El IRPF de los 90 y los intereses castigan la economía actual del Barça

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Barcelona, 20 ago (EFE).- Después de abonar el pasado viernes 25,3 millones de euros a Hacienda, el Barcelona deberá de hacer frente a otro pago de 32,6 millones de euros, que también espera recibir el fisco, cantidades que castigarán la economía de la entidad.

Todo ello tiene su origen en las actas levantadas por Hacienda en relación al impuesto sobre la renta de los salarios de jugadores en dos periodos, del 1990 al 1993 y del 1996 y 1997.

Las cantidades adeudadas y los intereses que han generado en el tiempo de impago, después de años de recursos en los tribunales, han elevado la multa a 60 millones de euros, una cantidad idéntica a la que en su día generó la marcha de Figo del Barça al Madrid.

El club deberá desembolsar casi 60 millones de euros por un asunto que arrancó en 1990, bajo la presidencia de Josep Lluís Núñez. Entonces, los sueldos de la gran mayoría de jugadores del primer equipo se dividían en dos: el 50 por ciento, en concepto de rentas de trabajo, como un asalariado de cualquier empresa. Y el otro 50 por ciento se pagaba a través de la sociedad que gestionaba los derechos de imagen del jugador. En algunas ocasiones, dicha sociedad tenía la sede fuera de España.

La primera parte del sueldo del jugador tributaba el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) vigente en aquel momento, con un tope del 45 por ciento, por rendimientos del trabajo. La otra mitad quedaba sujeta a la tributación del rendimiento del capital mobiliario, con una carga impositiva mucho menor que el IRPF, entre el 20 y el 30 por ciento en algunos casos.

El club gestionó así el pago a sus jugadores desde 1990 a 1997. Sin embargo, Hacienda abrió una investigación al respecto, al considerar que el pago a través de una sociedad también debía constar como rendimientos del trabajo y, por lo tanto, tributar como IRPF.

Hasta el mes de diciembre de 1996, el Estado no legisló la gestión de los derechos de imagen. Así, la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, estipula que los deportistas sólo pueden recibir un 15 por ciento de sus ingresos totales a través de las sociedades que gestionan los derechos de imagen. El objetivo de los legisladores fue precisamente evitar el desvío a través de sociedades intermedias de la contribución fiscal correspondiente.

Hasta esa fecha, y aprovechando el vacío legal existente, el club interpretó que no cometía ninguna irregularidad al pagar una parte más elevada del salario a través de estas sociedades, al entender que ninguna ley lo prohibía. Hacienda interpretó, en cambio, que debía recibir más dinero en concepto de IRPF y abrió una serie de actas.

Al mismo tiempo que recurría dichas actas, en un proceso legal que habría de prolongarse durante casi 20 años, el Barcelona comenzó a provisionar en su cuenta de resultados un posible pago a Hacienda. La provisión, sin embargo, no supone una reserva de dinero específica para hacer frente a una posible sanción, sino una figura contable que permite cuadrar la cuenta de resultados.

"No es que se guarde un dinero en efectivo, sino que se incluye en los estados contables como una posibilidad que se puede afrontar con otros activos del club. Ese dinero puede estar invertido en patrimonio o en jugadores", explicó a EFE Joan Castells, vicepresidente de Economía del Barcelona durante la presidencia de Joan Gaspart, aunque dimitido poco antes del adiós del mandatario.

Así, el club ha ido arrastrando desde 1990 una carga que ha generado unos intereses mayores que la propia cuota a liquidar: entre 1990 y 1993, Hacienda reclama 11,21 millones de euros como cuota a liquidar por IRPF pendiente, mientras que 14'11 millones son en concepto de intereses. En total, 25,32, una cantidad que el club pagó el pasado viernes, en cumplimiento de una sentencia definitiva del Tribunal Supremo, con fecha de 11 de diciembre de 2008.

Aunque el Supremo aún no se ha pronunciado sobre las cantidades correspondientes a 1996 y 1997, el club asume que deberá abonar 32,6 millones de euros más: 24,74 en concepto de cuota y 7'93 en concepto de intereses.

La memoria anual del club así lo recoge: "Las discrepancias fundamentales entre la Hacienda Pública y el club se vuelven a centrar en el tratamiento fiscal de los contratos de cesión de los derechos de imagen de los deportistas profesionales: hasta junio de 1997, la inspección considera que se debe aplicar el mismo criterio que en los años 1990-93".

Desde la llegada a la presidencia de Joan Laporta, en junio de 2003, el club ha intentado solucionar el problema de las actas fiscales. "Cuando llegamos al club, nos encontramos dos grandes lastres: por un lado, la falta de liquidez inmediata, el problema más urgente. Y por el otro, las actas fiscales", sostiene una fuente de la entidad consultada por EFE.

La falta de liquidez se solucionó de manera relativamente rápida. Las actas fiscales, en cambio, siguieron su interminable camino de impugnaciones y recursos hasta llegar al Tribunal Supremo, que finalmente falló en contra del Barça.

Para hacer frente a este pago (no por esperado, menos gravoso), el club apelará al crédito sindicado, aunque de manera indirecta. Dicho crédito obligó al club a crear una cuenta inmovilizada en la que tenía que abonar 4,5 millones de euros mensuales. "Hemos logrado desbloquear esa cuenta, e indudablemente esa cantidad nos ayudará a hacer frente a este pago", explicó a EFE Joan Boix, vicepresidente de Economía del club.