Continúa el acoso a Clarín: la nueva Ley de medios obliga a reducir el conglomerado

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La nueva ley argentina de regulación de la televisión y la radio aprobada hace un año ya ha entrado en vigor. La polémica norma obliga a los grandes grupos multimedia del país, entre ellos Clarín, a desprenderse de canales y radios, a pesar de que se han presentado cuatro recursos de amparo que ponen en suspenso la aplicación de parte de su articulado.

Entre ellos, el relacionado con las desinversiones: la ley establece que una empresa no puede tener más de diez licencias de radio y televisión, 14 menos que el límite legal anterior, medida rechazada por grupos multimedia, entre ellos Clarín, el mayor del país, que es blanco de ataques del Gobierno.

Distintos conglomerados mediáticos se verán obligados por esta ley a vender algunas de sus licencias. Un tercio de ellas quedarán en manos del sector privado, otro tercio en las del Estado, y en restante en las de las ONG, según recoge El País. Estas desinversiones deberían concretarse en el plazo de un año tras la entrada en vigor de la norma, que se produjo ayer.

Tanto Clarín como Supercanal (una operadora de televisión por cable), así como dos diputados y una asociación de consumidores, han presentado recursos de amparo ante la Corte Suprema, que erchazó uno de ellos. El objeto mismo de la ley, así como el plazo para cumplir con la desinversión, son algunas las principales reclamaciones de los afectados.

Con la respuesta a estos recursos en suspenso, la ley ha entrado en vigor al cumplirse un año de su aprobación, a través de su publicación en el Boletín Oficial de Argentina, y comenzará a aplicarse en su totalidad a falta de un veredicto que cargue contra su constitucionalidad, según la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Sin embargo, algunos de los artículos de la ley están suspendidos por ordenes judiciales, entre ellos el que fija un plazo de un año para que los grandes grupos multimedia se desprendan de radios y canales de televisión para adecuarse al nuevo cupo de licencias. Esta medida debería frenar la aplicación por parte de los tribunales, aunque el Gobierno asegure lo contrario.

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