Una certificación al gobierno colombiano por parte de Naciones Unidas agravaría la "crisis" de derechos humanos en el país, donde 13.634 civiles fueron asesinados entre 2002 y 2007 por motivos políticos, advirtió este martes un colectivo de organizaciones no gubernamentales (ONG).
"Nada garantiza que tengamos un informe favorable a la sociedad colombiana. Hay probabilidades altas de que el gobierno pueda obtener una nota favorable en el Consejo de Derechos Humanos", dijo en rueda de prensa Alberto Yepes, portavoz del grupo que reúne a 1.200 ONG.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU examinará el 10 de diciembre en Ginebra la situación de esas garantías en Colombia, escenario de un conflicto armado que dura casi cinco décadas.
Con motivo del examen, la red de ONG entregó al organismo un reporte que denuncia una "violación sistemática" de los derechos humanos y las libertades ciudadanas bajo el gobierno del presidente Alvaro Uribe, que comenzó el 7 de agosto de 2002.
Yepes señaló que el vicepresidente Francisco Santos "ha realizado un cabildeo intenso en Europa de tiempo atrás" para defender la "política de seguridad democrática", una estrategia de mano fuerte contra las guerrillas izquierdistas.
"Una certificación al gobierno puede convertirse en una patente para continuar con lo que ha venido haciendo, e incluso para profundizar violaciones masivas de los derechos humanos, ocultando e invisibilizando de nuevo lo que por fortuna salió a flote", indicó.
Según las ONG, entre julio de 2002 y diciembre de 2007 fueron asesinadas al menos 13.634 personas "por fuera de combate a causa de la violencia sociopolítica".
De los 8.049 casos en que se estableció la presunta autoría, el 75,4% fue atribuido al Estado: por participación directa de sus agentes en 17,5% (1.411 víctimas) y por complicidad con paramilitares de ultraderecha en 57,8% (4.658). A las guerrillas se les imputaron 1.980 crímenes (24,5%), precisaron.
Asimismo, la red asegura que en el último lustro se constató un aumento del 67,7% en las ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la fuerza pública, contabilizándose 1.122 casos entre julio de 2002 y diciembre de 2007. Varias de las víctimas fueron presentadas como irregulares muertos en combate, sostuvo.
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