La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada, acoge el juicio oral contra el juez Francisco Javier de Urquía, el ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca y un tercero, Arnaud F.A., por una causa desglosada del 'caso Malaya'.
El tribunal que enjuiciará durante los tres próximos días a estos tres acusados será presidido por la magistrada Inmaculada Montalbán, después de que el presidente del TSJA, Augusto Méndez de Lugo, y el magistrado Jerónimo Garvín fueran recusados a propuesta de la Fiscalía.
El motivo de esta recusación radica en que ambos jueces pudieron tener acceso a algunas conversaciones telefónicas intervenidas judicialmente en relación con un segundo proceso que se sigue en el TSJA contra De Urquía.
Durante la jornada de hoy está prevista la declaración de los tres acusados por la mañana y nueve testigos por la tarde, mientras que el próximo martes tocará el turno a 20 testigos y el último día del juicio se practicarán las pruebas periciales, tendrá lugar la audición de las conversaciones telefónicas intervenidas en la investigación y declararán tres peritos.
Entre los testigos que prestarán declaración se encuentra el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella, Gonzalo Dívar, y el teniente fiscal de la Audiencia de Alicante, Juan Carlos López Coig, así como distintos abogados y funcionarios judiciales.
La Fiscalía pide tres años de cárcel, 19 de inhabilitación y 213.000 euros de multa para el juez De Urquía, suspendido de forma cautelar como titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella desde julio de 2007 y al que se le imputan los delitos de prevaricación judicial, cohecho y asesoramiento accidental o negociación prohibida a funcionario.
Para Roca y Arnaud, el Ministerio Público solicita la misma pena de prisión, 9 de suspensión de empleo o cargo público y 177.000 euros de multa como cooperadores necesarios del delito de asesoramiento accidental y por cohecho.
El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, mantiene que De Urquía favoreció voluntariamente a los intereses de Roca en relación con una denuncia presentada contra el dueño de una televisión local por un presunto delito contra la intimidad y el derecho a la imagen.
Además en los primeros meses de 2006 el magistrado decidió adquirir una vivienda y, de común acuerdo con Arnaud, se dirigieron al ex asesor urbanístico para que les ayudara en la compra, a lo que éste accedió "consciente de la importancia" futura de contar con la ayuda de un juez.
Haciéndose pasar por el abogado del comprador, Roca realizó las gestiones telefónicas necesarias para cerrar el precio real de la operación, para lo que confeccionó un contrato privado de compraventa de 360.000 euros, cuyo pago se haría en tres veces.
Conforme a esas negociaciones, según el fiscal, el comprador se comprometía al "pago en dinero B" y en el momento de la firma del contrato a otros 63.000 euros en metálico, por lo que el precio ascendía a 423.000.
El ex asesor urbanístico asumió el pago en metálico de esos 63.000 euros y 10.800 más, cuyos recibos, así como un sobre con 73.800 euros, se los hizo llegar al juez por mediación de Arnaud, asegura el Ministerio Público.
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