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Crónica Pena de Muerte.- Al menos 1.200 personas fueron ejecutadas en 2007 sin incluir los ajusticiamientos secretos

14/04/2008 - 18:05

Amnistía Internacional denuncia que países como China, Mongolia o Vietnam en ocasiones aplican la pena de muerte en secreto ((Esta noticia está embargada hasta las 00.01 horas del martes 15 de abril de 2008))

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

En 2007 fueron ejecutadas al menos 1.200 personas en 24 países, pero la cifra es mucho mayor si se suman las ejecuciones llevadas a cabo en secreto por los Estados, como ocurre en China, Mongolia o Vietnam, según revela un informe publicado hoy por la organización de defensa de los Derechos Humanos Amnistía Internacional (AI) que señala que además hay unas 27.500 personas condenadas a muerte en el mundo.

Concretamente, el número de personas ejecutadas en 2007 asciende al menos a 1.252, y las que fueron condenadas, en 51 países distintos, son un total de 3.347. Las ejecuciones se incrementaron el año pasado en varios países, como es el caso de Irán (317 personas frente a las 177 ejecutadas en 2006), Arabia Saudí (143 frente a 39) y Pakistán (135 frente a 82).

El 80 por ciento de todas las ejecuciones de que tuvo noticia Amnistía Internacional se llevaron a cabo en cinco países: China, Irán, Arabia Saudí, Pakistán y Estados Unidos. Entre éstos, Arabia Saudí fue el país con mayor número de ejecuciones per cápita, seguido de Irán y Libia.

Pero lo que AI ve especialmente preocupante es que en varios países a veces se aplica la pena de muerte de forma secreta. En China, por ejemplo, --donde la organización contabilizó al menos 470 ejecuciones en 2007-- se considera la pena de muerte como un secreto de Estado. "Por tanto, sólo las autoridades chinas saben exactamente a cuántas personas se mató con la autorización del Estado", destaca AI en su informe.

Por este motivo, María del Pozo, responsable de campañas e investigación de AI en España, declaró que "es preciso poner fin al uso secreto de la pena de muerte, "levantar el velo de secretismo". En su opinión, dado que "muchos gobiernos afirman que las ejecuciones se llevan a cabo con el apoyo de la ciudadanía (...) ésta tiene derecho a saber lo que se hace en su nombre".

Por otro lado, Amnistía Internacional hace hincapié en su informe en que existen varios casos en los cuales las personas ejecutadas fueron condenadas "por cargos que normalmente no se consideran delitos o tras juicios injustos". En este sentido, explica en el informe los casos de cuatro hombres que murieron ejecutados --en Irán, Corea del Norte, Arabia Saudí y Estados Unidos-- en estas circunstancias.

Asimismo, AI denuncia que en Irán, Arabia Saudí y Yemen se realizaron ejecuciones por delitos cometidos por personas menores de 18 años, "lo que constituye una violación del Derecho internacional".

Sin embargo, el documento también destaca los aspectos positivos, como es que "la tendencia hacia la abolición de la pena de muerte a escala mundial" parezca "imparable".

Así, precisa que "135 países son abolicionistas en su legislación y en la práctica desde 1990" y recuerda que a finales de 2007 la Asamblea General de la ONU aprobó por 104 votos a favor, 54 en contra y 29 abstenciones una resolución sobre una suspensión mundial de las ejecuciones.

A juicio de María del Pozo, "el hecho de que la resolución se aprobará por tan clara mayoría revela que la abolición mundial de la pena de muerte es posible". "Quitar la vida a una persona con la autorización del Estado es uno de los actos más graves en que un gobierno puede incurrir", dijo, y por ello instó "a todos los gobiernos a cumplir los compromisos contraídos en la ONU y a abolir la pena de muerte de una vez por todas".

SITUACIÓN EN ESPAÑA

En cuanto a la postura de España respecto a la pena de muerte, AI asevera que ésta fue abolida en nuestro país en 1995. No obstante, indica que el Artículo 15 de la Constitución sigue haciendo mención a la misma: "(...) Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra".

En este contexto, la organización internacional precisa que la Ley Orgánica 11/1995, de 27 de noviembre, abolió la pena de muerte en tiempo de guerra, pero considera que esto no es suficiente y que "la Constitución española debería eliminar la mención a la pena de muerte e incluso prohibir expresamente la aplicación de la misma, como ya hizo Francia en febrero de 2007". Hoy más de 40 países prohíben expresamente la pena de muerte en sus constituciones.

Además, AI critica que España aún no haya ratificado el Protocolo número 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, adoptado por el Consejo de Europa en 2002, y que establece la abolición de la pena de muerte en cualquier circunstancia, incluidos los actos cometidos en tiempos de guerra o en peligro inminente de guerra.

ESPAÑOLES CONDENADOS A MUERTE

Actualmente hay dos ciudadanos españoles condenados a muerte en el mundo, concretamente en Estados Unidos y en Yemen. Uno de ellos es Pablo Ibar, de nacionalidad estadounidense y española, y que recibió su sentencia en 2000 en Estados Unidos, confirmada en 2006 "a pesar de no haber pruebas consistentes que le inculpasen y de que el Tribunal Supremo reconociese que hubo irregularidades en el juicio", según AI.

Ahora su nuevo abogado ha interpuesto un recurso para intentar que el juicio en el que fue condenado sea declarado nulo y vuelva a ser juzgado.

El otro español que fue sentenciado a muerte, en este caso en Yemen, es Nabil Manakli Kasaybati, de nacionalidad española y origen sirio. Fue detenido en 1997 y acusado de planear actos de sabotaje y asesinatos por un atentado con bomba ocurrido en Adén en julio de ese año. Su pena capital fue confirmada por el Tribunal Supremo en 2003 y el presidente yemení, Ali Abdullah Saleh, la ratificó. Manakli y otras 27 personas inculpadas fueron torturados para que confesasen y el tribunal admitió estas confesiones como prueba, según la ONG.

Pero el 19 de abril de 2006 el presidente yemení aceptó estudiar la petición española de que se conmute la condena a muerte de Manakli tras la visita a Yemen del ministro español de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos. Posteriormente, ambos países acordaron extraditarle a España, por lo que su caso está pendiente de que se haga efectivo el convenio alcanzado.

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