El Congreso de Perú concede a sus ciudadanos licencia para arrestar

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A partir del próximo 1 de julio cualquier peruano podrá arrestar él mismo a un delincuente, siempre que lo encuentre en "flagrante delito" y que lo ponga de inmediato a disposición de la policía, según una norma aprobada por el Congreso de Perú.

La medida, conocida como "arresto ciudadano", modifica el artículo 260 del Código Procesal Penal y, aunque debía entrar en vigor a partir de 2013, el Congreso decidió adelantar su implantación ante los resultados obtenidos tras su aplicación experimental en algunas regiones del país.

El autor, descubierto y perseguido

El carácter de flagrante delito es definido así por la nueva norma: "Cuando el hecho punible es actual, y el autor es descubierto, perseguido y capturado inmediatamente". La única condición es que los ciudadanos deberán proceder a la entrega inmediata del arrestado, así como del cuerpo del delito, a la policía.

"Se entiende por entrega inmediata el tiempo que demanda dirigirse a la dependencia policial más cercana (...), en ningún caso el arresto autoriza a encerrar o mantener privada de su libertad en un lugar público o privado, hasta su entrega a la autoridad policial", precisa el artículo.

700 arrestos ciudadanos

La medida, que según el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Juan Carlos Eguren, ha arrojado importantes logros en las regiones donde ya se aplicó (hasta la fecha han sido registrados 700 arrestos ciudadanos), también ha recibido críticas desde distintos frentes.

El especialista del Instituto para la Seguridad Ciudadana, Gabriel Pardo, señaló a 'El Comercio' que esta medida puede volverse contra los propios ciudadanos, que pueden salir heridos en su intento de detener al delincuente.

"También es importante decir que esto puede usarse a favor de los delincuentes, porque si un ciudadano lo retiene por más tiempo o le causa alguna lesión, puede ser denunciado por secuestro o por atentar contra la integridad física", agregó Pardo.

Medida que expone a los ciudadanos

Por su parte, la abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL) Silvia Romero consideró que la medida aprobada por el Congreso expone a los ciudadanos y, "en cierta forma subroga, las facultades de la policía, que es la llamada a restablecer el orden y garantizar la seguridad".

"La figura del arresto ciudadano ha sido concebida para que toda persona pueda actuar en casos concretos, para evitar dejar impune un hecho, pero en ningún sentido para que las personas hagan las veces de fuerza conjunta con la policía ante la comisión de un delito", afirmó Romero en entrevista a El Comercio.

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