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Juzgan a un administrativo acusado de desfalcar 2,5 millones de euros de una cooperativa de Martos (Jaén)

14/04/2008 - 17:23

La Audiencia Provincial de Jaén acogió hoy la primera sesión de la vista oral en la que se juzga a un administrativo acusado de desfalcar 2,5 millones de euros de la cooperativa Domingo Solís de la localidad jiennense de Martos y para el que el ministerio público reclama que sea condenado a seis años de prisión por delitos de estafa y falsedad mientras que las acusaciones particulares elevan la pena privativa de libertad hasta los 15 años por considerarle responsable de delitos de estafa, falsedad y apropiación.

JAÉN, 14 (EUROPA PRESS)

La Audiencia Provincial de Jaén acogió hoy la primera sesión de la vista oral en la que se juzga a un administrativo acusado de desfalcar 2,5 millones de euros de la cooperativa Domingo Solís de la localidad jiennense de Martos y para el que el ministerio público reclama que sea condenado a seis años de prisión por delitos de estafa y falsedad mientras que las acusaciones particulares elevan la pena privativa de libertad hasta los 15 años por considerarle responsable de delitos de estafa, falsedad y apropiación.

En este caso, cuyo instrucción ha durado unos siete años, también hay otras cinco personas acusadas, en concreto, son cuatro miembros del consejo rector y un asesor externo implicados en el proceso por no haberse percatado antes de que el administrativo estaba estafando a la cooperativa. Para cada uno de ellos el fiscal pide en su escrito cuatro años de prisión y las acusaciones --están personadas tanto la cooperativa como CajaGranada-- doblan esa pena, con lo que reclaman ocho años.

En el juicio, el principal acusado, identificado como José Antonio L.C., explicó que trabajó durante unos 18 o 19 años como administrativo en la citada cooperativa hasta que en abril de 2001 acudió al juzgado número dos de Martos para confesar lo que había hecho porque quería "resarcirse". Así, reconoció haberse apropiado de unos 1,2 millones de euros porque era "dinero fácil" a través de la sección de crédito de la cooperativa, que expedía cheques nominativos para los socios que así lo solicitaban.

Esos cheques debían de tener como mínimo tres firmas --de dos miembros del consejo rector y la del administrativo-- para poder ser cobrados, unos talones que solían dejar firmados y que él después cumplimentaba y cobraba.

Además, declaró que los miembros del consejo rector no llevaban un control exhaustivo de las cuentas y también que, cuando se dio cuenta de que la gente podría sospechar de por qué tenía tanto dinero ya que, por ejemplo, llegó a tener 12 vehículos, dijo que le había tocado la lotería. El momento de autoinculparse llegó cuando, después de que se encargara por imperativo legal al ser publicada una nueva Ley que afectaba a las cooperativas, se descubrió que faltaba dinero, tras lo que optó por poner todo su patrimonio a disposición de la cooperativa.

En definitiva, el hombre admitió que ninguno los acusados del consejo rector tiene el conocimiento necesario para detectar su delito y también reconoció que puso dinero de la cooperativa en cuentas de su madre y de su hija sin que ellas lo supieran y que todavía no lo ha devuelto.

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