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Más de 400.000 onubenses pueden solicitar ya una vivienda a través de los registros para demandantes de VPO

23/02/2010 - 19:37

Un total de 51 ayuntamientos de la provincia onubense cuenta con la aprobación definitiva para constituir los Registros Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida. A través de estas bases, recogidas en la Ley de Derecho a la Vivienda, los municipios pueden comenzar a medir ya su demanda exacta de VPO, conociendo las necesidades reales de vivienda protegida y ajustando consecuentemente la oferta.

HUELVA, 23 (EUROPA PRESS)

Un total de 51 ayuntamientos de la provincia onubense cuenta con la aprobación definitiva para constituir los Registros Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida. A través de estas bases, recogidas en la Ley de Derecho a la Vivienda, los municipios pueden comenzar a medir ya su demanda exacta de VPO, conociendo las necesidades reales de vivienda protegida y ajustando consecuentemente la oferta.

Según informó la Junta de Andalucía en un nota, la suma total de estos municipios, entre los que se encuentra la capital, supone el 75,5 por ciento de la superficie de la provincia y permite alcanzar a 403.947 habitantes, el 79,5 por ciento de la población onubense.

Los registros constituyen el primer método con el que contará la comunidad para realizar una cuantificación real de la demanda de VPO, de forma que no sólo se logrará localizarla, sino además caracterizarla, es decir, permitirá realizar un diagnóstico "más ajustado" de las necesidades reales de la población, como conocer las necesidades especiales de vivienda de los diferentes colectivos, el tipo de viviendas, en qué régimen.

Esta labor facilitará a las administraciones "planificar mejor la política de vivienda protegida, ajustándola a las características de los demandantes en cada ámbito territorial".

En el nuevo sistema, el ciudadano deberá inscribirse y aportar una serie de información relacionada con sus ingresos económicos y con sus propias necesidades de vivienda, tales como el régimen de acceso al que opta, número de dormitorios de la casa en relación con su composición familiar o la necesidad de una vivienda adaptada.

Se trata de un primer trámite que "no tendrá que volver a realizar", puesto que esos datos quedarán ya recogidos para las diferentes adjudicaciones. Esa información aportada, que sí tendrá que actualizarse periódicamente; junto con los criterios de clasificación de los solicitantes establecidos por cada Ayuntamiento --antigüedad en el padrón, vinculación laboral o antigüedad en el registro, etc-- servirá para ordenar en función de sus necesidades a los solicitantes, que podrán saber en todo momento su situación en el registro.

Los 51 ayuntamientos que ya tienen la aprobación definitiva para la puesta en marcha de los registros suponen el 64,5 por ciento de los municipios de la provincia.

ORDEN DE AYUDAS

El pasado mes de diciembre entró en vigor la Orden de subvenciones a los ayuntamientos, entidades locales y organismos supramunicipales para la puesta en marcha de los registros. Está dotada con tres millones de euros de presupuesto y la cuantía máxima de las ayudas se ha establecido en función de la población de las localidades, aunque podrán alcanzar hasta los 30.000 euros.

El cálculo del coste de la implantación de estas bases de datos se ha efectuado gracias a las experiencias piloto llevadas a cabo en municipios de diferentes poblaciones y características a lo largo de los últimos meses.

Esas subvenciones se suman a la inversión realizada previamente por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio tanto para desarrollar la herramienta informática que gestionará la base de datos de los Registros, como para formar al personal municipal que la utilizará. Este programa informático permite cruzar datos de distintas Administraciones, como el Ministerio del Interior, Hacienda, el Catastro, para comprobar que el aspirante a tener una VPO cumple efectivamente los requisitos.

Además, posibilita la tramitación telemática de las solicitudes de inclusión en el registro y el envío de mensajes de texto a los ciudadanos indicándoles si tienen que renovar su inscripción --que tiene una validez de tres años prorrogables-- o si han resultado adjudicatarios de una vivienda protegida.

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