El juez del 'caso Mari Luz' rechaza responsabilidades disciplinarias

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El juez Rafael Tirado afirma que no tiene responsabilidad disciplinaria alguna en el llamado 'caso Mari Luz', pues la ejecución de una condena de cárcel contra Santiago del Valle (presunto asesino de la niña de Huelva) no era un asunto "preferente" y se retrasó por culpa de la secretaria de su juzgado.

Así lo afirma el titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla en el escrito de alegaciones enviado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solicitándole que desestime el recurso de la fiscalía contra la multa de 1.500 euros que el pasado 10 de septiembre le impuso la Comisión Disciplinaria del CGPJ por una "falta grave".

El fiscal pide una sanción por falta "muy grave", penada con una suspensión de hasta tres años, el traslado forzoso o incluso la separación de la carrera judicial. Tirado asegura que la fiscalía crea "de la nada" una falta muy grave "donde no existe responsabilidad disciplinaria alguna por parte del juez", pues cree que el asesinato de Mari Luz es "un hecho luctuoso que ninguna relación tiene con el asunto" que se sustancia.

Es decir, la no ejecución de la condena a dos años y nueve meses de cárcel contra Santiago del Valle por abusar sexualmente de su propia hija, dictada en noviembre de 2002 y confirmada por la Audiencia de Sevilla en diciembre de 2005. Durante más de dos años, el juez Tirado no ordenó ejecutar la condena, lo que justificó por la falta de personal y de medios materiales de su juzgado.

Mari Luz Cortés, de cinco años, desapareció el pasado 13 de enero cerca de su casa, cuando fue a comprar golosinas a un quiosco próximo. Su cadáver apareció el 7 de marzo flotando en la ría de Huelva. Dos semanas después, fue arrestado en Cuenca, como su presunto autor del crimen, el pederasta reincidente Santiago del Valle.

En su escrito al CGPJ, Tirado afirma que la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la condena correspondía por ley a la secretaria judicial Juana Gálvez, recientemente sancionada por el Ministerio de Justicia con dos años de suspensión de empleo y sueldo. En opinión de Tirado, los jueces no tienen "una función de control de los funcionarios que están comprometidos, por su propia función, con los actos concretos de ejecución de lo ordenado".