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AMP-Andalucía, "mejor región pagadora a proveedores", amplía su decreto de garantía a pyme turística y ayudas a vivienda

16/04/2018 - 15:02

La Junta de Andalucía se ha convertido en "la mejor comunidad pagadora a los proveedores de toda España", según ha asegurado la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, quien ha anunciado que en junio se ampliará el decreto andaluz de garantía de tiempos de pago a las pymes turísticas y a los beneficiarios de ayudas a la vivienda.

SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)

De esta forma, desde la entrada en vigor del decreto, las empresas han cobrado en una media de seis días "muy por debajo de los 20 días comprometidos", por lo que desde esa entrada en vigor no se ha activado la garantía que permita reclamar el pago ante entidades financieras.

Montero ha precisado que en los ámbitos de salud, educación y servicios sociales, a los que se les aplica actualmente dicho decreto, se han tramitado un millón de facturas y se han garantizado pagos por 4.318 millones, de los que el 52 por ciento correspondieron a proveedores del sector sanitario, el 27 por ciento de educación y el 22 por ciento de servicios sociales.

Estos pagos han llegado hasta la fecha a 192.000 proveedores y beneficiarios, de los que "el 87,5 por ciento ha correspondido a empresas y pymes, cooperativas, fundaciones y asociaciones, mientras que el siete por ciento a corporaciones locales y el cinco por ciento los beneficios de becas y ayudas directas".

La consejera ha presentado el balance del decreto andaluz que beneficia a proveedores de sanidad, educación y servicios sociales, "da seguridad a empresas y ciudadanos y revitaliza los servicios públicos".

Así, ha recordado que el Consejo de Gobierno aprobó en enero de 2017 el decreto de garantía de tiempos de pago, que entró en vigor el 20 de marzo de 2017, con lo que se cumple un año de una medida "innovadora" que reduce a 20 días naturales el tiempo máximo de pago en ámbitos prioritarios, por debajo de los 30 días que marca el Gobierno central.

Asimismo ha recordado que dicho decreto contemplaba la implantación de un "nuevo derecho que no existe en ninguna otra administración", a través de una garantía que, "en caso de retraso en el pago o que la administración no respondiera en tiempo y forma", permite a las empresas cobrar sus facturas directamente en una entidad bancaria catalogada.

"La idea era sencilla y muy intuitiva", ha explicado, "para reforzar los servicios públicos esenciales y proteger su entorno productivo", es decir, a las empresas que contratan con la Junta, y especialmente pymes, y sus trabajadores "pues tienen más dificultad para acceder al crédito".

Según ha expresado, el objetivo era que "no sufrieran retrasos las miles de nóminas que dependen de estos contratos de comedores escolares, conciertos sanitarios, empresas de limpieza o seguridad, residencias, personas que trabajan en teleasistencia o atención domiciliaria, o personas que reciben becas y ayudas, y que éstas se perciban a tiempo, y que los proveedores cobren sus facturas con agilidad".

De esta forma, la consejera ha explicado que desde la entrada en vigor del decreto, en marzo de 2017, las empresas han cobrado en una media de seis días, "muy por debajo de los 20 días comprometidos" y no se ha activado el derecho de garantía ante las entidades financieras por parte de ningún proveeedor "pues el mecanismo ha estado tan engrasado que no ha habido cuello de botella, al haberse efectuado la reordenación amplia de la tesorería, de nuevos circuitos y procedimientos internos, además de la simplificación de cuentas públicas acometida".

La consejera se ha referido al "efecto motor" de la garantía sobre el conjunto de los pagos de la Junta en todos los sectores "incluidos los que no estaba sujetos al mecanismo exprés del decreto", de manera que "todos los pagos han sufrido una mejora sustancial de los tiempos".

En este sentido ha recordado, que Andalucía "es la comunidad autónoma de régimen común que paga antes a todos sus proveedores, dos días antes de lo que marca la normativa de morosidad del Gobierno", mientras que en el sector sanitario, la Junta andaluza "paga 17 días antes y 36 días antes que la media de las comunidades autónomas".

La consejera ha anunciado de esta forma que "los últimos datos indican que hemos sobrepasado a Navarra y somos la comunidad mejor pagadora del Estado".

Ha apuntado que el dato de enero se sitúa en 1,97 días y se ha cerrado 2017 por debajo de la media, en concreto 14,8 días, de forma que "pagamos 21 días antes que Cataluña, 14 días antes que Comunidad de Madrid o 17 días antes que la Administración central".

"El 94 por ciento de todos los sector prioritario ha cobrado dentro de los 20 días y el resto en los días siguientes, y ese seis por ciento que no atendió el pago en 20 días no acudido a entidades financieras porque cuando monitorizamos algún retraso, nos poníamos en contacto con ellos, pues ha habido una gestión personalizada para aquellos casos en los que no ha habido respuesta inmediata", ha indicado Montero.

Montero ha anunciado que, a la vista de los resultados del decreto, para el mes de junio se ampliará el ámbito de aplicación del decreto para las pymes turísticas y beneficiarios de las ayudas a la vivienda, en el área del procedimiento que es de competencia de Hacienda. En el área de vivienda se podría cuantificar en 30 millones la cantidad beneficiada por la aplicación del decreto de garantía de tiempo de pago.

La consejera ha precisado que otros sectores que también han reclamado entrar en dicho decreto de garantía, como las empresas de la construcción, por el momento no entran en dicho decreto, pero se estudiará su inclusión en un futuro.

UN MILLÓN DE FACTURAS

De esta forma, en salud, educación y servicios sociales se han tramitado un millón de facturas y se han garantizado pagos por 4.318 millones. Casi dos tercios de pagos (57 por ciento) se destinaron a contratos vinculados a servicios asistenciales, conciertos y convenios, mantenimiento de instalaciones, electricidad, agua o combustible. El resto se destinó al abono de prestaciones, ayudas o subvenciones destinados a particulares, asociaciones y entidades locales.

El sector sanitario acaparó el mayor volumen de pagos, con 2.189 millones, de los cuales el 63 por ciento (1.379 millones) se destinó a farmacias para dispensar medicamentos; el 15 por ciento (335 millones) a la asistencia sanitaria (hemodiálisis, pruebas diganósticas, transporte sanitario), y el tres por ciento (70 millones) para suministros básicos atención primaria u hospitales.

El área de educación generó el mayor número de facturas, más de 800.000, por 1.156 millones. El 60 por ciento de pagos se destinó a la enseñanza concertada y el 20 por ciento al primer ciclo de Infantil.

Montero ha destacado en este ámbito "servicios para la conciliación", como comedores (32,5 millones) y aula matinal, actividad extraescolar y transporte, con facturas por 55,4 millones. Asimismo, la gratuidad de libros de texto (75,8 millones), y las becas al estudio (64,4 millones).

Respecto a los servicios sociales, con 972 millones facturados, el 88 por ciento se destinaron a prestaciones, ayudas y subvenciones para residencias, estancia diurna, ayuda a domicilio y respiro familiar.

Otros 60 millones sufragaron convenios y pagos a ayuntamientos para la atención a la dependencia, a la mujer o la población migrante, así como los servicios sociales comunitarios. Por su parte, para financiar la justicia gratuita y servicios de orientación se abonaron 42 millones.

Montero ha valorado la aplicación de la factura electrónica "que controla la trazabilidad y permite conocer en cada momento cómo se encuentran las facturas y la cola de las facturas que van entrando para que ninguna se demore por encima de un período de tiempo razonable".

La oficina 'on line' destinada a acreedores para conocer el estado de tramitación y pago de su factura ha recibido más de 9.000 visitas.

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