¿Cómo actuará el médico ante una menor que quiere abortar?

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La ministra de Igualdad, Bibiana Aído

El modo en que los médicos tendrán que actuar cuando una menor acuda a abortar, para decidir si se debe o no informar a los padres, es uno de los asuntos que aún no se ha concretado de la Ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, que entrará en vigor en junio.

La nueva Ley del Aborto, que fue aprobada ayer en el Senado por un margen de seis votos -132 a favor frente a 126 en contra- y que podría publicarse en el BOE mañana, incluirá en su desarrollo reglamentario gran parte de las 88 enmiendas presentadas en el debate aunque, en la votación de ayer, no fueran tenidas en cuenta, han informado a Efe fuentes del PSOE.

De hecho, aún quedan por perfilar varios temas que incorporarán las aportaciones de los distintos partidos, y que se tendrán que consensuar entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas, como titulares de las competencias de salud.

Pautas de actuación de los facultativos

Destaca, entre ellos, cómo se protocolizarán las pautas de actuación de los facultativos que traten a las menores que quieran abortar y que, según esta Ley, tienen la obligación de informar a los padres. Los médicos tendrán que dirimir cuándo no hacerlo, en el caso de que las chicas de 16 y 17 años aleguen riesgo de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones o malos tratos.

El siguiente aspecto, aún por desarrollar, son los contenidos que se utilizarán para informar a las mujeres de los riesgos y complicaciones de esta intervención, un documento que recibirán por escrito.

La nueva legislación respeta el derecho a la objeción de conciencia de los médicos, pero exige que se haga un listado en el que quedarán registrados aquellos que se nieguen a realizar esta práctica, otra cuestión que todavía no se ha pormenorizado.

Reconoce este derecho exclusivamente a aquellos facultativos que intervengan "directamente" en el aborto, dejando fuera al resto del equipo sanitario, un asunto controvertido que también se tendrá que estipular.

Educación sexual reglada

Tampoco se conoce cómo se impartirá la enseñanza sobre esta práctica en las universidades de Medicina y Enfermería del conjunto del país, así como los términos en que se incluirá la educación sexual reglada en los colegios, en qué cursos y con qué materias.

La mujer que aborte fuera de los casos permitidos por la ley no tendrá pena de prisión, sino que se le impondrá una multa económica, aunque todavía no se sabe cuál será su cuantía. La iniciativa tendrá que lidiar durante los próximos cuatro meses con las críticas de sus detractores, entre ellos, el principal partido de la oposición.

El PP ha informado de que este partido recurrirá la Ley en el mismo momento en que sea publicada en el BOE, por entender que es contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional, que, en una sentencia del 10 de abril de 1985, determina que los derechos de la mujer no pueden tener primacía absoluta sobre la vida del nasciturus.

Peligro para la madre

El TC se limitó a despenalizar el aborto en los supuestos de peligro para la salud de la madre, violación y malformación del feto, alegando además que el Estado tiene que garantizar la vida del no nacido como "bien jurídico". Aunque la Ley ha sido aplaudida por numerosas asociaciones feministas, los grupos pro-vida se manifestarán el 7 de marzo para exigir su derogación.

Derecho a Vivir presentará un recurso contencioso-administrativo contra la votación de ayer, por entender que no debió participar el senador socialista Roberto Lertxundi, que, según la organización, "también es presidente-fundador del mayor centro abortista del País Vasco".

Desde junio, será legal abortar en España hasta los tres meses y medio sin alegar causa, y hasta los cinco meses en caso de riesgo para la salud física o mental de la madre. A partir de la semana 23 de gestación, se podrá interrumpir el embarazo en el caso de que el feto sufra una malformación grave.

En estos últimos supuestos, sólo hará falta un único dictamen médico y las mujeres tendrán derecho a que esta prestación sea ofrecida gratuitamente por la Sanidad pública, que también financiará los anticonceptivos.

El nuevo texto, que modificará la legislación vigente desde 1985, considera el aborto como un "derecho" de las mujeres, lo que conllevará la consiguiente derogación de lo que hasta ahora era un delito en el Código Penal.

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