Perú: Indígenas indignados por respuesta de gobierno a ley que los beneficia

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Gremios indígenas y campesinos de Perú expresaron este jueves su indignación y rechazo ante la decisión del gobierno de observar y devolver al Congreso una ley de consulta previa a los pueblos indígenas.

Esa ley había sido aprobada por el pleno del parlamento en mayo y remitida luego al Ejecutivo para su promulgación por el presidente Alan García.

Sin embargo, el mandatario planteó observaciones y la devolvió esta semana al Legislativo para que sea modificada.

"Manifestamos nuestra indignación y rechazo frente a la decisión del Ejecutivo de observar la ley de consulta previa a los pueblos indígenas aprobada por el Congreso", señalan la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep), la Confederación Campesina del Perú y otros tres gremios.

Dichas organizaciones consideran que las observaciones "desconocen a los pueblos indígenas para mantener a toda costa los exagerados beneficios a las industrias extractivas".

El primer ministro Javier Velásquez dijo que la ley debe establecer con claridad que las comunidades indígenas no pueden tener derecho a veto frente a un acto del gobierno y anotó que, tal como está redactada, abre esa posibilidad.

Esa ley se basa en el Convenio 169 de la OIT que obliga a los Estados a consultar a los pueblos indígenas sobre temas que les conciernen, como el ingreso de empresas privadas a sus territorios para explotar minerales o hidrocarburos.

La aprobación de esa norma se logró luego que en junio de 2009 se produjeron protestas indígenas en rechazo a empresas extractivas autorizadas a ingresar a sus tierras y que desembocaron en choques en la ciudad nororiental de Bagua que dejaron 24 policías y 10 nativos muertos.

El gobierno señaló que defiende el concepto de consulta previa, pero indicó que debe darse preservando los intereses nacionales y no sólo el de un pequeño sector.

Los gremios respondieron que se pretende confundir a la opinión pública con el supuesto concepto de veto que no está recogido en la ley y aclararon que "el consentimiento que exigen los indígenas implica la búsqueda de consensos, sin imposiciones y las observaciones planteadas hacen inviable un acuerdo".

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