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La Audiencia de Asturias obliga a un banco a pagar 16.550,63 euros por la cláusula suelo

13/01/2017 - 13:33
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La sección sexta de la Audiencia Provincial de Asturias ha condenado al Banco Popular a devolver a un matrimonio la cuantía de 16.550,63 euros, por la cláusula suelo, incluyendo los intereses legales y las costas.

OVIEDO, 13 (EUROPA PRESS)

La sección sexta de la Audiencia Provincial de Asturias ha condenado al Banco Popular a devolver a un matrimonio la cuantía de 16.550,63 euros, por la cláusula suelo, incluyendo los intereses legales y las costas.

Aplica el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de su sentencia de 21 de Diciembre que obliga a los bancos y Cajas a devolver todo lo cobrado de forma abusiva. Contra la sentencia cabe interponer en el plazo de veinte días recurso extraordinario por infracción procesal y/o, casación.

El fallo destaca que el Derecho de la Unión Europea se dota así mismo de un mecanismo de integración a los efectos de conseguir una aplicación uniforme en los Estados Miembros, a través del monopolio en la interpretación del Derecho de la Unión Europea por parte del Tribunal de Justicia de la UE, en concreto por la vía de la cuestión prejudicial prevista en el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, (antiguo Art. 234 TCE), cuyas sentencias tienen valor 'erga omnes', y por tanto, son vinculante para los jueces españoles en su faceta de jueces comunitarios.

El presidente de la Unión de Consumidores de Asturias (UCE), Dacio Alonso, ha calificado esta sentencia de "magnifica" y se pregunta si éste resarcimiento total incluyendo los intereses legales, "lo van a ofrecer los Bancos y Cajas en España a partir del modelo que negocia o pastelea el Gobierno con las entidades bancarias atrapadas por la abusiva cláusula suelo".

Y también se pregunta si los ciudadanos pueden seguir confiando en "la bondad de unos bancos que engañaron una y otra vez a los clientes con cláusula suelo, y que va a depender de ellos resolver el problema que ellos mismos crearon".

"Es decir ¿que credibilidad y legitimidad tienen quienes defendieron los intereses de los bancos en contra del derecho comunitario y de los consumidores españoles, y ahora quieren estos mismos resolver el problema proponiendo un sistema que privilegia de nuevo a los bancos?", añade con críticas al Gobierno de España.

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