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Guatemala: presidente recurre a estado de excepción por conflicto social

AFP
23/06/2008 - 20:02

El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, decretó por segunda vez en los cinco meses que lleva en el poder el estado de excepción, ahora en un poblado que se opone a la instalación de una cementera, que ha causado opiniones divididas de grupos sociales.

Colom anunció la medida por los constantes disturbios de pobladores de varias comunidades en el municipio de San Juan Sacatepéquez (oeste), los cuales han causado muerte, detención ilegal de policías y el intento de volar con explosivos un puente que une a la población con la capital.

El fin de semana los disconformes, con gorros pasamontañas y portando armas de fuego, instalaron varios bloqueos en la carretera que las mismas fuerzas de seguridad no pudieron levantar para evitar una tragedia pues también hay pobladores armados que apoyan a la cementera.

Durante la jornada de protesta murió una persona en circunstancias aún no esclarecidas, pues se desconoce si apoyaba o rechazaba la construcción de la cementera, de capital guatemalteco, Cementos Progreso.

Con la decisión, que tiene una duración de 15 días, está totalmente prohibido portar armas de fuego en el poblado, excepto las fuerzas de seguridad, y realizar manifestaciones y reuniones públicas.

Unos 500 policías y militares fueron destacados a unos tres kilómetros del lugar en conflicto y están armados con gases lacrimógenos.

Esta es la segunda vez que Colom recurre a esta medida, después de que el pasado 7 de mayo decretara el estado de prevención para poner fin a una huelga de tres días de choferes del transporte pesado, cuyas pérdidas superaron los 1.000 millones de dólares.

La nueva medida ha dividido a sectores sociales, debido a que algunos la consideran represiva y que limita las garantías constitucionales, mientras que otros la apoyan al considerar que el conflicto tiene más de un año sin ser resuelto.

"Este es un conflicto social que ha sido mal manejado y no es con (el) estado de excepción, que vulnera las garantías constitucionales, como se va a resolver, sin antes agotar otras vías, como el diálogo", dijo a la AFP la analista de la Fundación Mirna Mack, Carmen Aída Ibarra.

Entre tanto, el director del ambientalista Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS), Yuri Melini, afirmó a la AFP que apoyan la decisión "porque existe un clima de ingobernabilidad y nadie tiene que actuar por encima de la ley".

Sin embargo, reconoció que el problema se ha intensificado por la poca información que ha difundido la planta cementera sobre el impacto ambiental que podría provocar.

El titular de la estatal Secretaría de la Paz, Orlando Blanco, coincidió con Melini al afirmar que se emitió la medida porque "ha existido una inadecuada atención del Estado para manejar esta situación".

Los pobladores que se oponen, unas 10 comunidades, argumentan que la cementera terminará con los mantos de agua que surten a la población y provocará daños a la naturaleza como la deforestación.

ec/af/jb

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