El Congreso debatirá si limita los beneficios a los expresidentes

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La portavoz nacional de UPyD, Rosa Díez.

El pleno del Congreso debatirá el próximo martes una iniciativa de UPyD con la que pretende establecer un "límite temporal" a los beneficios de los que disfrutan los expresidentes del Gobierno, entre los cuales figura su acceso a la categoría de miembros vitalicios del Consejo de Estado.

La proposición no de ley se discutirá y debatirá apenas una semana después de que el último expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero, se haya incorporado al Consejo de Estado.

Ya en julio de 2011, el PP y el PSOE impidieron que prosperara otra propuesta parlamentaria de UPyD para evitar que los expresidentes pudieran compatibilizar sus asignaciones públicas con otros ingresos procedentes de la empresa privada, como sucede en los casos de Felipe González y José María Aznar.

¿De qué cantidades hablamos?

En su nueva propuesta, UPyD recuerda que los presupuestos del año pasado preveían 238.010 euros para los expresidentes Adolfo Suárez, González y Aznar, a razón de unos 80.000 euros para cada uno de ellos; a este gasto ahora habrá que sumar el generado por el "estatus" reconocido a Zapatero.

Las prerrogativas a los que han sido jefes de Gobierno en España se establecieron en 1983 y primero consistían en una asignación de 15.000 euros anuales para gastos de oficina, atenciones sociales y alquileres de inmuebles, en principio por cuatro años.

Luego se prorrogaron con carácter vitalicio y se les reconoció el derecho a una pensión indemnizatoria; además, en 2008 se creó la categoría de consejero nato retribuido con carácter vitalicio para los expresidentes.

Sus retribuciones son compatibles con los ingresos que puedan obtener como consejeros o asesores de empresas privadas.

El año pasado, Felipe González, como consejero de Gas Natural, tuvo un sueldo de 126.000 euros anuales, mientras que José María Aznar cobró 171.000 euros como asesor de Endesa.

Retribuciones "claramente abusivas"

UPyD considera que "la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas descansa en el principio de transparencia en la gestión de fondos públicos" y aboga por evitar retribuciones públicas y privadas "susceptibles de ser consideradas como claramente abusivas", máxime en una situación de crisis y alta tasa de paro.

Su proposición no de ley insta al Gobierno a presentar en dos meses un proyecto que regule el estatuto de los expresidentes de manera que se establezca "un límite temporal a las prerrogativas concedidas al cesar del mismo" y también que fije un régimen de incompatibilidades entre retribuciones públicas y privadas.

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