El sentido de la incompatibilidad de ser juez y político, objeto de polémica

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El juez Baltasar Garzón. Foto: Archivo

La tarea de juzgar, que supone tener en la mano los derechos básicos de los ciudadanos, la libertad entre ellos, es extremadamente delicada, y ha de recaer en profesionales del Derecho sujetos a un riguroso régimen de incompatibilidades, bien controlados por las instituciones adecuadas -en España, el Consejo General del poder Judicial- y dedicados a esta misión por inclinación vocacional, sin otras contrapartidas que la satisfacción moral del trabajo bien hecho y un salario digno, suficiente y adecuado a tan elevada responsabilidad.

De ahí que muchos creamos que cuando un juez manifiesta vocación política y decide seguirla, debería colgar la toga para siempre (como los militares). En nuestro país, esta incompatibilidad ha sido siempre objeto de polémica, pero en general no ha estado en vigor.

El caso más sonado de un viaje de ida y vuelta a la política fue precisamente el del juez Garzón, en candelero estos días por los procesos que le fueron abiertos y que ya le han costado la inhabilitación (siempre tuvo mala fama como jurista y en su tarea de instructor). Como es conocido, Garzón, quien desde la Audiencia Nacional investigaba el GAL y otras historias de la guerra sucia, fue tentado en 1993 por Felipe González para pasar a la política, y fue efectivamente de número dos en las listas socialistas de Madrid al Congreso. Un año después, desairado porque no se le había promocionado debidamente, regresó a su juzgado e instruyó los sumarios del GAL. Nunca se sabrá si por despecho o por cualquier otra razón.

Otros jueces han ido a la política y han regresado a la judicatura con menos escándalo; entre ellos, Mariano Fernández Bermejo, ministro de Justicia con Zapatero, o Fernando Ledesma, ministro de Justicia con González y actualmente magistrado del Supremo? No necesariamente ha de haber conflictividad en este periplo, pero el ciudadano que se sienta en un banquillo y está a merced de un profesional de la judicatura, tiene derecho a que quien le juzgue sea un experto linealmente dedicado a ello.

Estas cautelas deberían extremarse incluso en lo tocante a la integridad del juez. Con el actual ordenamiento, el magistrado que cometa prevaricación o incurra en cohecho puede volver a vestir la toga cuando haya cumplido la pena correspondiente, y así está sucediendo. Una parte del pensamiento jurídico cree sin embargo que quien incurra en tales delitos no debería poseer de nuevo la potestad jurisdiccional. Aunque como escribió Francesco Carnelutti, "ningún hombre, si pensase en lo que es necesario para juzgar a otro hombre, aceptaría ser juez... Sólo la conciencia de su indignidad puede ayudar al juez a ser menos indigno".

El Espíritu de las leyes de Montesquieu propone el juez "invisible y nulo", es decir, todo lo contrario del juez cargado de notoriedad, del juez estrella. Esta cabal opinión no sólo descartaría a los jueces ávidos de publicidad sino también a los que busquen la notoriedad en la política?. En realidad, lo deseable sería que la ciudadanía en general no conociera el nombre de sus jueces, que habrían de ser personas discretas, con vocación cuasi sacerdotal, al servicio silencioso de la comunidad.

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