
Después de casi nueve meses de secuestro, se ha producido la gran noticia de la liberación de los cooperantes catalanes Albert Vilalta y Roque Pascual. Su puesta en libertad, sumada a la de Alícia Gámez el pasado mes de marzo, me llenan de alegría, por ellos, por sus familias y por sus compañeros de Barcelona Acció Solidària.
Por desgracia, este tipo de sucesos no siempre acaban bien. En los pocos meses que llevo como comisaria de Ayuda Humanitaria, he podido constatar hasta qué punto la labor de los trabajadores humanitarios es arriesgada. El pasado año murieron más trabajadores humanitarios que soldados de la ONU encargados del mantenimiento de la paz.
En una década, la cifra de hombres y mujeres que han perdido la vida prestando asistencia humanitaria se ha triplicado, pasando de 30 en 1999 a 200 en el 2009, y el número de secuestros ha aumentados de 20 a 92.
Hoy en día, la seguridad de los trabajadores humanitarios está más comprometida que nunca a causa de los cada vez más numerosos acosos, amenazas, secuestros y asesinatos. Recientemente, ocho trabajadores humanitarios extranjeros han sido brutalmente asesinados en Afganistán. En otro ataque a sangre fría de este año, seis trabajadores humanitarios fueron asesinados en Pakistán. Eran profesionales y no perdieron la vida por imprudencia. La terrible verdad es que los cooperantes se han convertido cada vez más en un objetivo deliberado.
Tradicionalmente, la protección de los trabajadores humanitarios dependía de su "aceptación" por parte de las partes beligerantes y de la estricta aplicación de los principios humanitarios de neutralidad, independencia y no discriminación. Pero esta aceptación está cada vez más cuestionada en los conflictos actuales.
En algunos casos, los trabajadores que prestan asistencia humanitaria se convierten en un objetivo puesto que se les considera testigos incómodos de las atrocidades cometidas contra los civiles, como ocurre en el este de la República Democrática del Congo. En otros, se les amenaza como parte de un programa político o ideológico, como en Afganistán. A veces, como vemos en el Sahel, el secuestro de cooperantes se ha convertido en un negocio rentable.
Sea como sea, todos estos actos no sólo golpean a la gente sino que erosionan nuestra confianza en los valores universales de humanidad y solidaridad, al margen de cualquier consideración religiosa, cultural, racial o política.
Los lugares más peligrosos para el personal humanitario, como es el caso de Agfanistán, Somalia o el Sudán, son a la vez los lugares donde son mayores las necesidades humanitarias. Y con la continua disminución de la seguridad, el pesonal de socorro se enfrenta a menudo a un dilema moral: ¿mantener una asistencia humanitaria vital para las víctimas o protegerse ellos mismos? Esta es solo una de las razones para admirar su compromiso y coraje.
Tenemos que actuar decididamente a nivel internacional para hacer cambiar las estadísticas de uno de los trabajos más peligrosos del mundo. Europa, como principal donante de ayuda humanitaria y como actor político de primera magnitud, tiene la intención de asumir de lleno su responsabilidad.
En setiembre, la UE presentará a la Asamblea General de las Nacions Unidas un proyecto de Resolución sobre la seguridad del personal humanitario y la protección del personal de las Naciones Unidas.
Vamos a negociar con todo el mundo para alzanzar el mayor nivel posible de adhesión colectiva a esta resolución de la ONU y para que sea eficaz sobre el terreno. Prestaremos más apoyo político, técnico y financiero a nuestros socios humanitarios (agencias de la ONU, Cruz Roja/Media Luna Roja, ONG) con el fin de mejorar su seguridad y protección.
Seguiremos haciendo todo lo posible para promover la aprobación de medidas preventivas, como la difusión del derecho humanitario internacional entre las partes en conflicto o la firma de protocolos de seguridad eficaces. Y cuando todo esto falle y se cometan delictos contra los trabajadores humanitarios, apoyaremos medidas punitivas.
Atacar al personal humanitario es un crimen de guerra según las convenciones internacionales. Por tanto, los actos delictivos contra el personal humanitario deben ser castigados como acto de justicia, pero también como claro instrumento disuasorio en la lucha contra la impunidad.
Cuando estamos celebrado la liberación de Roque Pascual y Albert Vilalta es un momento adecuado para rendir homenaje a todos los hombres y mujeres que, al igual que ellos, ponen su vida en peligro salvando a su vez las vidas de los que necesitan ayuda.
No podemos permitir que maten a trabajadores humanitarios porque, al matarlos, matan también nuestra fe y nuestra esperanza en la humanidad.
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