Ginecólogos asturianos piden que la ley proteja tanto el derecho de la usuaria como la objeción de conciencia

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Entienden que la ley es "más un tema social, ético y político que médico"

Entienden que la ley es "más un tema social, ético y político que médico"

OVIEDO, 25 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Asociación Ginecológica del Principado de Asturias (Agipa), Pedro de la Fuente, espera que la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, garantice tanto el derecho a interrumpir el embarazo de las usuarias, como el derecho a la objeción de conciencia de aquellos profesionales que así lo pidan.

En declaraciones a Europa Press, De la Fuente indicó que la Asociación no está en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, aunque prefiere no pronunciarse sobre la aprobación de la ley ya que entiende que su papel no es el de analizar matices políticos o interferir en procesos legislativos.

De hecho, sostiene que la ley es "más un tema social, ético y político que médico". "Antes de aprobarse esta ley ya se atendían las interrupciones voluntarias del embarazo", resaltó al tiempo que advirtió de que el hecho de que se convierta en una prestación asistencial generalizada en la sanidad pública dependerá de cómo se aborde el derecho a la objeción de conciencia de los facultativos.

De este modo, solo quiso matizar la necesidad de que "se respete la objeción de conciencia" y además se haga "de forma escrupulosa", insistió. "Los abortos se deben practicar dentro de la ley para ofrecer garantías tanto a las mujeres como a los profesionales, y al mismo tiempo proteger la libertad de decisión de los médicos", defendió.

"De lo contrario, se podrían dar situaciones, especialmente en centros pequeños, en los que un profesional se vea presionado para hacer o no hacer una interrupción del embarazo", argumentó.

El Pleno del Senado aprobó ayer de manera definitiva la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que será publicada en los próximos días en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que entrará en vigor a los cuatro meses de dicha publicación.