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La Junta aprueba ejercer su "derecho de tanteo" sobre las VPO de Santiponce subastadas al quebrar Prosuvisa

14/06/2018 - 16:21
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La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha aprobado finalmente ejercer su "derecho de tanteo" sobre las 58 viviendas protegidas promovidas en Santiponce (Sevilla) por la extinta sociedad municipal Prosuvisa, declarada en 2013 en concurso de acreedores, según fuentes de la Administración andaluza consultadas por Europa Press. Y es que merced a la liquidación de la citada sociedad municipal, estas VPO habían sido subastadas en favor de una empresa privada.

SANTIPONCE (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

Se trata de dos promociones de viviendas protegidas en régimen de alquiler ubicadas en las calles Natalio Muñoz y Mercedes Ortega Farfán de Santiponce, que suman 58 inmuebles entre ambas. Para la construcción de tales viviendas protegidas, la sociedad municipal Prosuvisa suscribió un préstamo de unos 1,5 millones de euros, con idea de ir amortizando paulatinamente dicha deuda, en parte con los alquileres aportados por los inquilinos.

Pero allá por 2013, las dificultades económicas de Prosuvisa motivaron un concurso de acreedores declarado como fortuito en 2015 por el Juzgado de lo Mercantil número uno de Sevilla, toda vez que también ese año fue aprobado el plan de liquidación de la citada sociedad municipal, al objeto de sufragar en todo lo posible las deudas arrastradas por la misma.

Y es que allá por 2017, Prosuvisa aún tendría unos 800.000 euros pendientes de pago por el citado préstamo, toda vez las rentas de alquiler pendientes de pago por parte de los inquilinos con la ya extinta sociedad municipal oscilarían los 350.000 euros por aquel año. No obstante, precisa Eva Querencio, una de las moradoras de estas VPO, que en 2013, al ser declarado el concurso de acreedores, las deudas de los inquilinos con Prosuvisa se reducían a unos 150.000 euros, constituyendo sólo "el 4,97 por ciento" del pasivo global que arrastraba la empresa municipal.

Lo cierto es que después de que la citada empresa municipal fuese declarada en concurso de acreedores, una subasta derivada de la liquidación de la misma se habría saldado con la adjudicación de las viviendas a la sociedad privada Japp Samarfa, reclamando los inquilinos que la Junta adquiriese estas VPO para que no acabasen en manos privadas.

La Junta supeditaba la operación a un informe encargado a sus servicios jurídicos para esclarecer "si es posible legalmente o no que se materialice la adquisición, al encontrarse las 58 viviendas sometidas a dos planes de viviendas diferentes, con marcos jurídicos distintos", toda vez que finalmente, la Administración ha aprobado su "derecho de tanteo" sobre los inmuebles.

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