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Crónica UE.- Bruselas presenta una norma para combatir la discriminación fuera del lugar de trabajo

2/07/2008 - 16:27

El Ejecutivo comunitario propone una serie de medidas para impulsar la 'Agenda Social' de la UE

BRUSELAS, 2 (EUROPA PRESS)

La Comisión Europea propuso hoy una norma para garantizar la protección contra la discriminación fuera del lugar de trabajo por motivos de edad, discapacidad, orientación sexual y religión o convicciones. También presentó una directiva cuyo objetivo es reforzar los derechos de información y consulta de los trabajadores en el seno de los comités de empresa europeos.

Ambas medidas forman parte de un paquete de iniciativas denominado 'Agenda Social Renovada', que pretende ser una respuesta a las preocupaciones de los ciudadanos por el impacto de la globalización en sus puestos de trabajo. "Europa necesita una Agenda Social moderna, que responda al rápido cambio económico y social, y promueva las oportunidades, el acceso y la solidaridad para los ciudadanos de la UE", dijo el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso.

"El éxito económico aporta beneficios sociales y el paquete que propone la Comisión está concebido para garantizar que nadie se quede atrás y la prosperidad europea pueda ser compartida por todos", agregó.

La nueva directiva contra la discriminación pretende impedir situaciones como que se prohíba entrar a un bar a una persona ciega porque va acompañada de su perro guía, que una agencia inmobiliaria rechace alquilar un apartamento a una pareja homosexual o que se niegue el acceso a determinados servicios a partir de una edad.

Se trata de garantizar la igualdad de trato en los ámbitos de la protección social --incluidas la seguridad social y la asistencia sanitaria-- la educación y el acceso y suministro de bienes y servicios que se comercian, incluida la vivienda. Para ello, la directiva prohíbe la discriminación directa o indirecta, así como el acoso y la victimización.

Por lo que se refiere a las personas con discapacidad, la norma obliga a garantizar la accesibilidad. No obstante, el Ejecutivo comunitario subrayó que ello no tendrá un coste muy elevado para las empresas, porque sólo se requiere realizar "ajustes razonables" dependiendo del tamaño y los recursos de la organización, su naturaleza, el coste estimado, así como las ventajas potenciales de una mayor accesibilidad para las personas con discapacidad.

La directiva establece una serie de excepciones al principio de igualdad de trato. En este sentido, no afectará a prácticas generalmente aceptadas, tales como los descuentos para ciudadanos de la tercera edad (billetes de autobús, entradas a museos, etc.) o las restricciones de edad en el acceso a determinados productos (por ejemplo, el alcohol para los jóvenes) por motivos de salud pública.

También contempla una disposición específica sobre seguros y bancos que autoriza a estos últimos a tener en cuenta la edad y la discapacidad en la evaluación de riesgo, siempre que se basen en datos precisos y pertinentes.

Por lo que se refiere a la educación, los Estados miembros conservan la libertad de establecer diferencias en la admisión en los centros de carácter religioso. Además, la directiva no podrá utilizare para cuestionar el carácter laico del Estado y los países seguirán siendo soberanos para decidir si autorizan o limitan los símbolos religiosos en la escuela.

Con el fin de que las medidas propuestas resulten eficaces, los organismos nacionales de igualdad de oportunidades asesorarán a las personas que sufran algún tipo de discriminación y las organizaciones de la sociedad civil también podrán asistir a las víctimas en el marco de procedimientos judiciales y administrativos.

FLEXIBILIZAR EL FONDO DE AJUSTE A LA GLOBALIZACIÓN

La segunda propuesta legislativa incluida en el paquete de la 'Agenda Social Renovada' se refiere a los comités de empresa europeos. El comisario de Empleo y Asuntos Sociales, Vladimir Spidla dijo que en la actualidad estos comités "no juegan el rol que les corresponde y los trabajadores no son informados ni consultados de manera adecuada en caso de reestructuración". En la actualidad, estos comités funcionan en 820 grandes empresas presentes en varios países de la UE y representan a unos 14 millones de trabajadores.

El Ejecutivo comunitario pretende garantizar "la información y consulta adecuada de los representantes de los trabajadores sobre las decisiones que les afectan, permitiendo al mismo tiempo a las empresas adaptarse a la globalización".

Finalmente, la Comisión presentó un informe sobre el funcionamiento del Fondo de Ajuste a la Globalización, dotado con 500 millones de euros al año para ayudar a recolocar a los trabajadores afectados por deslocalizaciones. Hasta ahora, 7.250 trabajadores han encontrado trabajo gracias al fondo, según Spidla.

Sin embargo, en 2007 sólo se gastaron el 3% de los fondos disponibles. Por ello, el comisario de Empleo abogó por mejorar su funcionamiento "racionalizando los criterios" para la concesión de las ayudas. El Ejecutivo comunitario presentará propuestas legislativas en este sentido en octubre.

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