El asesinato del gobernador de Caquetá conmueve a Colombia

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El asesinato del gobernador de la provincia de Caquetá (al sur de Colombia), Luis Francisco Cuéllar, atribuido por el gobierno a las FARC, conmovió este miércoles a todo el país, en un momento en el que se esperaba la liberación de otros rehenes cautivos a manos de la guerrilla marxista.

Cuéllar, raptado junto a su residencia de Florencia, la capital de Caquetá, es velado este miércoles en esa ciudad y sus restos serán trasladados a Bogotá el jueves para su entierro.

El gobernador, elegido con el apoyo del Movimiento Social Indígena en octubre de 2007, había sido secuestrado cuatro veces antes de asumir su cargo como mandatario regional en Caquetá, una zona de fuerte presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Su secuestro y posterior asesinato es el más grave ocurrido en Colombia desde que el presidente Álvaro Uribe asumiera su cargo, en agosto de 2002, y ha levantado críticas a la política de seguridad de su gobierno.

Además, supone un jarro de agua fría en un momento en el que se esperaba la liberación unilateral de dos militares rehenes de las FARC, que había sido anunciada por esa guerrilla el pasado mes de abril.

Luis Eladio Pérez, ex rehén de las FARC y aspirante al Senado en las elecciones del próximo marzo, aseveró que "hubo un descuido en la protección que se le brindó al gobernador, teniendo en cuenta su cargo, que vivía en una zona como Caquetá y que tenía un cuadro de altísimo riesgo por sus anteriores secuestros". "También hubo un grado de irresponsabilidad del gobierno al haber anunciado un intento de rescate militar", agregó. Al conocerse la noticia del secuestro del gobernador, Uribe ordenó su rescate a las fuerzas militares, así como el de 24 militares y policías que las FARC mantiene cautivos.

Uribe confirmó la muerte de Cuéllar en la noche del martes y refirió que había sido degollado por los guerrilleros que sentían el hostigamiento militar, para evitar hacer disparos que pudieran señalar su ubicación.

Para el ex diputado provincial Óscar Tulio Lizcano, quien también fue rehén de las FARC, el asesinato del gobernador "es un campanazo" sobre la situación de inseguridad en Colombia. "Se necesita una reingeniería a la política de seguridad democrática", dijo Lizcano, al referirse a la estrategia del gobierno de Uribe, que ha privilegiado la acción militar frente a las guerrillas a lo largo de los últimos siete años.

En tanto, el Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, aseveró que "el secuestro y posterior asesinato del gobernador constituye una grave infracción a las normas protectoras del Derecho Internacional Humanitario, que tiene por propósito sustraer a la población civil de los rigores de la confrontación armada". "La muerte violenta del gobernador hace parte del plan de acciones violentas que acostumbran realizar las FARC en las épocas previas a los procesos electorales, como el (legislativo) de marzo próximo", señaló en un comunicado.

Para el analista León Valencia, de la Corporación Nuevo Arcoiris, que analiza el conflicto colombiano, este hecho muestra que las FARC "se están reactivando" y pidió desarrollar otras estrategias para combatirlas. "Es necesario avivar una política más integral en las zonas donde se está actuando militarmente. Hay que hacer mayores inversiones en el gasto social, porque en algunas regiones hay una situación económica que permite a la guerrilla ganar simpatías y reclutar nuevos miembros", dijo Valencia a la AFP.

Organizaciones internacionales y organismos no gubernamentales como la ONU (a través de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos), la Unión Europea y Amnistía Internacional (AI) condenaron el hecho y llamaron al gobierno de Uribe a llevar a los responsables ante la justicia.

El último rapto de un mandatario regional en Colombia ocurrió en abril de 2002, cuando las FARC tomaron como rehén al gobernador del departamento de Antioquia, Guillermo Gaviria, muerto durante un fallido rescate en 2003.

Este año se había producido el secuestro de dos concejales, uno en el departamento de Huila, en el suroeste, y otro en el de Guaviare, sureste, según la organización País Libre, que lleva las estadísticas del conflicto colombiano.