
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado que "jamás" se le hubiese "ocurrido" crear una unidad "parapolicial" dentro de la Comunidad de Madrid, de la que ha sido presidente ocho años, y que se si se hubiera encontrado un órgano así "lo hubiera disuelto".
Durante su intervención en el programa 59 segundos de TVE, el primer edil respondió a una veintena de preguntas sobre la presunta trama de investigación a cargos políticos como el vicepresidente regional, Ignacio González, y el vicealcalde de la capital, Manuel Cobo, en la misma línea en la que éste mismo se manifestó esta mañana.
"Yo no hubiera tenido necesidad de disolver una unidad así, porque en mis ocho años como presidente de la Comunidad de Madrid jamás se me hubiera ocurrido crear una unidad de esta naturaleza. Si me hubiera encontrado con una unidad como ésta por supuesto la habría disuelto", afirmó.
A continuación, exigió que se aclare quién ha realizado los seguimientos a Cobo y González, quién los ha ordenado, si se han pagado con fondos públicos y quién era el receptor de los informes resultantes del espionaje. "Si se hubiera investigado a estas personas con fondos públicos sería absolutamente ilegal", apostilló.
Sin embargo, evitó especular sobre quién puede ser la mano negra que mueve los hilos de los seguimientos. "Ante unos hechos de esta gravedad no se puede especular, sino tener certezas. En estos momentos hace falta conocer todos los hechos, que haya transparencia informativa, porque los datos que tenemos no son suficientes. Cuando tengamos respuesta a esas preguntas haremos juicios de valor", añadió.
Además, consideró "irresponsable" apuntar a posibles responsables como la Comunidad de Madrid en lo sucedido. "Nosotros demandamos que se cumplan las normas de garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos, y tan malo es que alguien haya hecho estas investigaciones como que nosotros suplantáramos a los jueces y extrajéramos conclusiones", zanjó.
"Lo tiene que decir la Justicia", repitió el alcalde en varias ocasiones, recordando que el Ayuntamiento ha puesto "en manos de la Fiscalía (del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, TSJM) la información" y ha pedido una investigación. Además, celebró que el propio Granados haya anunciado su comparecencia ante la Asamblea de Madrid porque "los ciudadanos tienen perfecto derecho a pedir un esclarecimiento total de estos hechos".
Por otra parte, el líder popular negó haber sabido la existencia de esta trama hasta su publicación en prensa el pasado lunes. "Jamás nadie me había dado cuenta de estos informes ni tenía noticia de los mismos", dijo rotundo, argumentando además que independientemente de que el objeto del espionaje haya sido Cobo o González, o incluso si lo fuera él mismo, "éste es un hecho gravísimo, fuera de los márgenes de la ley y que merece una investigación y una depuración de responsabilidades".
En este sentido, eludió pronunciarse sobre si sería necesario hacer una investigación interna en el seno de su partido ya que hasta la fecha no se sabe "quiénes son los autores materiales", por lo que este tema caería más, en su opinión, en "el terreno de la investigación penal, y no en el de la depuración de responsabilidades políticas". "Cuando esas personas estén acreditadas, entonces actuaremos", amenazó.
Asimismo, opinó que "lo grave no es el contenido o la información (extraída de esas investigaciones) sino que un cargo democráticamente elegido esté siendo investigado de manera ilegal". "No importa que el resultado de investigación carezca de cualquier contenido sustantivo que pueda ser usado en su contra, sino que a cualquiera, sin autorización de los jueces, se le siga o investigue", añadió.
Con respecto a la propia unidad de parapolicía creada supuestamente por Granados, el líder popular insistió en que "el monopolio de la investigación, de averiguar cualquier acontecimiento de la intimidad, corresponde a jueces y fiscales en un Estado de Derecho".
"Por mi experiencia y por mi vocación política conozco muy bien el funcionamiento y competencias de las comunidades autónomas, y la de Madrid no tiene competencias en materia de seguridad, así que no tiene que tener ningún tipo de cuerpo parapolicial que realice funciones ajenas a sus obligaciones con los ciudadanos", reclamó.
"La competencia de seguridad e inteligencia son de la Administración General del Estado y de los ayuntamientos, como colaboradores en materia de seguridad. Las comunidades autónomas no tienen competencia en seguridad", llegó a decir Gallardón.
"Los únicos con competencia (en esta materia) son los servicios de inteligencia y seguridad del Estado, el Gobierno de España. Ni siquiera los ayuntamientos, que colaboramos en la seguridad con el Gobierno podemos montar este tipo de investigación al margen de la ley, y mucho menos las comunidades autónomas, que no tienen competencia", afirmó.
Por último, el regidor capitalino consideró que este tema no guarda ninguna relación con la batalla abierta entre él y la presidenta autonómica, Esperanza Aguirre, por el control de Caja Madrid. "No hay que mezclar las diferencias entre administraciones y compañeros de partido con una vulneración gravísima de los derechos fundamentales, de una intervención que significa que no podemos estar tranquilos en un Estado de Derecho. Esto es más grave que una disputa de partido", consideró.
Asimismo, añadió que las declaraciones del vicesecretario general del PSOE, José Blanco, en esta línea fueron un "comentario frívolo" al intentar aprovechar la situación de manera partidista, y apuntó que la línea temporal no cuadra para explicar la trama, ya que el espionaje a Cobo tuvo lugar el pasado mes de abril, mientras que la lucha por la renovación de los órganos de Dirección de la caja no comenzó hasta después del verano, mientras que el espionaje a González fue en agosto y, por lo tanto, tras la reelección de Rajoy como presidente del PP.
Por último, Gallardón reconoció que no ha hablado con Aguirre de este asunto, aunque no lo consideró la "manifestación de una incomprensión" ya que "el diálogo existe" aunque ellos dos no sean los protagonistas del mismo. "Tenemos cauces de comunicación y cada asunto se trata a través de las personas adecuadas: Cobo ha hablado con Granados y González, y Rajoy con Aguirre".
"Creo que esto no es estrictamente un conflicto entre el Ayuntamiento y la Comunidad, sino un problema porque la información es gravísima. Si yo tuviera un discurso de reproche al Ejecutivo regional podría interpretarse como un conflicto, pero no es así", concluyó.

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