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La inteligencia financiera mexicana enfrenta sin recursos el lavado de dinero

AFP
11/06/2008 - 19:21

Los servicios de inteligencia financiera mexicana, encargada de detectar a los responsables del lavado de dinero en unos 46.169 reportes que recibió en 2007 y 2008, cuenta apenas con unos 70 expertos que se esfuerzan, con poco éxito, en golpear a las millonarias carteras de los narcotraficantes.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) formuló sólo unas 30 denuncias y 76 reportes ante la Procuraduría General de la República (PGR), en los 18 meses de administración del presidente mexicano, Felipe Calderón, quien desde su llegada al poder emprendió una guerra frontal contra el crimen organizado, según cifras del ministerio de Hacienda.

"El otro día lo decía la Unidad de Inteligencia Financiera: nos faltan mecanismos para analizar todos los reportes que nos llegan, no tenemos suficiente potencial, son tantas las operaciones inusuales" que es imposible resolver cada caso, dijo a AFP José Antonio Ortega, experto en prevención del fraude y lavado de dinero.

El despliegue militar con más de 36.000 soldados implementado en diciembre de 2006 contra el crimen organizado, contrasta con los recursos canalizados para enfrentar los delitos financieros.

Ninguno de los reportes y denuncias que la UIF presentó desde 2007 ante la PGR han concluido aún con una sentencia judicial.

"El tiempo que lleva a un proceso judicial de este tipo para alcanzar una sentencia puede pasar de dos años, ante lo cual los asuntos iniciados desde el 2007 no han alcanzado sentencia", indicó el ministerio de Hacienda.

La UIF cuenta con sólo unos 70 expertos, entre abogados, analistas y forenses, según datos del Gobierno mexicano publicados en el informe 'Control del Narcotráfico Internacional 2007', del Departamento de Estado de Estados Unidos.

El crimen organizado "no se ataca en las calles con el Ejército ni con las Fuerzas Armadas (...) la forma de hacerlo es atacar el financiamiento y la distribución de los recursos en las células organizadas", dijo el ex procurador fiscal Luis Mancera en octubre pasado. Tres meses después renunció a su cargo.

No hay estimaciones oficiales sobre lavado de dinero en México, pero reportes de la prensa mexicana indican que esta actividad asciende a unos 24.000 millones de dólares anuales.

Por su parte, el Departamento de Estado estima que desde 2003 han sido repatriados por traficantes de drogas 22.000 millones de dólares de Estados Unidos hacia México.

La UIF mantiente tratados de intercambio de información con España, Estados Unidos, Francia, Guatemala y Panamá y ha firmado memorandos para alcanzar acuerdos similares con 30 naciones más.

Ortega sostuvo que en México el lavado de dinero se puede palpar fácilmente, sólo hay que ver la proliferación de asociaciones religiosas que llevan cantidades millonarias a sus cuentas bancarias. "Alguien que está dedicado a actividades ilícitas, los utiliza como vehículo para empezar a meter dinero al sistema financiero", opinó.

Unas 26 casas de cambio que operaban regularmente fueron clausuradas recientemente, en la capital de Sinaloa (noroeste), territorio en el que opera el prófugo Joaquín 'Chapo' Guzmán, cabeza del cártel de Sinaloa.

Los grandes capos "reclutan gente que conoce perfectamente los sistemas financieros de los países, políglotas con maestrías y doctorados en finanzas, saben perfectamente como funciona la macroeconomía, la microeconomía de las naciones", añadió.

Las cifras oficiales del ministerio de Hacienda señalan que la UIF recibió 46.169 reportes de "operaciones inusuales" en lo que va de esta administración, relacionadas con transacciones financieras que pudieran estar vinculadas al blanqueo de dinero.

Además detectó 278 "operaciones preocupantes", de funcionarios y empleados bancarios involucrados en casos de lavado de dinero.

El lavado de dinero se castiga en México con sanciones de cinco a 10 años de cárcel y con multas de un equivalente de 5.000 hasta 25.250 dólares, pero aún en prisión los narcotraficantes siguen disponiendo de su dinero y propiedades, explica Jorge Romo, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales.

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