Debate en Bolivia por la llamada 'justicia comunitaria'

AFP | 19/11/2008 - 9:42
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El linchamiento de dos supuestos ladrones y la flagelación de otros nueve en una comarca de los Andes de Bolivia abrió una polémica sobre los excesos de la denominada 'justicia comunitaria' de los indígenas, incorporada a la nueva Constitución que será sometida a referendo en enero.

Los presuntos delincuentes fallecieron el lunes en la comarca de Achacachi tras ser torturados y quemados vivos por una turba que los sentenció a este brutal castigo, una forma de justicia por mano propia que ha dejado mal parado al sistema judicial boliviano.

Esta práctica, que se hace más frecuente en este país, ya se ha cobrado en 2008 la vida de al menos 17 personas, entre ellos tres policías, que murieron en la mayoría de los casos flagelados y quemados por la muchedumbre, acusados de delinquir.

"No es justicia comunitaria, si (en ella) están pensando los comunarios de Achacachi que han hecho justicia comunitaria, están equivocados", señaló el Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, quien consideró que, al contrario, "han cometido un delito que puede llamarse homicidio o asesinato".

Aunque dijo que la reacción de los comunarios tiene una causa: "la desprotección estatal, porque lamentablemente el Estado no otorga lo que se pide en diversas regiones, como seguridad, protección a la vida y a su propiedad".

El viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, reconoció que efectivamente hay un "abandono estatal" de un 60% de las comunidades más alejadas de los centros urbanos, pero abogó por la filosofía de la denominada justicia comunitaria, que está reconocida en la nueva Carta Magna que se votará en enero de 2009.

Dijo que en el texto constitucional se recoge el espíritu de este tipo de justicia ancestral que no contempla "la pena de muerte y daños a la integridad" y que al contrario es una forma "restaurativa, que busca reponer el agravio, el daño, más o menos asociado a lo que busca la justicia civil".

A su juicio, lo de justicia comunitaria "es un cliché" mal utilizado y que entendiendo los "usos y costumbres de los pueblos indígenas" se ha incorporado en la nueva Carta Magna bajo el nombre de "Jurisdicción indígena, originaria, campesina", un sistema de justicia que ha pervivido desde tiempos precoloniales.

Este criterio no es compartido por varios dirigentes políticos de la oposición, que acusan al gobierno del presidente del país, Evo Morales, de "haber liberado un demonio" incentivando desde el Ejecutivo "este tipo de acciones".

El senador opositor Luis Vásquez, de la agrupación Poder Democrático y Social (Podemos), liderado por el ex presidente conservador Jorge Quiroga, dijo que tras los linchamientos de Achacachi "está demostrado hasta qué punto se ha llegado a perder el sentido de Estado".

"Le pedimos al Gobierno que asuma su responsabilidad: ustedes han liberado a un demonio, tienen la obligación de controlarlo y reponerlo con base en la vigencia de la ley", opinó entrevistado por el diario La Prensa.

El Gobierno boliviano anunció una investigación para llegar al fondo de este hecho, "hasta dar con los autores intelectuales y materiales, porque no puede tomarse la justicia por la propia mano", según el viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra.

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