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Gobierno uruguayo considera inconstitucional amnistía a violadores de DDHH

AFP
17/02/2009 - 21:58

El Poder Ejecutivo uruguayo se pronunció este martes en favor de la inconstitucionalidad de la llamada Ley de Caducidad, que evitó juzgar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura (1973-1985), en un precedente histórico a 23 años de su aprobación.

La norma "viola flagrantemente el artículo 8 de la Constitución que expresa que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y compartimos todos los argumentos para calificarla de inconstitucional", subrayó a la AFP el vicepresidente uruguayo Rodolfo Nin Novoa.

Una nota remitida a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, acogió el planteo de excepción de inconstitucionalidad realizado por la Fiscalía, respecto de tres artículos de la ley aprobada en 1986 y ratificada en consulta popular en 1989.

La misiva se cursó en el marco de una acción judicial emprendida por la fiscal Mirtha Guianze, dirigida a habilitar la investigación de la muerte de la militante comunista Nibia Sabalsagaray en 1974 en una unidad militar.

Nin Novoa sostuvo que la Ley de Caducidad "tiene la particularidad de colocar al Poder Ejecutivo como dueño de la llave que habilita a que los delitos cometidos por militares y policías durante el régimen de facto sean juzgados, en la medida que entienda si están comprendidos o no" en la amnistía.

Empero, advirtió que la polémica ley "tiene otras connotaciones", como ser "una de las pocas leyes en el ordenamiento jurídico uruguayo que está ratificada por un plebiscito constitucional".

De su lado, el presidente Tabaré Vázquez, quien ha reiterado durante su mandato la decisión de mantener vigente la norma, aseveró el lunes en sesión de Consejo de Ministros, que "para este Poder Ejecutivo la Ley de Caducidad es inconstitucional".

La determinación se conoció en momentos en que organizaciones sociales y sindicales llevan recogidas unas 200.000 firmas para convocar un plebiscito que permita anular la norma.

Sin perjuicio del dictamen del Ejecutivo, la decisión final quedará en manos de los cinco ministros de la SCJ. La misma será comunicada al Parlamento, que como órgano soberano, no está obligado a acatar la determinación judicial.

Entre las disyuntivas a resolver se encuentra que la posición de Guianze se contrapone con la del Fiscal de Corte, Rafael Ubiría, quien sostiene que para sustanciar la excepción de inconstitucionalidad se requiere la presencia de una contraparte en el proceso, la cual no existe en la causa promovida por su colega.

El gobierno de Vázquez, primero de izquierda en la historia del país, excluyó varios casos de desaparecidos del amparo de la norma, permitiendo investigar lo sucedido.

En ese marco, hay nueve ex militares y policías procesados con prisión, así como los ex dictadores Gregorio Alvarez (1981-1985) y Juan María Bordaberry (1973-1976), y su ex canciller Juan Carlos Blanco.

fb/dk


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