El Refugio afirma que los ayuntamientos de Cádiz, Puerto Real y San Fernando conocían las irregularidades
CÁDIZ, 14 (EUROPA PRESS)
La organización proteccionista El Refugio anunció hoy en Cádiz que el número de imputados por el caso de la perrera de Puerto Real (Cádiz) asciende ya a ocho. Según dijo, el nuevo imputado es un trabajador de la perrera que recientemente declaró ante la juez que instruye el caso que en las instalaciones incineraban "entre 50 y 60 animales al día".
En un comunicado, el Refugio explicó que el nuevo imputado en el procedimiento abierto en el Juzgado número dos de Puerto Real era el encargado de incinerar a los animales, que se suma al dueño de la perrera, la directora, el veterinario titular, el antiguo veterinario y cuatro trabajadores. Todos ellos están acusados de los delitos de falsedad documental y denuncia falsa, así como delito continuado de maltrato de animales.
Asimismo, hizo mención a la declaración como testigo de un veterinario "de reconocido prestigio en Cádiz", que aseguró que el suministro de Mioflex se realizaba desde el año 1994 y también que "los ayuntamientos de Cádiz, Puerto Real y San Fernando, entre otros, estaban al corriente de las numerosas irregularidades que se cometían en la perrera puertorrealeña".
Además, significó que este veterinario realizó diferentes visitas a la perrera en la que pudo ver "animales hacinados, enfermos, con diarreas o sangrando o incluso uno con un hueso fuera. También pudo ver animales accidentados o moribundos y perros agonizando durante varios días".
El presidente de El Refugio, Nacho Paunero, recordó que se trata del primer procedimiento penal abierto contra una perrera en España después de que la organización proteccionista denunciara los supuestos procedimientos ilícitos ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona).
Paunero también recordó que están personados como acusación en esta causa e hizo un llamamiento para que las personas que hayan tenido algún incidente con la perrera se pongan en contacto a través del portal 'www.elrefugio.org'.
Finalmente, señaló que la perrera de Puerto Real recogía anualmente miles de perros y gatos de varios municipios de la provincia de Cádiz. Supuestamente los animales recogidos eran sacrificados con un paralizante muscular (Mioflex) que era inyectado indiscriminadamente ocasionando a los perros y gatos recogidos una muerte lenta y agónica por asfixia que en la mayoría de las ocasiones podía durar varios minutos, durante los cuales el perro o el gato esta absolutamente consciente hasta que muere asfixiado ya que afecta a los músculos respiratorios.
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