusieron a este despido durante la instrucción del expediente disciplinario, porque ya entonces quedaba claro que los hechos esgrimidos para romper la relación contractual estaban "caducados, prescritos".

LA SENTENCIA

El fallo, recogido por Europa Press, considera como hechos probados que Ponce realizó en 2007 y 2008 dos viajes a Vietnam con la asociación de mayoristas de pescado. En el primero de ellos recibió para el viaje 7.049 euros y devolvió 1.920,62 euros a la empresa tras haber anticipado 2.500 euros. En el segundo, recibió 4.367,67 euros y devolvió 1.392,46 euros, además de justificar gastos en comida, transportes y alojamiento por valor de 1.308,12 euros y entregar justificantes por el gasto de 560,80 euros en bebidas alcohólicas y masajes.

La sentencia reconoce, de hecho, que no se ha acreditado que Ponce justificase los gastos de su viaje a Vietnam en 2007, toda vez que entiende que los derechos fundamentales del demandante no se han visto vulnerados y no existió "acoso laboral en forma alguna".

De hecho, las causas alegadas por la empresa para su despido aludían a la falta de justificación de gastos de viaje, la entrega de 9.300 euros en concepto de beca a un "tercero ajeno a la empresa", concretamente Carmen V.M., y la participación en hechos "que podrían ser constitutivos de delito" con "ocultación", negligencia y "absoluta falta de control y desorganización" en la gestión empresarial, entre otros aspectos.

No obstante, en cuanto al acto de despido en sí, advierte el juzgado de que "ha de quedar acreditado la realidad y entidad de las faltas atribuidas al trabajador", aunque en este caso la ausencia de justificación de los gastos realizados en Vietnam habrían prescrito, según el contenido de la sentencia, que además advierte de que los hechos imputados por estos viajes "están debidamente contabilizados y hubiera bastado el mero cotejo para ver que las cuentas no cuadraban y para eso no hace falta una auditoría ni pericial económica alguna".

"TOLERANCIA" DE LA EMPRESA A LAS "IRREGULARIDADES"

Además, entiende la sentencia que aunque no estuvieran prescritos los hechos, se dio una "clara situación de tolerancia de la empresa ante el comportamiento del trabajador, que pese al enorme gasto sin justificar o con justificaciones claramente inadecuadas, no realiza ni un solo requerimiento para que se subsane la omisión".

De hecho, el juzgado admite las "irregularidades" en la justificación de los gastos, pero advierte del "concurso" de la propia empresa, que tenía a su "disposición" los justificantes de gastos del viaje de 2008 y "ni siquiera se molestó en requerir" los del viaje de 2007.

En cuanto a la entrega del dinero de la mencionada beca, se trataría de hechos "prescritos" y "no se acredita" suficientemente que Ponce ordenara el pago de esta partida, toda vez que en lo que al supuesto intento de cobro de comisiones ilegales, extremo investigado por el Juzgado de Instrucción número cinco con la propia imputación de Ponce, "no se considera suficientemente acreditado" que el demandante tomase parte en las conversaciones grabadas que sustentan el caso, si bien es "inexplicable" que la propia empresa no haya propuesto como pruebas otros recursos al margen de su declaración ante la Policía Nacional.