La nueva ley de Libre Acceso a la Información Pública, aprobada por el Congreso guatemalteco en la noche del martes, dará herramientas a la población para controlar las inversiones de los recursos públicos que realiza el gobierno y así combatir la corrupción, estimaron este miércoles sectores sociales.
Aunque ven como positiva la nueva legislación para combatir la corrupción, critican que su debate se llevara casi 10 años así como el lapso de 180 días que dejaron los congresistas para que entre en vigencia después de su publicación en el diario oficial.
"Es importante su aprobación, pero nos preocupa que se haya dado un mecanismo de retardo muy grande, porque nos parece como una receta para ocultar información", dijo a la AFP la analista de la organización Seguridad en Democracia, Iduvina Hernández.
Para Hernández, la ley debería cobrar vigencia lo antes posible para evitar cualquier suspicacia y demostrar el interés y voluntad de transparentar el gasto público.
Un total de 107 de los 158 diputados que integran el Congreso aprobaron la ley en medio de un clamor popular por la vigencia de la normativa, pues obliga a todas las entidades públicas, autónomas, descentralizadas y privadas que reciban fondos públicos a informar sobre su gestión y la administración de los recursos.
La población podrá solicitar datos como la cantidad del presupuesto asignado a una entidad y cómo se ejecuta, incluidos los salarios del personal y viáticos, y si los funcionarios se niegan a entregar la documentación, que será gratuita, podrán acudir a tribunales.
El personal que se oponga a entregar la información podrá ser sancionado con multas económicas o prisión que oscilará entre cinco y ocho años.
El ex candidato presidencial de la ex guerrilla guatemalteca, Miguel Sandoval, comentó a la AFP que la nueva herramienta "va a ayudar a fortalecer la transparencia y combatir directamente la corrupción. Es una ley que verdaderamente hacía falta", señaló.
Sin embargo, la ley fue aprobada por la presión de diferentes sectores y "en un contexto político salpicado por escándalos donde el mismo Congreso está involucrado", dijo el dirigente político en referencia a los 11 millones de dólares que el parlamento perdió de sus ahorros debido a una inversión ilegal en una bolsa de corretaje que se declaró en quiebra.
Armando Boesche, director ejecutivo de la cúpula empresarial, comentó que "lo principal (de la nueva ley) es que la ciudadanía esté informada de todo lo que está proponiendo el gobierno y también juegue un papel de auditoría en la medida que conozca todo lo que se está encaminado por parte del gobierno".
Para el empresario, la nueva herramienta dará "mucha garantía en el cumplimiento de las metas que se trace el gobierno, dará mucha transparencia y sobre todo se estará evitando la corrupción".
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